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Editorial

En Brasil el “lava jato” jaquea a la clase política, en Argentina el combate es selectivo

En medio de una tormenta que lleva casi dos años en Brasil, un nuevo escándalo político de consecuencias impredecibles estalló y amenaza la supervivencia del gobierno de Michel Temer, que asumió el poder hace apenas un año, tras el polémico impeachment a Dilma Rousseff. No podemos decir que la ciudadanía se pueda sentir sorprendida, ya que a medida que esta suerte  de “mani pulite” comenzó, la dirigencia de todos los partidos apareció involucrada. Las manos sucias de funcionarios y legisladores coimeros, a medida que la Justicia fue avanzando, fue saliendo más a la luz. 

En este caso, que toma mayor relevancia porque se trata del presidente -cuya legitimidad es además relativa ya que su arribo al cargo viene atado al juicio a su antecesora, que estuvo plagado de operaciones y escondrijos- los dueños del frigorífico JBS aportaron a la justicia audios y videos que demuestran que en marzo el mandatario avaló el pago de millonarios sobornos al detenido expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para comprar su silencio y preservar así al Palacio del Planalto ante una eventual delación suya en el marco de la operación anticorrupción “lava jato”. No podemos olvidar que, además, el presidente le debe su cargo a Cunha, quien fue el “arquitecto” de la caída de Dilma y el ascenso de Temer.

Al fin los directivos de la mayor compañía procesadora de carnes del mundo, Joesley y Wesley Batista, sellaron en las últimas semanas un acuerdo con la Procuraduría General de la República, que debe ser aprobado por el Supremo Tribunal Federal, para revelar los intentos del gobierno de Temer por contener las investigaciones anticorrupción.

Entre las pruebas más comprometedoras se encuentra una grabación hecha el 7 de marzo por los ejecutivos en el Palacio do Jaburu -residencia de Temer- en la que discuten con el presidente los montos de dinero que la empresa pagaba a Cunha y al operador político Lucio Funaro para asegurarse que no revelaran las corruptelas dentro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Según Joesley Batista -que registró toda la conversación con un grabador personal escondido- cada semana y por un plazo de 20 años (la condena de Cunha es a 15 años de prisión) se desembolsan 500.000 reales (unos 160.000 dólares) para garantizar que el apresado no abra la boca.  Es decir que el precio que puso Cunha por su estadía en la cárcel y por bancársela solo, sin implicar a nadie más, alcanza la suma de poco más de 166 millones de dólares. La ambición del expresidente de los Diputados es tal que al aceptar el trato no midió que los ataúdes no tienen bolsillos. Además de que la dignidad y el poder disfrutar de la libertad y los afectos no tiene precio.

Hecha esta apreciación, y volviendo al escándalo en sí mismo, la aprobación que el presidente da a esas coimas lo colocan en una delicadísima situación judicial por respaldar un crimen durante el ejercicio de su mandato. Hasta ahora, las derivaciones de la operación “lava jato” habían puesto a Temer como investigado de ser supuesto beneficiario de sobornos de la compañía Odebrecht, pero antes de que asumiera el poder, el 12 de mayo de 2016. Tan repudiable una como otra situación, pero sin dudas este acto en plena presidencia lo complica mucho más.

En términos callejeros, lo cierto es que a Temer “le hicieron una cama”. Porque para que exista el delito de cohecho, son necesarias dos partes que consienten el delito, por lo que la conducta de la firma JBS también es repudiable. Pero por el motivo que fuere (supongamos que por bien de la patria), los ejecutivos de la compañía decidieron poner punto final al trato y buscaron un acuerdo de delación premiada (el arrepentido al que se le agradece la información con algún beneficio). En estas condiciones, con este arreglo judicial ya hecho, es que grabaron a Temer. Fue gracias a ese entendimiento con la Procuraduría que la Policía Federal pudo filmar cuando una valija con 500.000 reales de coimas fue entregada al diputado Rodrigo Rocha Loures, que había sido indicado por Temer para recibir los pagos. El dinero había sido previamente marcado y fue rastreado fácilmente.

Decíamos que en Brasil, sumergido en este proceso de tipo “mani pulite”, nadie está indemne: las revelaciones de los empresarios también alcanzaron al Partido de los Trabajadores (PT). En las declaraciones de los empresarios, quien antes se encargaba de estos traspasos de dinero ilegal era Guido Mantega, exministro de Economía de Lula y Dilma. Además de estas acusaciones, Lula ya cuenta con una situación judicial  compleja y no se descarta que pueda terminar preso.

Así las cosas, si cae Temer -lo que es una probabilidad a pesar de que ayer por la tarde dijo públicamente que no renunciará- hay un enorme vacío de liderazgo en Brasil, además de un vacío de políticos honestos. No se vislumbra por el momento, ni entre los analistas ni en el pensamiento colectivo, quién podría tomar las riendas del país. Están todos manchados por igual. 

En la Argentina ¿podríamos pasar por una situación similar? Con total seguridad pero tendrían que darse condiciones que por el momento no hemos visto. Primero, empresarios que, previo a admitir su parte de culpa, denuncien formalmente y con nombre y apellido, eventualmente con algún video como el caso Brasil, si están encuadrados en una situación de cohecho. Segundo,  la respuesta es preocupante, si la  Justicia deja preocuparse por congraciarse con el gobierno de turno. Tercero, si los funcionarios que ven lo que pasa, hablan. Para que ello suceda, todos tendrían que estar dispuestos a perder algo en el camino. Justamente lo que sucede en Brasil es que a esta altura, políticamente hablando, ya nadie tiene nada que perder, todo está perdido, y por eso hablan sin tapujos los funcionarios y legisladores, y la Justicia actúa ágilmente. 

En nuestro país no sucede lo que en Brasil porque todavía hay gente que tiene mucho que perder ante un eventual sinceramiento. Por eso el combate a la corrupción es “selectivo”, con magistrados que cuidan muy bien sus intereses y saben a quién “conviene” acusar y a quién no. De lo contrario no estaría preso sólo Lázaro Báez que era, al fin, un empresario privado, y no se ha procesado por la causa de la obra pública al máximo responsable, el ministro Julio de Vido, hoy diputado nacional. La ruta del dinero K, tiene hijos y entenados.

La otra cuestión, que no es menor, es que precisamente como la Justicia brasilera quiere ir a fondo, ha utilizado a destajo la “delación premiada”, la figura del “arrepentido”, que aquí ofrece resistencia absoluta en la política y hasta entre los mismos jueces. Quizá porque cualquiera imagina que si se aplicara esta figura judicial y se comienza a tirar de todos los hilos de la corrupción, funcionarios, legisladores y empresarios caerán irremediablemente en una suerte de “lava jato” a la argentina, donde no se salvarán figuras de todos los partidos.

 

Evidentemente es una enorme decisión, en este caso, judicial hacer una limpieza a fondo de la corrupción en la Argentina, descontando que no será la clase política la que accione en esta circunstancia, como sucedió en Brasil. Ahora, si en un tiempo vemos que en el país vecino el “lava jato” transformó esta enorme crisis de hoy en una oportunidad para cambiar el modo de hacer las cosas, ¿podría haber un magistrado argentino que imitara el ejemplo?