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Editorial

El “intocable” De Vido, una vez más zafa de causas difíciles

En una Argentina que nunca deja de sorprender por sus malas prácticas institucionales, la Justicia tras cinco años y dos jueces al fin terminó la investigación sobre el fraude cometido en el programa de viviendas Sueños Compartidos, llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. No escapa al análisis que los magistrados esperaron a que hubiese un gobierno de signo distinto para que la causa empezara a moverse. Esta es una cuestión que la hemos visto hasta el cansancio: no importa que las denuncias sobre hechos de corrupción sean contemporáneas, ya que como un designio no escrito, la Justicia “entretiene” las investigaciones hasta que los tiempos políticos alejen a los sospechados del poder y recién entonces actúan. Lo que por otra parte posiciona a los jueces frente a los nuevos administradores de la Casa Rosada, mostrándoles cómo logran complicar a sus adversarios. De todos modos, la oportunidad en que se dan los movimientos procesales de ningún modo debe ser considerada atenuante de lo que fue denunciado. Lo que es delito, siempre lo será.

Al fin, esta semana se procesó a la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la entidad; al “bolsero” José López, exsecretario de Obras Públicas, y a otros funcionarios de esa área durante el kirchnerismo. Están acusados de haber cometido fraude contra el Estado al contratar la construcción de viviendas sociales sin licitación por casi 1.250 millones de pesos. De esa suma, las Madres cobraron 749 millones, pero 206 millones fueron desviados por los Schoklender, que se valieron de una red de sociedades para adquirir inmuebles, autos, motos y yates, y lavarlos en financieras cuyos responsables fueron también procesados.

La decisión la tomó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que entendió, además, que no hay pruebas como para procesar ni sobreseer a otros acusados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido (un tema sobre el que volveremos más adelante) y los intendentes y gobernadores que durante el kirchnerismo firmaron los convenios para construir las viviendas sociales. ¿Por qué? Porque el juez dice que el ahora diputado De Vido no aparece firmando los acuerdos y que gobernadores e intendentes recibían el paquete cerrado. Suficiente para no procesarlos, según el derecho. Ahora, ¿y el sentido común? ¿Y la cadena de mando? 

Los que tienen falta de mérito son Alejandro Granados, intendente de Ezeiza; Julio Zamora, intendente de Tigre; los exgobernadores de Chaco Jorge Capitanich; de Santiago del Estero Gerardo Zamora; de Misiones Maurice Closs, y el actual de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el exintendente de Almirante Brown y actual diputado Darío Giustozzi.

Esta causa se inició en 2012, cuando estallaron las peleas entre los hermanos Schoklender y luego entre ellos con Hebe de Bonafini por los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que construía vivienda. El entonces juez federal Norberto Oyarbide los procesó, pero la Sala I de la Cámara Federal anuló todo y apartó al magistrado. Al fin, gobernaba el kirchnerismo, así que no parece haber sido el momento “prudente” para avanzar sobre este escándalo. Se juntó el caso con otro donde Martínez de Giorgi investigaba a intendentes y gobernadores que habían contratado los programas de las Madres. En la lista había dirigentes kirchneristas, de PRO, el socialismo y el Frente Renovador que habían firmado convenios para que se hicieran programas habitacionales en sus distritos. El juez concluyó que de los 749 millones de pesos que recibieron las Madres para las obras, se habían desviado 206 millones que corresponde a la deuda de cargas sociales de la Fundación. Configurándose aquí una estafa de proporciones además de un real perjuicio para los empleados. Además de una situación perversa, por tratarse de una organización señera de los derechos humanos robándose jubilación y salud de los asalariados.

El juez sostuvo que los funcionarios nacionales digitaron la adjudicación de los proyectos, pues no hubo licitaciones. Es decir, que ya en esta instancia hay delito. Pero al mismo tiempo que se admite esta situación, Julio de Vido, máximo responsable de la cartera, es dejado fuera del planteo. El juez entendió que Sergio y Pablo Schoklender en nombre de la Fundación de las Madres gestionaron los fondos y luego los desviaron, en connivencia con terceros que lavaron ese dinero. Y es probable que en este punto el magistrado tenga toda la razón. Sin embargo, dejar afuera tan livianamente al ministro de Planificación Federal no parece lógico, ni siquiera desde el punto de vista legal, donde hay muchas leyes que parecen ser materia opinable en la Argentina. Los intendentes y gobernadores quedaron fuera del caso porque se estableció que “era una condición excluyente e impuesta” desde el gobierno kirchnerista la contratación sin licitación con las “Madres” si querían las casas y el financiamiento. El juez sostuvo que los fondos desviados fueron a parar a mutuales y empresas agropecuarias que canjearon los cheques y lavaron la plata. También, que hubo extracciones de efectivo de Sergio y Pablo Schoklender y transferencias de personas ligadas a su entorno. Es decir, hay un sinfín de situaciones anómalas compradas por la Justicia. Y en paralelo, la informalidad y el desmanejo de una Fundación dotada de prestigio pero vacía de eficiencia, criterio y pertinencia con las actividades que desplegaba. 

Por otra parte, el juez considera que Bonafini avaló y consintió esa actuación, al haberles dado a Sergio y Pablo Schoklender un “amplísimo poder” y porque aprobó en su calidad de presidenta de la entidad, los irregulares balances de la institución. Además, autorizó  la tercerización a la empresa Meldorek de los servicios que habían sido contratados directamente a la Fundación; es decir, le dieron plata para hacer algo que finalmente delegó en otros particulares que resultaron ser los propios apoderados de la entidad cedente. Todo un despropósito que el Estado financió, avaló y dejó hacer. Y lo hizo desde un lugar puntual: el Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido. Sin embargo, el funcionario kirchnerista ahora devenido diputado con foros mal entendidos, termina saliendo hasta ahora bien librado, como si tuviera un manto de indemnidad que no alcanzó a ninguno de los miembros del Gabinete muchos de los que están contra las cuerdas en la Justicia, su segundo López está preso y la misma expresidenta acorralada por causas que la pueden llevar, incluso, a la prisión. 

La impunidad de De Vido, que no dudamos tiene mucha habilidad para el manejo administrativo a fin de la letra de la ley no lo alcance, lleva a la sospecha que quizá el funcionario tejió lazos muy fuertes con empresarios muy poderosos de todos los sectores políticos y al fin así pudo lograr una protección, hasta el momento, casi total. ¿Muchos temen que De Vido eventualmente si fuese procesado hable más de la cuenta?, ¿Conoce el funcionario los trapos sucios de tantos efectores de la obra pública -donde hay cercanos al poder actual- que a nadie le conviene tocarlo?

 

Todos estos interrogantes no tienen por el momento una respuesta oficial, pero la verdad es que algo de lo que nos preguntamos quizás explique tanta protección al “intocable” De Vido.