Editorial

La elección de Tucumán parece una novela de realismo mágico


En Tucumán dieron por ganador a Juan Manzur del Frente para la Victoria con una importante diferencia respecto de su principal competidor. A partir de esa noticia sus partidarios se volcaron a las calles a festejar el triunfo, mientras la oposición no acepta el resultado del escrutinio oficial de la Junta Electoral. 

La situación en la provincia va tomando ribetes de realismo mágico, en medio de una sociedad profundamente enfrentada por la situación política y el clima de sospechas generado a partir de las denuncias de fraude.

Después de tres largas semanas, finalizó el escrutinio definitivo de los comicios del pasado 23 de agosto y se confirmó la victoria del kirchnerista.

Según el recuento final realizado por la Junta Electoral Provincial, computadas las 3.601 mesas de toda la provincia, el representante del oficialismo obtuvo el 52 por ciento de los votos, contra un 40 de José Cano, candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario. Los guarismos que había arrojado el escrutinio provisorio realizado el día de la elección por el Correo indicaban una diferencia de 14 puntos a favor de Manzur (54 por ciento contra un 40 de Cano).

El kirchnerista terminó ganando la Gobernación por un amplio margen gracias a los votos del interior, precisamente de donde provienen las principales sospechas de compra de voluntades a cambio de asistencia y hasta de falsificación de domicilios para favorecer el triunfo oficialistas en pequeñas localidades. Mientras que Cano se impuso por 16 puntos en la sección Capital, donde se estima que la población es menos manipulable en sus intenciones de voto. Y si esta presunción no se cumpliera, de todos modos es muy sospechosa tanta discrepancia en las preferencias dentro de un territorio tan escueto como el tucumano.

Por eso, porque todavía falta un fallo sobre las múltiples denuncias ya que no era solo por los errores en la carga de telegramas o la quema de urnas, es que el secretario de la Junta Electoral de Tucumán (JEP), Darío Almaraz, ratificó que por ahora la provincia “no tiene gobernador electo” hasta que la Cámara en lo Contencioso Administrativo “diga que se tiene que proclamar” al nuevo mandatario, a pesar de la finalización del escrutinio.

“Hoy no tiene gobernador electo, no tiene ninguna categoría electa”, aseveró Almaraz en diálogo con radio La Red.

De todos modos, tras conocerse el resultado del escrutinio definitivo, Manzur encabezó un acto partidario y se autoproclamó ganador de la elección, mientras que Cano sigue sin reconocer ese resultado: “Hasta que la Justicia no lo disponga”, el aspirante oficialista “no es el gobernador de la provincia”, sentenció.

El dirigente opositor se asienta en que hay una cautelar vigente que impide a la Junta Electoral que se proclame a la fórmula ganadora, por lo que avisó que va a esperar hasta el viernes para expresarse sobre los resultados.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó el 9 de septiembre como medida cautelar que la JEP se abstenga de proclamar un ganador en los comicios realizados el 23 de agosto, al tiempo que le exigió que preserve la totalidad de las urnas como prueba.

En el fallo de la Cámara se dispuso además “abstenerse de proceder a la destrucción o alteración material de la totalidad de las urnas que atañen al mencionado proceso electoral, debiendo velar adecuadamente por la integridad de las mismas”.

La Junta Electoral, un actor importante en esta cuestión, defendió a la transparencia del proceso y resaltó que de las 1.143 mesas que fueron abiertas por pedido de distintas fuerzas políticas solamente fueron declaradas nulas 16 (menos del 0,5 por ciento). Respecto de las 42 urnas que fueron incendiadas o parcialmente destruidas y que habían sido anuladas durante el recuento provisorio, el funcionario explicó que se notificará al Poder Ejecutivo para que llame a elecciones complementarias en las localidades correspondientes (es el caso de San Pablo, donde fueron quemadas 27 de 28 urnas).

Consultado sobre el escándalo de los videos de las cámaras de vigilancia de las urnas, que se dañaron por supuestas fallas eléctricas, la Junta consideró que “no incidió en el resultado” del escrutinio pero ciertamente abultó las sospechas en detrimento de la legitimidad, ya no puntualmente del resultado, sino de todo el proceso electoral. Porque si esto fue posible, ¿cuántas trapisondas más pudieron efectuarse? La explicación fue que las urnas nunca dejaron de estar bajo la custodia de Gendarmería con todas las medidas de seguridad necesarias, aunque aun no está legislada la presencia de cámaras para custodiarlas. 

La cuestión de los videos perdidos la tendrá la Justicia Federal, donde se tramita la denuncia realizada por Cano, quien acusó a funcionarios de la Junta. a gendarmes, a empleados del Correo y al dueño de las cámaras de haber montado “una asociación ilícita para cometer un fraude”.

En definitiva, terminó el escrutinio oficial y definitivo, pero no el escándalo, mucho menos mermaron las sospechas respecto de cómo el oficialismo cosechó tan poco apoyo en la capital y tan poco en las localidades del interior provincial. 

Para saber qué dice la Justicia al respecto no habrá que esperar mucho, ya que el fallo sería dado a conocer en las próximas horas. De todas maneras, todo hace prever que la judicialización del proceso electoral se extenderá, teniendo en cuenta que ambas partes ya adelantaron su decisión de apelar. El caso, en este sentido, podría llegar hasta la Corte Suprema de la provincia, donde tres de sus cinco integrantes fueron designados por la gestión de José Alperovich, el actual mandatario. Por eso la oposición anunció que podrían recurrir a la Corte Suprema de Justicia en busca de imparcialidad.

El frente opositor, en el que confluyen la UCR, PRO, el peronismo disidente, un sector del massismo y Progresistas, presentó como prueba numerosa documentación sobre las presuntas irregularidades producidas antes, durante y después de los comicios.

El clientelismo, el voto cadena, la quema de mesas de votación, el robo de boletas, la adulteración de telegramas y la pérdida de los videos de vigilancia de las urnas por supuestas fallas eléctricas, son algunos de los hechos denunciados en el juicio. De estas acusaciones las primeras no constituyen delito (repartir bolsones, cosa que ambos postulantes han hecho, lo que demuestra es el estado en que está la sociedad que vota, en todo caso). El voto cadena es imposible de probar y el robo de boletas también. Lo que sí forma parte seria de la denuncia es la adulteración de telegramas, los problemas surgidos de los videos y la llegada de urnas abiertas sin custodia. Si se prueban estas irregularidades la situación se va a complicar judicialmente, más allá de que elecciones complementarias habrá para los lugares donde se quemaron urnas. 

Pero lo que deberá resolver la Justicia es si lo presentado por la oposición alcanza como para anular una elección en forma completa, una figura que no está clara en nuestra normativa y que dependerá de la contundencia de la prueba y de la íntima convicción de cada uno de los magistrados.

 

Como dijimos al comienzo, Tucumán está viviendo un realismo mágico, donde todo es posible.


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