En Santa Cruz hubo privilegios pero también saqueos

La crisis en Santa Cruz escala durante la gobernación de Alicia Kirch-ner: los docentes cobran en cuotas y están enviando cartas documentos a las autoridades para percibir sus haberes en tiempo y forma. Los trabajadores judiciales lanzaron un paro de cinco días y la Corte provincial amenazó a la mandataria con aplicar una multa de 25 mil pesos por día si no giran los fondos en término. Hay una fuerte tensión social que atraviesa la provincia; mientras el kirchnerismo acusa a la oposición de fomentar el conflicto para lograr una intervención, voceros del Gobierno nacional, entre ellos el ministro de Justicia Germán Garavano, han descartado la medida. Con esto no están diciendo que no sea necesario, más bien es probable que en este caso en particular no prefieran evitar la medida porque siendo la única que gobiernan los K de paladar negro y siendo el epicentro de los Kirchner, no  quieran tomar decisiones apresuradas que puedan politizar aun más una situación de por sí caótica. Pero cualquiera sabe que, al fin, todo dependerá de que se logre normalizar la problemática. Como siempre decimos, en este país todo se mira y sopesa con el prisma de la política y con muy poca objetividad. Y este es otro caso que lo ejemplifica: si se hace lo que sería conveniente, la mirada política menoscabaría la intención.

Alicia Kirchner, en medio de los paros y las protestas diarias, afirma que recibió una provincia quebrada. Toda una paradoja. Hablamos de la provincia que atendió directamente el matrimonio presidencial por los últimos 30 años, primero como gobierno y luego desde la presidencia. Por eso es que la idea de que Santa Cruz esté en esa situación es difícil de digerir. Fue la más privilegiada durante el gobierno kirchnerista para el envío de fondos, no solo en ATN y transferencias diversas, sino también para la concentración de obras viales. Si así y todo Alicia admite haber recibido una provincia quebrada, ¿cuán mal administrada ha sido o cuánto se han robado? Respecto de lo segundo, de acuerdo a los casos de corrupción que se ventilan, además de haber sido la más beneficiada también parece haber sido la más saqueada.

La Justicia investiga 52 contratos que desde 2007 a 2015 se otorgaron a Lázaro Báez en el sur por 46.000 millones. Sin olvidar los más de 670 millones de dólares de regalías que recibió de Repsol YPF en los 90. El despropósito del saqueo ha llevado a los Kirchner a robar en su propia casa, a sus vecinos más cercanos, algo que ni el más desprejuiciado caco hace. 

En fin, ahora las arcas están vacías y la gobernadora cuestiona a la Casa Rosada por el “retraso en la ayuda financiera”. La creencia de muchos es que el macrismo le retacea ayuda para perjudicar a la provincia kirchnerista por excelencia. Pero los números, que no son opinables, ubican a Santa Cruz entre los distritos más atendidos con el envío de fondos y que en 15 meses recibió 11.599 millones. Esto equivale  a unos 25 millones diarios que salen de las arcas de todos hacia Santa Cruz. Los anticipos de coparticipación se los giran los primeros días del mes para que pague sueldos, pero Alicia Kirchner afirma que la provincia no tiene fondos y lo que envían no le alcanza.

La necesidad que pueda tener la gobernadora no se niega, ¿pero qué se está haciendo administrativa y financieramente en la provincia para salir del quebranto? ¿O será que la Nación tendrá que asistirla in eternum?

¿Cómo se administra en Santa Cruz, hoy, en vistas al desastre que se ve?

Hay provincias mucho más pobres, en relación con sus recursos propios y demografía, y sin embargo hacen malabares con sus propios fondos y lo que les envían como coparticipación. Pero en el caso que nos ocupa, los fondos parecen ir a un pozo sin fin. 

Aquí y en cualquier lugar del mundo, y sin romper con la autonomía, una situación como la que se vive en Santa Cruz ameritaría una intervención, al menos una fiscalización de su economía, para saber cómo se están haciendo las cosas y cómo se utiliza el dinero que a diario se manda desde el gobierno central, que tanta falta hace también en otros aspectos.

Para estos casos de provincias quebradas hay un camino establecido: ingresar al programa de financiación sustentable al que se suman muchas regiones del país. Y nuevamente aparece la política haciendo su juego: para acceder, Santa Cruz debe derogar la Ley de Lemas, un sistema que facilita que un dirigente que no sea el más votado termine resultando electo gobernador, por la suma de los lemas que se presentan en cada signo político. Así llegó, sin ir más lejos, la actual gobernadora al sillón del poder en Santa Cruz. Es una práctica que no quieren dejar y así seguimos, girando y girando dinero al sur.

Lo concreto es que pese a esta ayuda extraordinaria que recibe, la gobernadora hace meses no logra pagar los salarios en tiempo y forma. El último mes lo hizo en tres etapas. En la oposición aseguran que la plata no alcanza por una desmesurada planta pública, la caja previsional y jubilatoria, y la pérdida de fondos por la corrupción. En ese clima, los reclamos, los paros y el malestar social no hace más que escalar, a lo que se suman masivas marchas reclamando soluciones. En Santa Cruz, a diferencia de otras provincias, el reclamo va más allá de la paritaria de este año para buscar un mejor nivel de salario, están luchando para cobrar el salario.

El panorama de Río Gallegos es escandaloso, está la carpa de trabajadores judiciales en huelga, los jubilados que hace 19 días ocupan la Caja de Previsión en reclamo del pago de los haberes jubilatorios de marzo, los docentes acampando en el ingreso a la Gobernación. Los Padres Autoconvocados recorren las calles por el inicio de clases en Santa Cruz. Los docentes, los judiciales, los trabajadores de la salud se encuentran de paro por la falta del pago de los salarios de marzo y están previstas nuevas protestas callejeras para estos días. 

Frente a este escenario y si los fondos que se giran desde la Nación, que son de todos nosotros, no resultan mínimamente administrados y la provincia está virtualmente incendiada, la lógica sería que desde la Casa Rosada se monitoreara el uso de semejantes partidas que recibe la provincia. Recordemos: son 25 millones por día desde hace 15 meses. ¿Caben dudas de que algo no se está haciendo bien en Santa Cruz? El problema es que la palabra intervención es políticamente incorrecta. Ya lo hemos planteado en otros comentarios, hay términos que tienen una connotación negativa en la sociedad por historia o por mal uso. En este caso, una intervención sería lo mejor que le podría pasar al pueblo de Santa Cruz y a la propia gobernadora. Una intervención entendida como una auditoría que baje hasta Río Gallegos y revuelva todo, desprovista de los intereses que suele haber en juego entre quienes están en la gestión, hasta lograr una reingeniería que deje a la administración funcionando como es debido. Pero la realidad es que estamos atravesados por la grieta política entonces, una medida procedente de este tipo sería presentada y vista como un hecho político: el macrismo pretende intervenir la única provincia que gobierna el kirchnerismo en un año electoral.

Lo cierto es que si no lo hace el Gobierno nacional, será Alicia Kirchner la que tendrá que reestructurar las instituciones y buscar el modo de volver a la normalidad. Si no lo logra, por colapso el Gobierno nacional tendrá que actuar en consecuencia, asumiendo la responsabilidad de reorganizar una provincia que parece estar estallando en el aire.

Los años de privilegios económicos pero acompañados de saqueos han dejado a Santa Cruz en estas condiciones, como una derivación más de las tantas que vemos que deja la corrupción y la mala administración.