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El tema del momento son las reformas que pretende aplicar el Gobierno, como parte de un blanqueo de la realidad argentina, situaciones irregulares que se han perpetuado por años hasta un punto de naturalización y que nos alejan cada vez de lo deseable, tanto para cada ciudadano como para el país todo, habida cuenta de que las condiciones en que aquí son admitidas o toleradas, no son aceptadas en el resto del mundo, dejándonos afuera de los mercados y de la legítima competencia comercial. Ya hemos probado el crecimiento a tasas chinas empujado por las ventajas comparativas naturales y del momento (boom sojero), pero dilapidando el dinero sin apuntar a una base de crecimiento que nos sostenga, como sucedió en la década pasada. Ahora la propuesta es otra: buscar crecimiento haya o no vientos de cola, sobre la base de cambios que favorezcan recrear un clima de negocios, de ventajas competitivas, con más empleo privado, lo que redundara en el achique del déficit de las cuentas públicas y un mayor equilibrio de la balanza comercial.
El problema es que en el plano de las reformas que se hacen necesarias para encaminar lo que hoy claramente está mal y es perjudicial, se tocarían cuestiones que, por peso de la historia, se consideran derechos adquiridos. Y lo son, pero sucesivos parches han derivado en deformaciones que más temprano que tarde y aunque no lo parezca, van en contra de esos mismos derechos consagrados. Además, cualquier modificación de un status quo genera reticencias, naturales ellas pero también vinculadas a la pérdida de negocios construidos en torno a estas desviaciones de las que hablamos. Nos referimos a la litigiosidad laboral, en un primer plano, y a la situación previsional, dos ámbitos donde cada cambio que se planea encarar tendrá implicancias directas en trabajadores y pasivos y habrá que ver el tenor con el que el Parlamento los toma y si accede a las propuestas del oficialismo.
Si bien no es la única razón, una parte importante del desincentivo para generar empleo es producto de la alta judicialización de asuntos laborales que desmotiva a grandes empresas, las que están y las que podrían venir, y termina por aterrar a pequeñas y medianas. Porque los empresarios sostienen que los juicios encarecen los productos de la empresa grande, hacen zozobrar a la mediana y hacen directamente quebrar a la pequeña.
Recordemos que la pequeña y mediana empresa es el sector que ocupa el 80 por ciento de población económicamente activa del país, por lo que es importante interpretar y atender su mirada sobre el alto grado de litigiosidad. Precisamente, días pasados, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de nuestra ciudad, la entidad gremial que escucha y representa a los 6.000 establecimientos Pyme que hay en la ciudad, decía en su discurso anual de camaradería que hoy, la judicialización es la mayor preocupación del sector y el mayor desmotivador al crecimiento y la inversión.
Desde un punto de vista estrictamente judicial, los juicios laborales no tienen connotación positiva ni negativa. Son un método legítimo de resolución de conflictos por derechos. Pero desde el punto de vista social y ético es irrefutable que su proliferación debe ser motivo de preocupación. Porque el verbo judicializar significa llevar por la vía judicial asuntos que podrían resolverse por la vía del diálogo. En este sentido, la judicialización es eminentemente negativa porque elige los costos del conflicto cuando el diálogo es todavía opción. Y lo que hay por detrás de la elección de este camino es toda una industria de profesionales que, así como el empleado quiere cobrar a principio de mes y el empresario obtener dividendos, ha encontrado en esta rama del derecho una fuente inagotable de recursos.
No existe una base de datos oficial que centralice la información diseminada por los tribunales de todo el país. A falta de estadísticas judiciales, desde Idesa (una institución especializada en temas laborales) y la Fundación Observatorio Pyme (especializada en Pymes industriales) elaboraron un informe que ofrece evidencias muy sugerentes. Por ejemplo, que una de cada tres Pymes industriales está involucrada en litigios laborales, las cuales afrontan en promedio tres juicios por empresa. El fenómeno se da con mayor intensidad en las medianas - entre 50 y 200 ocupados-. El 60 por ciento de las empresas señala que los juicios laborales ya se han convertido en la principal dificultad para incorporar nuevos trabajadores y de aumento de costos económicos.
Esto puede ser socialmente muy nocivo ya que el fenómeno se presenta con intensidad diferencial en sectores industriales de generación de alto valor agregado (como aparatos eléctricos, electrónicos e instrumentos de precisión y máquinas y equipos) e importantes generadores de empleo para sectores populares (como textiles, indumentaria, cuero y calzado, caucho y plástico).
La ley de contrato de trabajo data de 1974, con un mundo empresarial que ha cambiado y mucho y hay convenios colectivos son de 1975 lo que implica en algunos casos modalidades de trabajo que francamente ya no tienen razón de ser.
