Más exigencias para circular en moto ¿y los controles?

Con las nuevas medidas que lanzó ayer el Gobierno porteño y que se extienden también al resto del país se plantea un endurecimiento en los controles sobre las motos que circulan, las que no se limitarán a una cuestión de ordenamiento vehicular sino a certificar otros aspectos. En efecto, en una acción conjunta con el Gobierno nacional, en 90 días los motociclistas estarán obligados a llevar la patente del rodado impresa o grabada en el casco, tanto del conductor como del acompañante, al tiempo que este último, además, deberá utilizar un chaleco reflectante con el dominio.

La iniciativa fue presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, entre otros funcionarios.

Aunque la batería de medidas apunta a un más riguroso control sobre la circulación de motocicletas, el fin último que se persigue no es de ordenamiento sino que atacar una de las modalidades delictivas que más cunden por estas horas: los motochorros y todo el crimen que los circunda, como el robo mismo de ciclomotores. 

En los últimos años crecieron los robos con motos, alcanzando el 60 por ciento de los delitos cometidos en algunas provincias. Lo vemos a diario en Pergamino: como las motos permiten una huida rápida y los inspectores de tránsito que deben vigilar la correcta circulación e identificación de los vehículos no tienen autorizado salir en su persecución, resulta muy difícil reconocer a los autores de delitos en este tipo de rodados.

Todo lo anunciado para regir de ahora en más a nivel nacional ya fue puesto en vigencia en nuestra provincia y Pergamino adhirió a esta reglamentación. Los resultados, huelga decir, fueron de pocos a nulos. Por ejemplo, uno de los modos de control que se va a establecer es que en todas las estaciones de servicios del país, el servicio de carga de combustible se va a tener que hacer con el casco. Además de suponer un traslado del control a manos de los playeros, sabemos de sobra que no resultó una medida exitosa. 

Esta nueva reforma no será de aplicación inmediata, ya que se prevé un plazo estimado de tres meses para que los conductores de motos se adecuen al nuevo sistema, así como “un período en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para que se registren quienes aún no tienen las patentes”, dijo Bullrich.

Una vez vigente, su incumplimiento será considerado como una falta grave a la Ley Nacional de Tránsito (hasta ahora era de alcance provincial y no todos los municipios la implementaban), por lo que la moto quedará inmediatamente retenida y, si el titular no la retira dentro de los 60 días, va a ser descontaminada y compactada. Esta última medida endurece claramente la situación de aquellos que serán encontrados en infracción, porque dentro de esos dos meses no solo hay que presentar todos los papeles del rodado sino pagar la multa, por alta que fuese, para poder recuperar la moto. Tal vez este aspecto resulte ser el más efectivo de todos, puesto que implica la salida de circulación de motos clandestinas y robadas, cortando un circuito delictivo. Es una iniciativa disuasiva, ya que el retorno al ruedo será posible solo para aquellos que cumplan, los que en realidad son propietarios de la moto, porque si el rodado es robado, se da por descontado que no la van a poder retirar, por más multa que paguen y tampoco será negociada como autoparte.

Todo este paquete de restricciones es imitación del implementado con éxito en Medellín, Colombia, donde el objetivo fue erradicar a los sicarios, que tenían como modalidad cumplir sus “encargues” de a dos, a bordo de una motocicleta. 

Pero aquí somos un poco escépticos de esta “importación” de modelo porque esta normativa rige en la provincia de Buenos Aires desde 2014, y los resultados están a la vista: los motochorros gozan de muy buena salud y las motos robadas son moneda corriente, al tiempo que transgreden todo tipo de normas de tránsito. Porque las leyes generan cambios no en sí mismos sino en la aplicación concreta, lo que requiera de mucho recurso humano y comprometido. Solo así se lograría lo que siempre se reclama en nuestra provincia y en todo el país: los controles efectivos, sostenidos y permanentes. Porque de lo contrario, las medidas en sí mismas no producirán, por el sólo efecto de su dictado. Y finalmente resultan “perjudicados” los que siempre van en el camino de la ley, que como está en su naturaleza ajustarse a derecho, compulsivamente cumplen con los dictados, incurriendo incluso en gastos no previstos e innecesarios como el gravado de cascos.

Dentro del cambio, se incluirá la posibilidad de que cada municipio decida la prohibición, o no, a los motociclistas de llevar un acompañante. Así, cada provincia tendrá la potestad de solicitarle a sus distritos la implementación de horarios y zonas donde esté prohibida la circulación de motos con más de una persona a bordo, además de tener casco, patente y un chaleco con el dominio.

La verdad es que todos aquellos vecinos que son los eternos cumplidores de las normas tendrán que adecuarse a estas medidas, hacer grabar los cascos con los números de patentes y afrontar nuevos gastos para poder circular. Mientras, como viene sucediendo con todas las normas de tránsito que ya están vigentes respecto de las motos, los que no las cumplen tampoco acatarán lo nuevo. Entre otras cosas porque, como somos “hijos del rigor”, saben sobradamente que el Estado no cuenta con los recursos para someter a ese cumplimiento mediante los controles. Estamos cansados de ver jóvenes sin casco en las motos, de patentes ni hablar y muchas veces con más de dos personas subidas al rodado. No cumplen las normas de tránsito y manejan de manera caótica sobre todo los fines de semana. 

Esta es la cuestión que es necesario plantear: ¿cómo lograr que los inspectores de tránsito hagan cumplir efectivamente las normas, antes de seguir incorporando nuevas obligaciones, cuando no se logran resultados con lo que ya es ley?

Quizá con otra preparación de los inspectores para realizar la tarea y una interconexión on line con la Policía, a fin de poder saber cuando se detiene un rodado, si tiene multas previas o si es robada, o si el conductor, además de infractor, tiene algún pedido de captura activo. Si no, multamos a un infractor pero se deja libre a un delincuente que estuvo en las propias narices de las autoridades. Esto, además de ser más estratégicos en los controles, permitiría tener más expectativas respecto de los resultados. Para eso hace falta no solo idoneidad de los que realizan la tarea sino también tecnología. Y viveza. Por ejemplo en Pergamino, donde abundan los espacios para estacionar motos en el Centro (por donde en algún momento del día pasan todos los habitantes de la ciudad para hacer sus trámites) sería interesante que se apuesten agentes, de modo de interceptar a los “flojos de papeles” en el momento en que dejan o retiran su rodado. Tan sencillo como eso: sin necesidad de retenes, persecuciones y con pocos agentes, se podrían detectar “de pechito” las motos fuera de la ley. Porque hasta ahora, los inspectores hacen sus operativos, mientras las motos los ven de lejos y doblan en la primera esquina para eludirlos, sabiendo que los controles no son constantes y que al rato van a poder a circular sin casco, sin papeles y sin cumplir ninguna norma. Y esto es lo que preocupa, somos una sociedad que nos resistimos a cumplir las normas en la línea gruesa y seguir acumulando obligaciones, de trazo fino, sin que los controles mejoren, no augura mejores resultados.