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Hoy Cristina Kirchner comienza a despedirse efectivamente de su función. Dará su último discurso de apertura de sesiones ordinarias del Parlamento. Por lo que, aunque le queden unos cuantos meses de mandato, este día tiene una carga simbólica importante.
A lo largo de sus dos mandatos los discursos de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la presidenta han sido muy extensos, haciendo gala de su nivel de oratoria. Siempre los ha utilizado como plataforma para ofrecer un balance de la gestión de gobierno pero también de anuncios de políticas futuras y de envío de proyectos de leyes.
El de hoy será su octavo y último acto de apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Ante el plenario de diputados y senadores que se reúne cada 1º de marzo, la jefa de Estado anunció, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso iniciativas trascendentales para su proyecto de gobierno como el de la reforma de la carta orgánica del Banco Central o el de unificación del Código Civil y Comercial, cosas que finalmente ocurrieron.
También suele anticipar los lineamientos políticos y económicos de su gestión, arengar a los legisladores propios, desafiar a los ajenos mientras expone hacia donde encaminaría ese año la política legislativa.
El año pasado, por ejemplo, la mandataria avisó que enviaría al Congreso un paquete de proyectos de ley “que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”. En septiembre, esas propuestas se convirtieron en ley.
Y obviamente, en cada oportunidad, la presidenta repasó cada uno de los logros alcanzados desde los distintos ministerios.
Desde uno de sus discursos de apertura en el Senado, Cristina anunció que enviaría proyectos como el de reunificación del Código Civil y Comercial o la reforma del Código Penal, para la cual se creó una comisión de trabajo conformada por juristas de distintos sectores.
También desde allí anunció en 2013 el envío de otro proyecto que afectaría los intereses del poder judicial cuando afirmó que impulsaría uno para que “la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo” porque “ni los jueces ni los abogados tienen coronita para ser elegidos entre ellos”. Esta propuesta naufragó ante la negativa cerrada del foro y fue uno de los motivos de los continuos enfrentamientos con el Poder Judicial.
Además de los anuncios de envío de leyes, la jefa de Estado siempre aprovechó el acto del 1º de marzo para referirse a iniciativas impulsadas desde el Poder Ejecutivo y convertidas en ley por el Parlamento como la estatización de Aerolíneas Argentinas (2008), la reforma del sistema previsional (2008) y la expropiación de YPF (2012).
Pero el discurso de hoy será distinto: dejará sentadas las bases de su gobierno para el año electoral. Podemos anticiparnos a que hablará de economía sólo para mencionar los logros, quizá con una alusión a los fondos buitre incluida, para resaltar que muchos candidatos pretendían pagar en condiciones adversas; seguramente, como es de rigor, tendrá su parrafada contra la prensa que critica. Un tema que ya se ha convertido en parte del relato, no porque sea irreal que haya medios que la exponen en forma negativa, sino porque ha hecho de esta circunstancia una guerra de trincheras que tiene a los ciudadanos como rehenes. De algún modo los argentinos hemos hecho un curso acelerado de interpretación de las noticias. Sabemos fehacientemente que entre las “verdades” que sostienen unos y otros, hay un gris, un término medio en el que debemos pararnos para saber qué es lo que en realidad pasa.
Por esta “guerra” sin cuartel que se desarrolla, Clarín en primer término, en segundo La Nación y empresas colaterales como la señal de cable TN, serán los blancos de su enojo.
Seguramente no hablará de seguridad e inflación, ya que son temas que aunque han estado al tope de la agenda nunca los abordó. De suceder, sería una gran sorpresa.
Y habrá para el Poder Judicial una muestra del nivel de enfrentamiento al que se ha llegado, antes del caso del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman y se profundizó aún más con la marcha del 18F, a partir de la cual la presidenta comenzó a decir que se había creado el “Partido Judicial”.
Como el Gobierno tiene varias causas, sobre todo el vicepresidente Amado Boudou, los roces con la Justicia son permanentes, aunque esta semana la presidenta tuvo la buena noticia de que el juez federal Daniel Rafecas consideró que la denuncia de Nisman no tenía asidero.
Más allá de los temas a tratar, desde el oficialismo han preparado una gran movilización, con la cual quieren borrar los recuerdos de la del 18F, o al menos hace de una demostración de fuerza similar. Volver a ganar la calle no es un acto de gobierno pero puede ser una muestra de fortaleza política en momentos en los cuales la presidenta no está precisamente fuerte y aún le quedan muchos meses para gobernar.
