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Editorial

Mitos y verdades de la ley que penaliza a las empresas

La Cámara de Diputados sancionó la ley que penaliza a las empresas que cometan hechos de corrupción. Fue una norma que costó lo suyo sacar. Nació el texto en la Oficina Anti Corrupción, se aprobó en la Cámara Baja en julio. De allí viajó al Senado donde se le practicaron varios recortes, sobre todo para evitar que la norma pudiese ser retroactiva y perjudicar a empresas que cometieron cohecho con funcionarios en la década pasada.

Esto generó ruidos en Diputados cuando la norma volvió, pero prefirieron aprobarla con los cambios antes que tuviera que volver al Senado si la volvían a retocar. Los ruidos, para poner blanco sobre negro, es que los senadores peronistas pretenden morigerar la situación de los funcionarios que fueron dejando todas las huellas en hechos de corrupción y los senadores que apoyan a Cambiemos quieren evitar que empresas ligadas al Gobierno se enfrenten a la Justicia, con la consiguiente repercusión pública, entre otras cuestiones. 

La nueva norma, para saber concretamente de qué estamos hablando, establece que “a partir de ahora” las personas jurídicas privadas -sociedades, fundaciones, asociaciones, cooperativas- estarán contempladas por delitos del Código Penal, que antes solo alcanzaba a las personas físicas, y podrán sufrir sanciones que van desde multas hasta la suspensión o liquidación de la empresa.

Lo cierto es que aun con cuestionamientos a las múltiples modificaciones que le hizo el Senado a la media sanción de Diputados de julio, por considerarse un texto más restrictivo o “blando” hacia las empresas, el resultado fue de 144 votos afirmativos, solo seis negativos y 31 abstenciones. Hoy ya es ley, en esta suerte de “mani pulite” a la brasilera que intentamos recorrer y donde por el momento falta la pata empresaria de los delitos cometidos.

Antes de continuar con el análisis de la norma, que no es más que una adecuación de las leyes que se han impuesto en el mundo en los últimos años, es importante que nos situemos en la problemática de las coimas. Como principio general, el cohecho tiene dos puntas: el que pide el soborno y el que lo paga. Y en el caso de la obra pública debemos agregar a la temática que se trata de una actividad monopolizada por el Estado, lo que implica que todos los que tengan empresas destinadas a este tipo de obras deben, necesariamente, acordar con el Gobierno de turno las condiciones para poder trabajar. Tampoco se ignora que los argentinos votamos funcionarios no empresarios, de modo que la responsabilidad de quien pide el soborno es claramente directa.

Pero en este juego, los empresarios no han sido víctimas inocentes, porque claramente se han “cartelizado” durante décadas para expoliar al Estado, previo pago de la coima, en eso no hay dudas. Esto supone además que una vez establecido entre las empresas precios abusivos para hacer las obras, después la competencia entre ellos llevaba al que podía pagar más a quedarse con el trabajo y los más pequeños quedaban irremediablemente afuera de las licitaciones amañadas.

Lo que vemos en la obra pública es, al fin, la corruptela que se vive en todos los nichos regulados por el Estado y la solución no es que, como dicen los “economistas libertarios” –hoy tan en boga corriendo por derecha a los liberales en todos los programas de TV- que prácticamente deba desaparecer sino que hay que transparentarlo y moralizarlo, como se ha logrado en líneas generales en otros países. Y para transparentar la cuestión hay que controlar a los funcionarios y advertir a los empresarios que también tendrán sanciones si se suman al negociado.

Pero la verdad es que esta norma y la moralización del Estado van a funcionar no porque aprobemos una ley solamente sino si logramos que la Justicia cumpla su rol, lo que no está sucediendo en la Argentina. Es más que visible que en nuestro país los jueces corren detrás de los gobiernos de turno. De modo que mientras un sector político tenga poder, no hay justicia a la cual recurrir para denunciar, siquiera, que se están pidiendo coimas, sencillamente porque nadie actúa y la empresa corría el riesgo de no volver a trabajar de su objeto social que es la obra pública, claramente.

De modo que veremos la suerte que corre esta norma, que votaron Cambiemos, el Frente Renovador, el peronismo no K del bloque Justicialista, Progresistas y fuerzas provinciales. Hubo rechazo de la izquierda y el Frente para la Victoria se abstuvo. La crítica que hizo la oposición K es que detrás está la intención del Gobierno de contar con la ley para ingresar a la Ocde, una organización cuya membresía requiere políticas públicas y regulaciones que van en contra de las mayorías populares, dijeron. La izquierda por su parte hizo hincapié en que al fin lo que el Gobierno busca es solo salvar las empresas amigas y por eso la ley no servirá para, por ejemplo, el caso Odebretch, donde creen que hay muchos empresarios ligados al macrismo incluidos.

 

De cualquier modo la ley ya ha sido aprobada y ojalá ayude a transparentar procesos de licitación pública en un país acosado por una corrupción enorme. Los cambios en la Justicia serán el próximo paso para volver a creer en una moralización cierta de la Argentina.