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Editorial

La Justicia argentina en la mira de la incredulidad

Con el tradicional acto en la plaza seca de Arroyo y Suipacha se conmemoró ayer el 25° aniversario del primer atentado terrorista en la Argentina que no fue la Amia, sino la Embajada de Israel en Buenos Aires, que en 1992 dejó un saldo oficial de 22 muertos. Dos años después, mientras esta suerte de “ensayo” de ataque quedaba impune, se produjo el atentado a la mutual judía con 85 muertes.

Los dos atentados permanecen impunes, sin culpables presos, aunque en las investigaciones se haya determinado que la perpetradora haya sido la organización terrorista pro iraní Hezbollah. Hasta allí llegan las certezas. 

Incluso para arribar a ese flaco veredicto, porque hablar en general del Hezbollah es culpar a un intangible, la Justicia argentina ha hecho un triste papel.  En ambas causas, hubo jueces que terminaron presos a los que hubo que indemnizar porque estaba más o menos armada la culpabilidad. Años de idas y vueltas judiciales, cambios de fiscales y jueces, expedientes que ocupan varios estantes y como si esto fuera poco la muerte del fiscal de la UFI Amia, Alberto Nisman, en circunstancias más que sospechosas. Una causa, la de su muerte, que también sufre avances y retrocesos, cuestiones oscuras y que amenaza con tener el mismo destino que las anteriores: la impunidad. 

En todos estos expedientes siempre estuvo presente la cuestión política.  La Justicia Federal, altamente contaminada, ha mostrado su lentitud, ineficiencia e intereses subalternos que conviven y terminan dando un resultado de suma cero, porque nada se resuelve de manera contundente, absoluta. Baste con una breve encuesta callejera para comprobarlo: seguramente si preguntáramos a los ciudadanos cuáles fueron los atentados terroristas que sufrió el país, mencionaría Embajada de Israel y Amia. Pero si les preguntáramos quiénes fueron los responsables, escucharíamos un silencio o a lo sumo un nombre tirado al azar, con signos de pregunta. 

Lo más preocupante es que estamos, paulatinamente, naturalizando la falta de resultados judiciales.

Ni qué decir de las causas que involucran a las cercanías del poder, sean que se trate de Cristina Kirchner, a Julio de Vido o a algún funcionario del actual gobierno. En estos casos, las denuncias solo avanzan cuando el funcionario deja el poder, nunca antes. Y lo mismo que avanzan, retroceden por cuestiones procedimentales, con artilugios jurídicos, ubicándose siempre en el mismo punto, que es, en la práctica, un limbo judicial.

Hay profusión de denuncias, algunas muy similares, con los mismos encausados o con conexiones inevitables, que no se unifican cuando la lógica sería que todo sea tratado en conjunto. A los acusados no le conviene, por eso lo evitan. Y al permitir este manejo independiente, se genera una maraña difícil de seguir (y conveniente para complicar los expedientes) y, lo más importante: las supuestas investigaciones duran de 12 a 14 años promedio y no estamos seguros que terminen en alguna condena.  Es más, es una certeza en la gente común que nadie pagará por nada. A ese punto ha llegado la incredulidad en la Justicia.

Llegado a este punto, tanta denuncia que la ciudadanía percibe sin destino, termina por generar un estado tóxico en el imaginario popular, tras el cual las grandes mayorías no creen en la posibilidad de que haya una “justicia justa”. Tanto que la verdad es que quienes cometen actos de corrupción terminan temiéndole más al “linchamiento mediático” que a los efectos de violar la ley. 

¿Quién va a temer a una Justicia que dilata las causas y luego ni acciona?

No vemos que, al fin, la clase política dentro del más amplio arco tenga interés en ayudar a modificar el funcionamiento de la Justicia. Al fin, un defectuoso entramado judicial que hoy favorece a unos, mañana puede favorecerlos a ellos. 

Si bien más alejada de la política, las justicias provinciales tampoco se destacan por su eficiencia. Basta recordar casos emblemáticos como el de María Marta García Belsunce o Nora Dalmasso para darnos cuenta de que los años pasan y cuando hay intereses dando vuelta, se trata de familias bien relacionadas, no se descubre nada, no se llega a condenas definitorias.

Solo a modo de recordatorio, María Marta García Belsunce fue hallada muerta en la bañera del barrio cerrado “Carmel Country Club” el 27 de octubre de 2002.  Al efectuarse el informe médico sobre el deceso no se veían los disparos de bala que presentaba en la cabeza, y se atribuyó su muerte a un resbalón en la bañera y posterior golpe en la sien con el grifo de la misma, lo que la desmayó y le produjo asfixia por inmersión. Un mes más tarde, se ordenó la autopsia del cadáver y allí los médicos forenses descubrieron que la fractura de cráneo que tenía la víctima había sido producida por cinco disparos de un arma calibre 32. Pasado los años fue preso su marido Carlos Carrascosa, con poca prueba física y finalmente, el año pasado fue dejado en libertad. A estas horas no sabemos qué pasó con esta muerte. Pero el caso cobró una trascendencia pública sin precedentes en la historia del periodismo argentino ya que tuvo más primeras planas que el juicio a las juntas militares. Es decir, mucha exposición mediática resultado cero. 

El 26 noviembre de 2006, Nora Dalmasso fue encontrada estrangulada y semidesnuda en su casa del residencial barrio Villa Golf, en Rí-o Cuarto. La investigación comenzó enseguida, pero el rumbo cambiaba con cada nueva hipótesis: una apuntaba a un crimen durante un juego erótico, otra a un estrangulamiento durante la consumación de una relación sexual e incluso un homicidio cometido tras un abuso sexual. Gran cantidad de nombres aparecieron vinculados al hecho como el pintor Gastón Zárate conocido como “El perejil”, y el hijo de la víctima, Facundo Macarrón. Sin embargo, a medida que la investigación avanzó ambos terminaron siendo sobreseídos. Ahora se imputó al viudo Marcelo Macarrón, que estaba en Punta del Este la noche de la muerte. Hasta se encargaron estudios a la agencia federal de investigaciones de los Estados Unidos, FBI, y ensayos que el laboratorio del Poder Judicial tardó casi un año y medio en producir, determinaron que las marcas genéticas correspondí-an al viudo de Nora. Pero los años siguen pasando y el expediente ha pasado por varios fiscales y jueces como el caso García Belsunce. 

Podemos definir que la presencia de los temas en la prensa no constituye ninguna garantía de que las causas se aceleren y menos aun que se resuelvan y haya culpables a los que les llegue el largo brazo de la ley. Esta es la razón por la que la ciudadanía no confía en la Justicia. No hay ninguna alquimia sociológica para comprender este tema. Sencillamente viendo que la Justicia es ineficiente, lenta y está plagada de intereses, el hombre y la mujer de a pie han dejado de creer en sus resultados.

 

El panorama es muy preocupante si tenemos en cuenta que la Justicia, en la estructura de cualquier república, es el último refugio que tiene el ciudadano para que se cumplan sus derechos. No es poco mirar el túnel del Poder Judicial y no ver la luz al final.