Editorial

La elección tucumana ya tiene un perdedor: la legitimidad


Las denuncias sobre irregularidades en la elección tucumana se multiplican y el clima de sospecha sobre el sistema electoral se extiende como una mancha venenosa entre la ciudadanía, a tan poco de las presidenciales de octubre. Como hemos planteado en anteriores comentarios, en este sentimiento que se ha fortificado en la gente está el verdadero mal. Con prescindencia de lo que dictamine la Justicia sobre el denunciado fraude en Tucumán, el daño ya está hecho y se ha firmado virtualmente el acta de defunción del sistema electoral que hasta ahora conocimos. No será en octubre pero no deberá pasar más tiempo para que quienes ahora exigen el cambio con la campaña de fondo, se pongan a trabajar seriamente en el Congreso para lograr que lleguemos a 2017 con sistema que lleve al mínimo posible la desconfianza de la gente. 

Las últimas novedades del caso Tucumán dan cuenta de que el Acuerdo para el Bicentenario formalizó el viernes el planteo ante la Justicia y exigió la nulidad de las elecciones llevadas a cabo el 23 de agosto último.

En una exposición escrita de 63 páginas, los candidatos mencionaron reparto de bolsones y de dinero en efectivo, traslado de electores y otras formas de clientelismo; cambios anómalos de domicilios y votantes foráneos; urnas que, según dos testigos, llegaron abiertas a la Junta Electoral Provincial (JEP) y que fueron selladas allí de forma supuestamente irregular; una presunta falta de controles por parte del órgano electoral y duras críticas hacia el presidente, Antonio Gandur, y la vocal, Ana María Rosa Paz; graves hechos de violencia, con disparos y quema de boletas y con civiles y personal de seguridad heridos; cuestionamientos hacia el sistema electoral de acoples; posibles maniobras con los datos obtenidos durante el escrutinio provisorio que realizó el Correo Argentino; promesas de beneficios sociales como módulos habitacionales y subsidios, o amenazas de que esos beneficios serán retirados.

Con todos estos argumentos y sus correspondientes pruebas acopiadas en cajas, el radical José Cano y el peronista Domingo Amaya, solicitaron la nulidad de los comicios, la suspensión del escrutinio definitivo (que hasta ahora los favorece) y la realización de una nueva votación para todas las categorías.

Y anticiparon que los abogados del frente ya hicieron reserva para llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación en caso de no obtener respuesta de la Justicia provincial. 

Según el Acuerdo por el Bicentenario, el alperovichismo generó una “tormenta de bolsones” y de dádivas. “El Gobierno provincial, como administrador exclusivo de los bienes públicos, ha instaurado en los sectores más vulnerables de la sociedad un régimen perverso de dominación mediante una obscena utilización de dichos recursos y que han sido presentados como dádivas”, indicaron los abogados Daniel Ponce y Arnaldo Ahumada. Señalaron que esto genera entre los electores “obligaciones de agradecimiento y correspondencias”, pero aclararon que esos bienes “pueden ser quitados por la mera voluntad del funcionario”. “Está constatada la existencia de rifas de autos y otros premios, bingos, vestidos de fiesta de 15 años, obras sociales, módulos habitacionales, y cualquier otro bien o prebenda que es arteramente discernido como un ‘favor del príncipe’”, dijeron. 

Hasta aquí, con algunas particularidades, es más o menos lo que tristemente sucede en todo el país con los sectores afectados por una pobreza endémica que la propia política se ocupa de perpetuar. 

Pero como nunca antes, se ha comprobado que en Tucumán, jueces de paz locales y punteros del oficialismo retuvieron los documentos de quienes reciben planes sociales durante el día 23 de agosto. Esta ilegal maniobra habría posibilitado que, durante el comicio, terceros suplantaran a los verdaderos electores, cuyos DNI estaban retenidos”.

Este accionar es mucho más grave que el muy usado recurso de hacer votar a los muertos. Si bien se lo denunció en varias oportunidades en otros puntos del país, nunca como ahora se habían perfeccionado las denuncias por parte de los mismos protagonistas. Esta circunstancia y  que dos empleados de la Junta Electoral Provincial declararan ante escribano público que muchas urnas llegaron a la junta abiertas y sin ningún tipo de custodia fue lo que envalentonó a los opositores a formalizar el pedido de nulidad.  

El gobernador de Tucumán, José Alperovich, negó que el oficialismo provincial haya incurrido en prácticas irregulares en las elecciones. “Nosotros no hicimos trampa, jamás actué así en mi vida. El pueblo se expresó en las urnas, no le fallamos a la gente, no hicimos ningún daño”, aseguró.

Mientras tanto, prosigue el escrutinio definitivo. Ayer, con más del 33 por ciento de las mesas relevadas, el opositor Cano aventajaba a Manzur por 8 puntos. En otras circunstancias, diríamos que esto ya es una tendencia pero en el caso Tucumán nada es previsible. Baste con recordar que el primer escrutinio, el que provino de los telegramas, arrojó un resultado de 54 a 40 por ciento a favor de Manzur. 

El tema aquí es que, con independencia de los datos inexactos en los telegramas y actas, de la nulidad de numerosas mesas, de la necesidad de abrir todas las urnas y de la sanción de algunos de los muchos delitos denunciados, el procedimiento en su totalidad debería considerarse nulo, dado que los graves y reiterados hechos cometidos que, en cualquier caso, han logrado alterar el resultado de la elección. Esto es lo que esgrimen desde el Acuerdo del Bicentenario en su denuncia. Traducido un lenguaje más coloquial, lo que están planteando es que, a estas alturas, con todo lo visto y dicho, cualquiera que resultara ganador ya está deslegitimado para la gestión. 

El caso de Tucumán es muy complejo porque no es nada sencillo anular una elección en forma total, se puede llamar a votar en algunas mesas, pero convocar a los comicios de nuevo no es tarea fácil de resolver para la Justicia porque hay aspectos no contemplados en la norma en términos tan absolutos como pretende la oposición y hay que probar un fraude integral.

De todas maneras la elección ya está judicializada y serán las partes, es decir el Frente para la Victoria y el Acuerdo del Bicentenario los que se enfrentarán con sus pruebas ante los magistrados para resolver este proceso que, la verdad, no le hace bien a la salud de la democracia. Mucho menos antes de elecciones presidenciales que serán claves para el futuro del país y donde el voto es la herramienta fundamental del ciudadano en esta instancia.


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