Editorial

Graves casos policiales de connivencia con la venta ilegal de drogas


En muchas oportunidades hemos puesto a la Policía bajo sospecha respecto del incremento de la circulación de estupefacientes en la Argentina; también a la Justicia y al poder político. Porque ningún ilícito crece de una manera exponencial si no existen las condiciones dadas para que así suceda.

Es frecuente que en la crónica periodística nos encontremos con situaciones en que varios vecinos de una zona denuncian cocinas de cocaína, venta de drogas en locales, en la calle o en pequeñas casillas montadas ad hoc; son siempre en los mismos puntos, los muestran cámaras de seguridad, fotos y están radicados en cada denuncia de padres desesperados en busca de ayuda para rescatar a sus hijos del flagelo. Sin embargo, ahí siguen. En la misma esquina, los mismos horarios, la misma gente. Pareciera que las fuerzas del orden son las únicas que no se enteran de lo que sucede o bien dan por perdida la lucha contra una mafia tan expandida como la del narcotráfico. O, lo que sería peor, los dejan actuar porque son parte del negocio.  

No todas las situaciones responden al último caso. Están también los efectivos que realizan arduas tareas investigativas, incluso infiltrándose en las redes de comercialización por lo que pareciera que hacen “la vista gorda” cuando en realidad están pergeñando el golpe que les permitirá desbaratar una banda. Porque nada se logra aprehendiendo al vendedor de la esquina, último eslabón de una cadena infame, sino que se apunta, mediante el trabajo encubierto, a llegar a lo más alto del negocio.

No obstante, los corruptos no faltan en las fuerzas; hemos conocido que se ha tenido que separar a miembros de la Policía, a veces de muy alto rango, tras haberse conocido hechos graves de corrupción de los que han participado. Vale el ejemplo del exjefe de la policía santafesina que, tras una escucha realizada el año pasado, se descubrió que era uno de los que protegía las bandas de venta de drogas en la provincia. Fue separado del cargo, huelga decirlo, pero el daño estaba hecho, porque en Rosario y otras zonas de Santa Fe, la liberación de zonas devino en las luchas territoriales de las bandas que comercializan estupefacientes y que arrojan muertos todos los días, propios y de vecinos desprevenidos. Más aún, podemos afirmar que en los últimos tres años fueron imputados como narcos los principales jefes antidrogas de Santa Fe, como dijimos, pero también de Salta, de Córdoba y de Formosa.

A propósito de la connivencia policial con la droga, se supo que un policía que se movilizaba con tranquilidad por las rutas salteñas, en un patrullero que, según pensó, debía ser el que menos sospechas provocase en un control o retén de ruta, llevaba cocaína. Se trata de un cabo de la Policía salteña y estaba de uniforme para no levantar la más mínima sospecha. Manejaba una camioneta policial y en su interior descubrieron 69 kilogramos de cocaína. Una verdadera vergüenza para la fuerza realmente.

El policía se desempeñaba en una comisaría de Orán y cayó al ser interceptado por gendarmes en las afueras de Salta. Fue puesto a disposición del juez federal Raúl Reynoso, que llevó adelante la investigación que dio con ese tan poco sospechoso transporte de droga.

Es que la droga para expandirse necesita de cómplices; primero políticos, que den las garantías para establecer el negocio, luego policiales para que liberen las zonas de venta y por último judiciales que con intrincadas interpretaciones de una ley antidrogas bastante ambigua, procuren el menor daño posible ante una denuncia. 

En todos los casos, el dinero “aceita” los engranajes necesarios, pero en la Policía es donde actúa como un factotum determinante ya que entre uniformados que la pelean para llegar a fin de mes, estos “premios” calan de manera generalizada. No son todos, ni siquiera muchos los casos detectados de policías narcos, en proporción al número de uniformados en las provincias, pero no olvidemos que en ellos descansa la primera investigación  para el combate contra el tráfico de estupefacientes. Es decir, que en un policía corrupto puede “morir” una causa de involucra a toda una red.

Esta vez fue atrapado un policía que usaba el móvil para transportar la droga entre la zona de Orán y Salta. El juez Reynoso investigará qué nivel en la escala narco ocupaba el detenido. Ese magistrado ya tiene varias causas en las que están involucrados policías. Incluso fue quien ordenó, en 2011, el allanamiento del Escuadrón “Salvador Mazza” de la Gendarmería Nacional, y el arresto de oficiales por el almacenamiento de cocaína. Otros cinco gendarmes fueron arrestados el año pasado en una investigación de Reynoso por facilitar el “bombardeo” (lanzamiento de avionetas clandestinas) de cocaína en el norte salteño. De modo que para el magistrado el uniforme policial o de Gendarmería no implica inocencia de parte de quienes pueden estar implicados en el negocio. Ya con las causas que ha acumulado se podría decir que está, tristemente, acostumbrado. 

Frente al incremento de la circulación de la droga, ya no sorprende la irrupción de policías que participan de la red en distintos momentos de la comercialización. La misma realidad indica sin duda que, como dijimos al comienzo de este comentario, ningún ilícito crece de manera tan exponencial si no se logra cierta complicidad policial.

En los últimos años, y a medida que el problema de la droga fue creciendo, se observaron más casos de corrupción narco, el problema viene desde hace mucho tiempo. Hace 10 años, cuando cuatro integrantes de la Policía Federal cayeron en un traslado de 116 kilogramos de cocaína en las rutas salteñas, situación descubierta al accidentarse la camioneta en la que se movilizaban. En 2013 fueron arrestados cuatro policías salteños por participar de una banda de narcomenudeo, mientras que en ese año resultaron detenidos también once policías tucumanos que se dedicaban al narcotráfico y pertenecían a la Dirección de Drogas Peligrosas de Tucumán. Esto ya es terrible, porque participan del negocio sucio justamente el sector de la fuerza que tiene que combatirlo. Ese año, además, recibieron condenas de más de doce años de prisión policías salteños que estaban encargados del área de inteligencia antidrogas.

Los inconvenientes para llevar adelante en el norte las investigaciones sobre drogas fueron advertidos en numerosas ocasiones por los jueces federales y por la Corte Suprema, aunque todavía no hubo respuestas concretas a los pedidos de los magistrados norteños para mejorar el estado de las fuerzas de seguridad con la que ellos deben trabajar. No olvidemos tampoco que en su momento se sacaron de operaciones varios radares, especialmente en Chaco, por orden del Gobierno central; luego se implementó el operativo Escudo Norte, anunciado con bombos y platillos por Aníbal Fernández. A poco de andar, las fuerzas de seguridad de la región advirtieron que los aparatos no servían para detectar las avionetas clandestinas y que el sistema era vulnerable hasta por un niño. Si eso no es connivencia política entonces, ¿qué es?

Todo huele a podrido cuando de lucha contra el narcotráfico se trata; ya todo está corrompido en algún punto. Si es la propia Policía la que, en muchos casos, está inmersa en el negocio de la venta de drogas y ellos también hacen la custodia de jueces y tribunales, pueden llegar a suceder situaciones graves. Conocen los movimientos del juez y su familia, sus horarios, dónde reside y dónde trabaja. Porque tienen llegada directa a los magistrados que pueden llegar a descubrirlos. Esto puede terminar suponiendo un serio problema para quienes deben impartir Justicia en estas condiciones.

 

La problemática debe tomarse muy en serio y sumar voluntades entre el poder político y la Justicia para reencauzar la cuestión de la droga en la Argentina, no debemos resignarnos a que nos tomen por asalto las bandas narco sin tener siquiera cómo defendernos como sociedad.


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