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Solamente el 18 por ciento de la población activa de nuestro país trabaja en el mercado privado registrado, sumando asalariados, monotributistas y autónomos; es mucho menos que en países como Chile (33,5 por ciento), EE.UU. (38 por ciento) o Australia (39 por ciento). El 82 por ciento restante se divide entre un 42 por ciento de empleados públicos y el resto que se mantiene en la informalidad.
Hay muchos factores que explican esto, pero uno es el alto costo laboral, que no está justificado en el ingreso que efectivamente recibe el trabajador; de hecho poco tiene que ver con lo que cobra “de bolsillo”.
En la Argentina, la diferencia entre el salario que recibe en mano un trabajador y lo que este le cuesta a la empresa es de entre 70 y 100 por ciento, dependiendo del sector y del ingreso. Así, si un trabajador tiene un sueldo bruto de 10.000 pesos y se le descuentan 11 por ciento de aportes jubilatorios, el 3 de obra social obligatoria, 3 por ciento para la Inssjp (Pami), 2 por ciento para el sindicato y 2,5 por ciento de “aporte solidario” a la obra social del sindicato, el trabajador recibe 7.850 en mano. Pero aparte de eso, la empresa paga un 27 por ciento del sueldo bruto por cargas patronales (jubilación, obra social, Ley Nº 19.032 Inssjp y cuota solidaria). Entonces para que el empleado se lleve 7.850 pesos, la empresa pone $ 12.700. Pero los detallados no son todos los costos laborales: hay que sumar hasta un 14 por ciento de ART, 7,2 por ciento de seguro de vida y 12 por ciento de régimen de asignaciones familiares. Con lo que se adiciona hasta un 33,2 por ciento más, es decir, 3.320 pesos más. Se podrían sumar otros costos fiscales que incluyen las tasas por empleado que cobran algunos municipios y otros impuestos que debe pagar la empresa por la producción de un trabajador extra.
Sin dudas que corresponde contratar un seguro de riesgo de trabajo pero debería estudiarse por qué en la Argentina puede llegar a costar hasta 10 veces más que en algunos países limítrofes. Además, hay otros costos del empleo formal, difíciles de monetizar, que tienen que ver con la legislación laboral. Por ejemplo, que los delegados gremiales pueden faltar sin justificación a su trabajo o directamente no concurrir sin ser despedidos. Ello, a la par de que el ausentismo en general es muy alto en relación con los de países vecinos, es otro costo que debe asumir el empleador, ya sea el reemplazo o la merma en la producción.
Los juicios laborales son otro de los factores que inhiben a la contratación de personal. Tal es la incidencia en nuestro país, que muchas empresas ya los consideran parte de las deudas contingentes por cada empleado. Porque, sabido es, en caso de ocurrir algún juicio laboral los empleados tienen altas posibilidades de ganarlo, tengan o no razón. Así, muchas Pymes se abstienen de aumentar su personal, por el riesgo que implican los conflictos laborales. Al contrario, se busca crecer invirtiendo en más tecnología que ahorre mano de obra.
Está claro que las leyes que supuestamente vienen a proteger a los trabajadores no siempre tienen ese efecto. De hecho, de todos los descuentos que percibe el asalariado en su beneficio directo presente y futuro (obra social, jubilación), la contraprestación efectiva suele ser ineficiente. Así vemos que el asalariado, apenas está a su alcance, busca protegerse con una prepaga e invierte (incurriendo en privaciones) para el momento de su retiro. Y con los aportes de trabajadores y patronal que van al sistema público en general, sucede lo mismo y la muestra más palmaria es la educación, que año a año registra una mayor migración de establecimientos públicos a privados.
Eso por parte del asalariado. Ahora, del otro lado es fácil imaginarse que ningún empleador pagará más a un trabajador de lo que este produzca; porque, si no, lo haría a pérdida. O sea que el sueldo que alguien cobre será el remanente luego de deducir todo el costo extra salarial, aunque figure como carga patronal. Cuanto mayor sea el costo, menor el salario y, además, menos probable que se generen puestos laborales en blanco, ya que solo se crearán los que sean de alta productividad. Es decir, habrá más desempleo e informalidad. De hecho, hoy hay más de cinco millones de personas “en negro” y muchas que ya no intentan buscar trabajo.
Esta realidad del mercado laboral formal no es reciente sino que viene de muchos años, lo que ha puesto a la Argentina en una tendencia declinante de más de 40 años. Porque es el empleo estable lo que lleva a una mayor igualdad por vía de la movilidad social. No los planes del Estado. Con un plan se sobrevive pero no se progresa, ni la persona ni el país, sencillamente porque no está asociado a la productividad. Además de sobrecargar el gasto público de una manera ineficiente, necesaria por momentos de manera puntual, pero ineficiente a los fines del crecimiento individual y colectivo.
