Editorial

Falta de comunicación y mala praxis, un cóctel nocivo para el Gobierno, y para todos


Es muy complicado intentar que la Argentina sea un país serio y justo en materia social, décadas y décadas de clientelismo han marcado un estilo que es difícil de erradicar. Dicho esto, es de advertir que la gran mayoría de los beneficiarios de, por ejemplo, pensiones por discapacidad las reciben aquellos que realmente la necesitan, pero al lado de otros que con total desparpajo obtuvieron el beneficio en forma irregular. Esto ha pasado todos los tiempos en nuestro país, con cualquier subsidio que ha otorgado el Estado a los más vulnerables, a familias que están en la pobreza, niños o adultos con otras capacidades, ancianos en abandono, menores sin familia; entre ellos siempre se cuelan devoluciones de favores, “pagos” de fieles militancias, arreglos con familiares. 

A las ayudas pensadas para todas las situaciones delicadas, dolorosas y que se deben atender, esas que entre todos pagamos, se las debe y eso es lo que se pretende. Sin dudas hay que erradicar la “viveza criolla” de quienes sin estar en las condiciones que marcan las normas, terminan viviendo a costa del Estado, restándole fondos al que realmente le corresponde.

¿Es tan difícil de explicar esto que estamos exponiendo? Creemos que es sencillo, solo hace falta sentido común para sentarse frente a un micrófono, como debiera haber hecho la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, y decirle a la sociedad: vamos a revisar las pensiones por invalidez porque hemos detectado algunos problemas de cobro indebidos. Por ejemplo se identificó que en cuatro localidades de la provincia de Córdoba hay más beneficios otorgados que habitantes radicados. Guanaco Muerto, Altos los Quebrachos, Tuclame -en el Norte, departamento de Cruz del Eje- y La Rinconada -en el departamento de Río Seco- figuran en la lista oficial.

No es nada complicado y se hubiese advertido al universo de los que cobran beneficios a discapacitados que habría revisiones. Todo lo que finalmente se hizo pero después de que pagaran “justos por pecadores”. Para colmo, como la no anunciada tarea de chequeo de beneficiarios se hizo mal, que es otro de los asuntos que el Gobierno debiera cuidar a la hora de encarar estos delicados asuntos, nos encontramos con que una persona con otras capacidades va un día al banco y se encuentra con que no le pagaron el beneficio. Y cunde la desesperación, no sabe por qué le quitaron esa pensión con la que compraba su medicación. Y la verdad es que no hay derecho a que aquellos a los que les corresponde cobrar, sin ninguna explicación, se les caiga el beneficio y luego cuando el escándalo estalla el Gobierno sale hablando de errores y poniendo paños fríos a la situación.

En realidad, el Gobierno sabe que para acceder a una pensión por invalidez hay que presentar ante el Ministerio de Desarrollo Social un certificado médico oficial expedido por un profesional competente de un hospital público nacional, provincial o municipal, servicio o unidad sanitaria, con la firma y sello del médico y del director del establecimiento. También la copia o transcripción de resumen de la historia clínica firmada. Los problemas detectados por el sistema habrían pasado por la oportunidad de fijar domicilio temporal en un pueblo donde sería más fácil tramitar la pensión por contactos políticos o existirían profesionales dispuestos a firmar la alta de discapacidad. En 2012, Ricardo Pereyra, entonces director del Hospital Nivel 1 de Candelaria -16.000 habitantes, a 27 kilómetros de Posadas-, denunció su sospecha de que le falsificaban la firma. Se detectaron 470 certificados falsos. También aparece el mal de Chagas que es endémico y los certificados por esa enfermedad son los que, en su mayoría, se usan para tramitar estos subsidios. Uno de los debates es que, con esa afección controlada, el nivel de invalidez no alcanza el 76 por ciento exigido.

La verdad es que además de que el Gobierno comunica mal y tarde, hay una cuestión que no podemos dejar pasar a la ligera: cuando se trata de quitar beneficios a sectores vulnerables como discapacitados, no se pueden cometer errores gruesos como los que se han dado a conocer en todos los programas de televisión, aún los más cercanos al macrismo. Porque hubo casos cuyo dramatismo sensibilizó tanto a los periodistas que no hubo ahorro en las críticas a este desmanejo al quitar 70.000 pensiones sin haber hecho, previamente, los chequeos necesarios. Obviamente que a tan poco de las elecciones, todos los sectores de la oposición se hicieron un pic-nic con la “falta de sensibilidad del Gobierno”, acusando al macrismo de hacer el ajuste con los que más necesitan. 

Al fin, cuando se desata el escándalo, se generan marchas y las denuncias se viralizan en las redes y todo el periodismo pone sobre la mesa el error, rápidamente el Gobierno lo reconoce y afirma que devolverán los beneficios y seguirán revisando para ir limpiando los padrones pero con más detenimiento. Desde el punto de vista político este tipo de accionar, que bien hecho podría darle buenos réditos al Gobierno, mal hecho solo sirve para que una vez más den un paso atrás y lo que se pretende hacer pierda seriedad. En principio porque aquello que llamaba la atención positivamente al comienzo de la gestión macrista: reconocer el error y volver sobre los pasos; a más de un año y medio genera el efecto contrario, el de una gestión que, al fin, tiene buenas intenciones pero no sabe hacer las cosas.

Los padrones de beneficiarios, como es natural, debieran revisarse anualmente para acondicionarlos, eliminar a aquellos que han fallecido, dar el alta a los que se incorporan y vigilar que no haya vivos que se aprovechen de los fondos del Estado. Esto es lo que debe hacer un país normal, sin escándalos y sin errores. Lamentablemente en la Argentina normalizar estas cuestiones son para conflicto siempre, en principio porque la sociedad no está acostumbrada a los controles, pero además porque los funcionarios tampoco saben encarar correctamente estas problemáticas.

 


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