Es claro que generar empleo en la Argentina implica riesgos no menores para las empresas porque en muchos casos, las leyes atentan contra la misma supervivencia. De modo que el Gobierno plantea cambios en este plano, donde los trabajadores tendrán que ceder algunos derechos y tal vez ganar otros, es decir, adecuarse a las épocas. Como todos lo hacemos. No es lo mismo el trabajo en una fábrica o la atención de un comercio en 2017 que en 1974. No estarán contentos como es natural, porque a nadie le gusta ceder lo que considera propio y eterno, pero la realidad se ha vuelto cambiante en la Argentina y en el mundo y veremos las adecuaciones que se pueden realizar, sobre todo en el plano de las indemnizaciones por despido donde hay distintas propuestas para reemplazar la actual normativa. E incluso se está pensando en dos o hasta tres regímenes de contrato de trabajo diferenciados por el tamaño de la empresa.
También frente a una situación previsional con números en rojo, el Gobierno ha anunciado su voluntad de modificar el sistema de movilidad previsional, de manera que los haberes de jubilados y pensionados pasen a actualizarse según el índice de inflación y no de acuerdo con la evolución de la recaudación de los impuestos y la de los salarios, como es hoy. También ha propuesto que las mejoras en esos haberes se produzcan en forma trimestral y no semestral, como hasta ahora. Es de advertir que si la inflación disminuye en los próximos años, en tanto que la economía crece, los jubilados quedarán anclados en sus haberes.
La nueva fórmula para la actualización de haberes jubilatorios dejaría atrás un mecanismo que contempla el incremento de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales y que, en algunas oportunidades, permitió que las jubilaciones aumentaran más que la inflación, la realidad es también que esto fue elevando el déficit del sistema.
La factibilidad financiera del sistema de jubilaciones argentino se encuentra seriamente comprometida desde hace mucho tiempo, esta es la primera cuestión que hay que poner sobre la mesa. En buena parte, porque distintos gobiernos de diferente signo utilizaron los fondos previsionales para otros destinos, menos para el que debían ser utilizados. Pero hay otra realidad que afecta al sistema desde hace décadas; una cuestión ya estructural que será difícil de revertir: la relación entre el número de aportantes a la seguridad social y la cantidad de beneficiarios es verdaderamente crítica. Y en esto la desmesurada cantidad de empleo en negro que se registra en la Argentina, lo primero que perjudica es al sistema previsional, ya que casi un 40 por ciento de los trabajadores no aportan para la jubilación. Se estima que esta relación es de alrededor de 1,1 aportantes por cada beneficiario, lo cual es insostenible en cualquier país del mundo.
Pero hay otra cuestión que pocos dicen pero es visible: al trabajo no registrado se suma el hecho de que los jóvenes comienzan a aportar cada vez más tarde; mientras antes normalmente ingresaban al mercado laboral entre los 18 y 25 años, hoy lo están haciendo entre los 25 y los 30. Por esta razón, los años de aportes se reducen en muchos casos a los 30 obligatorios, cuando antes había un superávit en este sentido, porque al momento de alcanzar la edad jubilatoria, el aportante había contribuido durante 40 o más. En paralelo, la esperanza de vida en la Argentina ha crecido en forma sostenida. Mientras que en 1966 era de 65,8 años, en 2014 pasó a 76,2 años (80,1 en el caso de las mujeres y 72,4 para los hombres). Es decir que hay menos años de aportes para una más extensa vida en retiro.
La situación financiera de nuestro sistema previsional se ha agravado también por el hecho de que, tras dos moratorias, en la última década se jubilaron más de tres millones de personas que prácticamente no habían realizado aportes.
Llegado a este punto, es muy probable que la desproporción entre aportantes y beneficiarios del sistema previsional se continúe acentuando por razones demográficas, derivadas del incremento de la expectativa media de vida. Esta tendencia llevará a que cada vez tengamos un mayor número y porcentaje de personas jubiladas dentro del total de la población.
Por eso ha comenzado a evaluarse una razonable reforma previsional que contemple un aumento gradual de la edad jubilatoria, al comienzo optativo y luego obligatorio.
Pero, como decimos, será el Parlamento el epicentro de los consensos para logar estas reformas que, como anticipamos, podrán ser necesarias para cerrar los números, pero no serán fáciles de lograr, porque tanto trabajadores como jubilados son temas sensibles para los legisladores y lo más probable es que si se aprueban sea voto a voto.
Tendrá que ser de la manera más gradual y consensuada posible, pero ambas situaciones: litigiosidad y sistema previsional, necesitan modificaciones. Así como sabemos que dolerán los cambios, sabemos que las cosas no están bien y son una bomba de tiempo que hay que desactivar.
