Hagamos un sinceramiento de los roles que nos caben

Entre febrero y marzo, la provincia de Buenos Aires ha venido sosteniendo una crisis en todas las áreas de la administración pública, todas esenciales pero algunas de ellas de alta sensibilidad social. En una seguidilla que obliga al bonaerense a informarse minuto a minuto antes de iniciar su jornada de actividades, se suceden los paros docentes, de profesionales hospitalarios, de agentes judiciales y de estatales en general. 

Con algunos reclamos en particular por cada área por su condiciones de trabajo, en todos hay un punto de conexión, que es la cuestión salarial. Por un lado, la cifra ofrecida para los incrementos de este año, de alrededor del 18 por ciento. Por otro como la mayoría de los trabajadores de este país, de todos los rubros, los estatales sufrieron el año pasado un atraso salarial, toda vez que la inflación se disparó más que lo acordaron en las paritarias de 2016, y por eso exigen una elevación de la oferta que considere la recomposición.

El punto a considerar aquí, cuando planteamos un sinceramiento, es poner sobre la mesa lo que subyace detrás de un empleo público, que como todos, tiene sus pros y sus contras, de los cuales quien asume el rol debe hacerse cargo. Brindar un servicio público implica una responsabilidad social que tiene incidencia gravitante y directa en la calidad de vida de los ciudadanos. No tendrían que verse interrumpidos bajo ningún concepto y eso debiera ser parte de un compromiso ineludible para quien accede a un puesto estatal. Si bien parece un duro estamento, la realidad es que, como contrapartida, estos empleados gozan de una estabilidad laboral y un escalafón ascendente del cual carecen la mayoría de los empleos privados. No por nada, trabajar en el Estado es un anhelo de muchos. Esto sin considerar que aspectos como la eficiencia y la idoneidad no son tampoco parámetros sobre los cuales se ejerza un férreo control; por ejemplo, la no consecución de objetivos puntuales en el sector privado es causal de despidos, cosa que no sucede en el sector público.

La verdad es que en la Argentina, la educación y la salud públicas no son considerados en la práctica, al trabajar en el campo, como se los expone en la retórica. Ni de parte del Estado ni de parte de los docentes y profesionales sanitarios y en esto debemos hacer todos un ejercicio de sinceramiento.

Porque no podemos obviar que debe haber una clara responsabilidad de los actores sociales que cobran dinero del Estado para brindar un servicio público. Esto no debe ser frase hecha sino un compromiso cierto porque cuando hablamos de salud y educación, posiblemente las dos aristas más gravitantes del sistema, es importante tener presente que una debe garantizar el bienestar presente y la otra el bienestar de las futuras generaciones. 

Pero muchos de estos actores sociales no lo entienden así y soslayan este compromiso para con la sociedad a intereses particulares. Concretamente, quien no quiere asumir este compromiso no debiera postularse para trabajar en la prestación de estos servicios del Estado y vincularse al sector privado, donde seguramente deberán someterse a otros rigores. 

Cuando estos dos sectores en particular optan por expresarse mediante la retención de sus tareas, que son esenciales, no ponderan honestamente los efectos sobre la ciudadanía. Entendida como la más vulnerable, la que manda a sus hijos a la escuela pública y las familias que se atienden en los hospitales. Es a ellos a los que se les retacean servicios básicos.

No ignoramos que el primer honesto debe ser el Estado, con respecto a la administración de recursos, el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de los controles sobre sus empleados. Los salarios de los médicos son claramente bajos y no reflejan la capacitación que se necesita para ejercer la profesión. Con los docentes sucede algo similar, están mal pagos y reclaman mayores porcentajes salariales. 

En este sentido el Gobierno debe hacer el mejor esfuerzo posible para jerarquizar la tarea, al tiempo que debe exigir eficiencia, cumplimiento de tareas, asistencia efectiva y resultados. Este sería como un nuevo contrato serio entre Estado y empleados, cada uno haciendo lo suyo como corresponde, como depositarios de los dineros de la gente. 

Porque tampoco se ignora que los empleados públicos terminan descansando en su estabilidad laboral para retacear esfuerzos y eficiencia. Hay ausentismo, en algunos casos desinterés por la labor, junto a otros que son grandes profesionales y grandes maestros, pero que terminan sintiendo que en el Estado todo termina siendo lo mismo, el que cumple que el que no lo hace.

En este escenario, los gremios estatales, desde la ATE, Upcn, la Cicop (profesionales médicos) y la mayoría de los gremios docentes Suteba y FEB como las principales, ya se han acostumbrado a jugar sus cartas finales desde el comienzo del reclamo, planteando el paro como el único sistema para obtener resultados. 

Apenas se conocieron los porcentajes planteados por el Gobierno para los aumentos, se plantearon los paros. Sin gradualismo en la protesta, con un diálogo donde parece que las partes no se escuchan (y quizás así sea).

Cuando hay otros modos de visibilizar la protesta, sin retacear servicios a los niños ni a los enfermos, no hace falta siquiera mucha imaginación para hacer un “guardapolvazo” como se efectuó por ejemplo en Pergamino. Los docentes mostraron su queja frente al salario que perciben y el incremento que les ofrecen, en la calle, sin violencia, sin cortes de arterias y más allá del paro en sí mismo, a contraturno de sus tareas. 

En definitiva estas seguidillas de huelgas terminan profundizando las crisis que ya tenemos en la educación, la salud. Pero también en la Justicia que es otro gremio que se pliega permanentemente a las medidas de fuerza, perjudicando al justiciable que ven demorados sus expedientes, a veces de manera exasperante.

Sabemos que la salud pública atraviesa, igual que la educación, una crisis de recursos necesarios para infraestructura, para elementos de trabajo y que eso condiciona, en muchos casos, los resultados de la labor. Pero si a esa circunstancia insistimos en que el Gobierno debe invertir más o más bien adminsitrar mejor-, le adicionamos el retaceo al trabajo, estamos castigando claramente a los que menos tienen, a los que no pueden elegir qué medicina ni qué educación quieren, a los que dependen del Estado. 

Por eso planteamos un ejercicio de honestidad de parte de los funcionarios y de parte de los empleados del Estado, para revertir esta suerte de conflicto permanente en el que viven todos quienes dependen de los servicios públicos esenciales, quienes terminan siendo los eternos castigados.