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Hemos planteado en otras oportunidades que el dinero que genera la droga ayuda a perforar instituciones, sean políticas, judiciales o policiales. Esto lo hemos visto en países donde hay gran actividad del narcotráfico, hasta ha sido llevado al cine en muchísimas oportunidades y novelado, como el caso de Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Necesariamente para el avance del negocio, se van tejiendo redes poco visibles al comienzo entre las bandas narcos y quienes detentan el poder en sus distintos estamentos.
Es de este modo en que el narcotráfico se asienta y crece en los distintos países del mundo, tanto como hayan logrado “comprar” a quienes deben combatirlos.
Por eso es tan preocupante que en la Argentina hayamos visto varios casos de policías muy comprometidos con la venta de drogas, siendo este uno de los eslabones más bajos de una escalera ascendente en cuanto a rango y poder. Si un agente está en el negocio, alguien por encima de él también lo está y así sucesivamente. Recordemos el caso del jefe de la policía de Santa Fe que resultó ser el “capo” de las bandas de narcotráfico de Rosario. Por ello no es fruto del azar ni la casualidad que esta ciudad sea un foco de distribución de drogas y enfrentamiento entre grupos de narcos.
Ahora la Justicia Federal de San Martín detuvo a cinco integrantes de la Policía Bonaerense presuntamente vinculados con una banda de narcotraficantes que operaba en la Villa La Cárcova, en José León Suárez.
Incluso en el grupo de detenidos hay un comisario mayor en actividad que hasta hace pocos meses se desempeñaba como titular de la Jefatura Departamental San Martín. No se trata, en estos casos, de policías rasos, también nos encontramos en la provincia de Buenos Aires con miembros de la fuerza de alto rango, como sucedió en Santa Fe.
Esto trajo como consecuencia que se estén realizando distintos allanamientos en varias dependencias de la Bonaerense por parte de los investigadores judiciales, por lo que no se descarta que se produzcan más detenciones de policías.
No se trata de una cuestión menor que los detenidos se desempeñaban en dependencias dedicadas a investigar el tráfico de drogas y en comisarías. En este escenario es lógico que haya un crecimiento libre e impune de la venta de drogas, cuando tienen el “territorio” comprado a través de la protección policial.
La investigación, a cargo de la jueza federal Alicia Vence y del fiscal federal Jorge Sica, comenzó en febrero pasado después de la detención de seis presuntos narcotraficantes que operaban en la villa La Cárcova con una modalidad similar a la que utilizan las organizaciones que actúan en Rosario.
En aquella oportunidad se secuestraron tres kilos de marihuana y un kilo de cocaína, droga que iba a ser vendida al menudeo. Durante los allanamientos también se encontraron armas, chalecos antibalas y 9.000 dólares falsos. En fin, el negocio tenía varias patas, venta de estupefaciente, divisas falsas, armas para defensa del grupo y algún robo.
El procedimiento, realizado el 20 de febrero pasado había sido ordenado por la jueza federal Vence, que encargó las tareas investigativas y los allanamientos a detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal.
La modalidad era venta de cocaína, marihuana y paco en pequeñas dosis, había dicho el día de los operativos el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Y si comparamos con la modalidad de Rosario, es cierto que el sistema operativo es el mismo: la venta en búnkeres distribuidos por toda la zona, especies de kiosquitos donde se podía comprar al menudeo.
El jefe de la banda es un tal Ceferino que manejaba toda la droga de La Cárcova. La investigación, no terminó con los seis presuntos narcotraficantes detenidos. Los funcionarios policiales y judiciales comenzaron a investigar a los titulares de las líneas telefónicas que aparecían en agendas de los celulares secuestrados a los narcos. Y allí (tal como sucedió con el jefe de la Policía rosarina) aparecen los uniformados implicados. Cuando en la pesquisa surgieron pistas sobre la presunta participación de la Policía Bonaerense se sumó a la investigación la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial.
Así se determinó que un grupo de uniformados de la Policía Bonaerense había armado una organización que se dedicaba a “cobrar por protección” a los narcotraficantes que operaban en la villa La Cárcova.
Con las pruebas aportadas por los investigadores, el fiscal Sica le solicitó a la jueza federal Vence los allanamientos a la comisaría de José León Suárez y la Delegación de Narcotráfico Noroeste de la Policía Bonaerense.
Los policías detenidos fueron acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a cobrarles dinero a los narcotraficantes para dejarlos vender droga. En las próximas horas serán indagados por la jueza Vence y el fiscal Sica.
Las penas serán seguramente severas para los implicados, pero lo preocupante es que esta modalidad de narcos protegidos por policías se va extendiendo por el país (también se produjeron en otro caso detenciones de policías en el norte).
Que tengamos estos casos de fuerzas de seguridad implicadas con los narcotraficantes y no se tomen medidas ejemplares, nos pone en la peor perspectiva.
