La muerte de Micaela y los “errores” procesales

Volvió la tragedia a las primeras planas de los diarios, a los paneles de televisión con especialistas, a los editoriales radiales, mientras la realidad nos sigue golpeando en pleno rostro. El caso del asesinato de Micaela García, la estudiante y militante social entrerriana de 21 años asesinada en Gualeguay, nos recuerda que, al fin, prevenir estos dramas es quizá la herencia más pesada que tenemos en la Argentina actual.

Una joven, otra vez tratada como una cosa, como un objeto de mal deseo dejó un cadáver que fue encontrado desnudo y apenas tapado con tierra en un pajonal al costado de la ruta nacional Nº 12. Una vez que la violación y la muerte se produjeron, la Justicia intenta reparar lo que, en definitiva es irreparable.

En este escenario el fiscal Ignacio Telenta indagará al principal sospechoso del crimen, Sebastián Wagner, que está preso en un pabellón especial del penal de Federal con máxima custodia para evitar, especialmente, que se quite la vida. Pero con el transcurso de las horas aumenta la presión sobre el juez Carlos Rossi, no en forma casual, sino por haber concedido, a mediados del año pasado, la libertad condicional a Wagner, que cumplía una sentencia a nueve años de cárcel del que le restaban dos, por dos violaciones cometidas en Concepción del Uruguay. El magistrado tomó la decisión de otorgarle ese beneficio -ya gozaba de salidas transitorias familiares- luego de desestimar informes negativos del Servicio Penitenciario y del Poder Judicial de Entre Ríos que de-saconsejaban la liberación de Wagner.

Aquí hacemos un punto porque hay muertes accidentales y otras evitables y la de Micaela era, precisamente, la segunda opción. Es probable como dicen algunos (de tantos que han hablado estos días del tema) que siendo un violador consuetudinario, en dos años hubiera salido y hubiese matado a otra joven. Pero cuidado, porque este es un argumento contra fáctico, ya que la realidad es que salió con beneficios anticipados y violó y mató.

Lamentablemente el caso de los violadores debe ser tomado con sumo cuidado, porque la reincidencia en estos casos es muy alta, con un agravante, el que abusó de una mujer y terminó preso, cuando sale vuelve a tener la pulsión y viola nuevamente pero además mata también para evitar que lo denuncien y volver a la cárcel.

Por eso se trata de un tema difícil de abordar, saliendo de aquellas posturas de dar muerte a estos chacales porque es claro que en nuestro país no existe la pena máxima. En principio, lo que se debe abordar es una modificación del Código de Procedimientos, para evitar que en determinados casos se permita a los magistrados resolver en un sentido o en el contrario respecto de un detenido. La discrecionalidad se ha convertido en nuestro país en casi una norma. Las resoluciones como sucede en este caso en que el juez decide dar libertad a un violador, incluso en contra de los informes de peritos que pedían que se mantuviera detenido, termina por ofender el sentido común del hombre de a pie.

Los casos de condenados por violación es uno de los principales ejemplos de esta situación, la sociedad pide penas que se cumplan efectivamente para resguardar a la sociedad de los sujetos peligrosos, chocan con la posibilidad de que un juez con escaso criterio encuentre una explicación basada en el Código Procesal para dejar libre al violador. La verdad es que se hace necesario modificar estos procedimientos que permiten al magistrado tomar decisiones que terminan morigerando las normas que, por algo fueron escritas y aprobadas.

En este caso puntual, sectores sociales y políticos presentaron pedidos de juicio político contra el juez Rossi para destituirlo de su cargo por haber permitido la salida de un violador convicto. Es tanto el hartazgo de la sociedad con esta problemática de magistrados que son o se hacen los distraídos, que el presidente Mauricio Macri habló del tema: “El sistema se equivocó o él, el magistrado, no entendió la dimensión de su tarea. Este tipo de jueces no los podemos tener; no se puede tener un juez que cree que la vida es opinable”.

La verdad es que siempre damos vuelta sobre la misma noria y no tomamos el toro por las astas, el problema hoy es el juez Rossi, pero la solución es evitar estas problemáticas quitando la discrecionalidad a los magistrados de permitir que presos condenados tengan salidas anticipadas a la penalidad que le impuso el tribunal que lo juzgó. Porque en ese momento tuvo todas las garantías que se ofrecen en juicio, se lo probó culpable, se le aplicó una pena y la lógica es cumplirla.

En el caso que nos ocupa, el horror de la muerte de Micaela, el fiscal confirmó que la evaluación psiquiátrica a la que fue sometido el acusado estableció que no tenía menoscabada la capacidad de discernimiento de sus acciones, pero que se “encontraba con labilidad emocional, con la presencia de ideas de autoeliminación”. Eso explica la custodia especial, pero es difícil creer que estuviera en condiciones de haber salido en libertad anticipada. De hecho los peritos se lo indicaron al juez y los desoyó.

Superemos el problema del juez Rossi, que le hagan juicio político si así lo considera el Consejo de la Magistratura, pero vayamos por un cambio real en el procedimiento penal que es, al fin, lo que evitará nuevos errores de criterio como el que tenemos frente a nuestros ojos.