Por eso el sector privado, el empresario, el sector patronal, debe ser visto como un aliado del Estado y debe ser tratado como tal y no ser castigado, alentado y no hostigado, estimulado de todas formas y no presionado por todos los costados. Un país con un amplio sector privado, capitalista e inversor es más proclive a la igualdad, aunque alguna retórica partidaria sostenga que el capital es el enemigo al que hay que combatir. Estas generalizaciones, como hablamos en otras oportunidades, son falaces y peligrosas. Los pensamientos radicalizados no sirven porque no construyen sino todo lo contrario, destruyen.
Argentina era uno de los países con mayor igualdad. Ahora hay otros que mejoraron mucho más y nos ubicaron “al final de la tabla”, diría un apasionado del fútbol. Sucede que los gobiernos y nosotros, con nuestras actitudes como civiles y contribuyentes, nos hemos dedicado a construir un país subdesarrollado. Hay muchas cosas que nos llevaron al lugar donde estamos. Hay también un deterioro institucional por la existencia de partidos políticos que tienen miradas de corto plazo, con grupos de poder que van tomando partes del Estado de manera alternada y ocupan posiciones solo para tomar más poder.
En los últimos cuatro años el empleo privado ha estado estancado o declinando. Solo creció el empleo público, pero es solo el privado de calidad el que genera riqueza. Medidas como la Asignación Universal por Hijo son paliativos, así debieran considerarse, no son una solución estructural de largo plazo. Porque perpetuadas, en realidad, aumentan la inequidad, que crece a su vez con las generaciones. Y la inequidad solucionada con más transferencias no se sostiene en el tiempo.
Nos falta pensar, creer en el largo plazo. A nuestros gobernantes y a la sociedad. Y asumir que el tránsito en el largo plazo puede ser muy costoso, sin placeres inmediatos. Nos han acostumbrado a que cuando empieza a doler, nos dan un paliativo de alto y breve impacto, generalmente coincidente con las elecciones. Y “tentados” por salir rápidamente del camino largo y difícil, “compramos” las propuestas cual caramelos a un zorro y votamos no con la cabeza sino con el bolsillo.
Si coincidimos es que el desafío es crear empleo productivo, hay que generar las condiciones. Y esto pasa por asegurar un razonable régimen general de desarrollo de los negocios que permita invertir a largo plazo en actividades diferentes. No se puede pensar en resolver mañana mismo los problemas de hoy; así no se puede salir de la crisis y ofrecer una perspectiva de futuro.
Las condiciones también se logran con un diálogo realista entre el sector público y el privado. Esto implica tener un objetivo en común para el corto y largo plazo. En lo corto, reducir la pobreza y como fin último, mejorar la igualdad. Porque la pobreza se puede resolver con algo más de plata pero la solución definitiva es generar más empleo. Y para esto es necesario que haya mayor y mejor diálogo. Si el Estado impone soluciones, sin dialogar, pasan cosas paradójicas. Por ejemplo, lo que pasó con la carne o el trigo durante la gestión kirchnerista.
La foto de la Argentina de hoy es un país con mucha desigualdad y poca inclusión. En un país tan amplio y diverso, las soluciones tienen que ser multifocales: algunas vendrán directamente desde el gobierno central, pero otras deben ser canalizadas por actores puntuales, con pertinencia y conocimiento de cada punto recóndito de nuestra geografía. Estos actores son las Pymes. Pensemos un momento lo que implica la existencia de una pequeña industria en pueblo perdido del NOA. Las pequeñas y medianas empresas son los primeros empleadores “en blanco”. Las grandes generan pero de calidad y poco expandidos geográficamente. Las Pymes son las interfases más importantes entre el empleo informal y el formal. Allí se necesita una reforma fiscal, eliminar regulaciones que complican la vida y aumentan los costos de estos emprendimientos.
Si bien las políticas necesarias para promover a las Pymes se esperan desde el Estado nacional o provincial, hay mucho que puede hacerse desde la órbita municipal. Por ejemplo, generar algún beneficio para que las empresas que buscan un lugar para radicarse prefieran Pergamino por sobre otras ciudades. Por ejemplo, alguna eximición impositiva temporal. Al fin, el erario municipal cobrará menos por esa vía pero pasará a tener más ciudadanos en el empleo formal y contribuyendo al Estado. En este punto la visión de la sociedad también debe ser estratégica y no a través del prisma ideológico. Por otro lado, los empresarios deben golpear las puertas de todos los políticos de este país para exigirles políticas de largo plazo. Ellos son quienes más las necesitan. Y al mismo tiempo, si hay más y mejores empresas, habrá más empleo y menos desigualdad. Hay que crear las condiciones para que haya muchas más empresas. Recordemos el dato inicial de este comentario: solo el 18 por ciento de la población trabaja en empleo formal; Chile, que es una lonja de tierra con escasas riquezas naturales productivas, tiene más del 30 por ciento. El potencial existe, pero hay que liberarlo. El Estado tiene que crear las condiciones para que aparezca la creatividad del sector privado.
