Editorial

Los argentinos deberíamos ser más exigentes en materia de honestidad


No es una novedad que en la Argentina se destinen dineros públicos a la campaña electoral de quien tiene el poder, sea nacional, provincial o municipal. Los presupuestos en estos casos comienzan a destinarse más a la labor proselitista, aun cuando se puedan hacer eventualmente obras necesarias, que a la planificación que el mandatario tenía para etapas “normales”.

Es que todo se trastoca en nuestro país cuando hay comicios y más aun cuando se pone en juego el Poder Ejecutivo en sus tres estamentos, estas son las elecciones “fuertes”, en las que los dirigentes se juegan el todo por el todo, el poder o el ostracismo. 

Y  en este estilo de hacer política partidaria con la plata de todos, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, el kirchnerismo aumentó generosamente sus gastos. En esta lógica de campaña, el Gobierno dispuso ampliar el presupuesto nacional en 26.060 millones de pesos, el mayor aumento en lo que va del año. Porque que el Frente para la Victoria se mantenga en el poder, en este caso con la figura de Daniel Scioli, no es poca cosa para el oficialismo.

El ritmo acelerado en la ejecución del gasto hacía prever que el Poder Ejecutivo reforzaría las partidas por falta de fondos. De hecho, a principios de este mes el promedio de ejecución rondaba ya el 70 por ciento; a la misma altura del año pasado, era del 58 por ciento. Pero el 2014 no fue un año electoral y eso explica las razones de estos incrementos más que cualquier motivo económico.

A este ritmo de gasto, todo indica que este último auxilio presupuestario de casi 30 mil millones no será suficiente para llegar a fin de año y que Cristina Kirchner dispondrá un nuevo y multimillonario aumento del gasto antes de abandonar el poder, el 10 de diciembre próximo. 

La cartera más beneficiada es la del ministro Carlos Tomada, Trabajo y Previsión. En efecto, en función a los aumentos en jubilaciones y pensiones que anunció la presidenta -que ordena la Ley de Movilidad Jubilatoria-, Tomada recibió un refuerzo de poco más de 17.080 millones de pesos. La mayor parte de este monto fue destinado a atender los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, 13.198 millones y otros  1.513 millones para “Acciones de Capacitación Laboral”. Asimismo, se asignaron 270 millones para asignaciones familiares; 100 millones para la pensiones de excombatientes y 2.000 millones para el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar).

En la asignación de recursos, el Ministerio de Planificación recibió 3.481 millones  de pesos, de ellos, 500 millones se destinan al programa “Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social”; 900 millones, a “Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva” y 1.000 millones, a “Acciones Hídricas y Viales Norte Grande”.

También hubo mayores partidas para subsidios. En efecto, el programa “Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor” recibió un auxilio de 500 millones, mientras que los subsidios a los ferrocarriles se reforzaron en 700 millones.

El Gobierno también dispuso aumentos presupuestarios para las tareas de inteligencia. La Procuración General, a cargo de la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, recibió 81,1 millones de pesos para incorporar los cargos y financiamiento para la flamante Dirección de Observaciones Judiciales (encargada de realizar las escuchas telefónicas) y sus delegaciones. Un dato llamativo: además del refuerzo en recursos, en el mismo decreto el Gobierno autorizó la incorporación de 252 cargos en la Procuración General. Entre otros ministerios y reparticiones, ya que a todas les tocó parte del aumento.

Obviamente que crecerá el déficit fiscal agravando la situación de las arcas del Estado pero, ese problema, piensan los K, es para el nuevo Gobierno.

Esta cuestión de financiar en parte la política con los dineros públicos es ilegal, inadecuada e indecorosa, porque esos fondos son de los ciudadanos, no de los partidos o frentes políticos que se presentan.

Y así es cómo se producen grandes desigualdades entre quienes tienen a su cargo el Poder Ejecutivo y quienes no lo tienen. Si repasamos las Paso no hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta cuánto gastó Scioli, cuánto gastó Mauricio Macri y cuánto los que no tienen presupuestos estatales.

Precisamente, la Justicia Nacional Electoral difundió la mayor parte de los informes de financiamiento de las alianzas que compitieron en las Paso.
De esta manera se pudo saber que al presidenciable del Frente para la Victoria, Scioli  cada uno de los 8.424.749 votos que obtuvo en las primarias del 9 de agosto le costó 4,6 pesos. Al frente de Cambiemos, que llevaba como candidatos a Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz, cada sufragio (de los 6.595.914) le salió más caro: 5,5 pesos. 
Con la ausencia de los documentos de UNA, que consagró como postulante a Sergio Massa, también fueron publicados los balances de Progresistas de Margarita Stolbizer y Compromiso Federal de Adolfo Rodríguez Saá. 
El informe es de 56 páginas, da cuenta de que el Frente para a Victoria declaró ingresos por 39.892.111 pesos y egresos de 39.921.296 (la mayor parte destinada a la propaganda), por lo que la campaña del actual  gobernador bonaerense arrojó un déficit de 29.185 pesos. 
Entre el dinero que ingresó, el sciolismo declaró “aportes públicos” por 13.874.051 (9 millones “extraordinarios” y otros 4 para la impresión de las boletas). El resto fueron contribuciones privadas por un total de 26.018.060 de pesos. 
Cambiemos declaró ingresos por 35.802.269  de pesos y gastó más de lo recaudó, 36.703.444, lo que dejó un rojo de poco más de 900 mil pesos. Como el oficialismo, la mayor parte del dinero se fue en publicidad: 20.929.149, con la mitad volcada a Internet. Macri sumó 753 aportantes privados que pusieron 22.060.500 de pesos. 
Más austeros, Carrió juntó 162.900 y Sanz 390.500. Por su parte, Progresistas declaró que gastó lo que recaudó: 10.694.593 pesos. Por lo que cada sufragio que sacó Stolbizer en las primarias costó 13,9 pesos. Según el informe, no recibieron aportes privados sino que costearon la campaña con aportes públicos y transferencias de otros organismos. 
Rodríguez Saá fue el único que consiguió un superávit. Declaró haber gastado 6.995.915 pesos ( 15 por sufragio) con ingresos por 9.807.415. Por lo que le sobraron 2,8 millones de pesos para las generales.

Cuando se habla de “aportes privados” debiera haber más transparencia porque es necesario saber si el que pone los fondos es o aspira a ser contratista del Estado o bien se disfrazan partidas del Gobierno (sea nacional, provincial o municipal) y se ponen en la campaña.

Lo cierto es que se hace muy difícil reclamar, después, transparencia a una gestión cuando ya desde la campaña se empiezan a ver estos manejos poco claro de dinero. Los argentinos deberíamos ser más exigentes con nuestra clase política en términos de honestidad, una virtud que no parece tener muchos adeptos entre la dirigencia.


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