Editorial

El “abuso” de los desdoblamientos electorales y sus consecuencias


Seamos claros: el cronograma electoral, extendido y desdoblado por provincias, responde a intereses políticos distritales. Por un lado están aquellos a quienes les conviene el arrastre nacional y por otro, a quienes les interesa que su elección no se contamine o mezcle con la nacional.

Salvo una que otra provincia peronista como Salta, donde el Frente para la Victoria ganó cómodamente, son las provincias con mayoría opositora las que quieren desdoblar como sucedió en Santa Fe, donde la administración es socialista y en Mendoza donde el peronismo había perdido terreno. Y obviamente la Ciudad de Buenos Aires, histórico bastión antiperonista.  

El federalismo electoral, que surge del artículo 122 de la Constitución, alcanzó límites de abuso en estos comicios porque hay elecciones desdobladas en 19 de las 24 provincias, lo que obliga al ciudadano a votar hasta seis veces. Y que se genere un gasto seis veces mayor en cada provincia que desdobla elecciones. Hay municipios que han separado sus elecciones comunales de las de sus provincias, además en algunas como Salta hay voto electrónico, en otras como Jujuy, Formosa o Santa Cruz tienen ley de lemas, en las otras regiones no.

En realidad, el federalismo no es para que cada mandatario desde los municipios a las provincias haga de las elecciones un traje a medida, y especule con lo que le conviene en cada caso, adherir, desdoblar, hacer boleta única, mantener la ley de lemas, voto electrónico, voto sábana. En fin todo termina transformándose en un carnaval del que muchos sacan ventajas. La Cámara Nacional Electoral expresó en numerosas oportunidades los problemas que esta dispersión electoral provoca, además del derroche de dineros públicos.

Estos desdoblamientos, absolutamente legales como dijimos, perjudican la logística electoral, cada vez más fragmentada y aparecen fenómenos como el de Santa Fe, que volvió a sus épocas más oscuras de fraude electoral. Aún no sabemos por cuánto ganó Miguel del Sel, tampoco cuánto sacaron el socialista y el radical que iban separados y cuánto reúne el Frente para la Victoria. Quedaron más de 200 mil votos “olvidados” en el escrutinio provisorio. 

A propósito de este caso, y como ya hemos comentado en anterior artículo editorial: ¿es comprensible que aún estemos votando con un papel que luego es recontado a mano e informado mediante un telegrama? No pero es posible. Por la misma razón que hay elecciones desdobladas: interés político. Si se introdujera el voto electrónico, ¿qué sería de las listas sábanas? ¿Qué sobre cerrado con la boleta adentro llevarían quienes siguen siendo llevados a los centros de votación? ¿Cómo se lograría el voto de los muchos fallecidos que aún “cumplen” con el deber cívico? En fin, se acabarían varios rebusques de nuestra ilustrada dirigencia, que florece en ideas si de sumar sufragios se trata. 

Esas irregularidades que se detectaron el domingo pasado en Santa Fe, pusieron en guardia a la Justicia Electoral, a funcionarios del Gobierno y a dirigentes del oficialismo y de la oposición. La preocupación es que aquel escándalo se replique en otras provincias que, al igual que Santa Fe, decidieron desdoblar la fecha de sus elecciones locales. Ya que al no contar con la apoyatura de la Justicia Electoral Nacional, el derecho del votante no esté plenamente garantizado. Y si bien este organismo no reniega del federalismo, advierte que debe haber una mayor coordinación entre la Nación y las provincias para que se garanticen ciertos estándares de equidad y de transparencia en todo el país porqué si violamos las reglas de oro de la democracia, como es la voluntad del votante, le estamos quitando su herramienta fundamental y su derecho político más básico.

En la Argentina, las elecciones provinciales y nacionales se celebraron la mayoría de las veces en una misma fecha y bajo un mismo sistema de votación. Para ello, se conforman juntas electorales nacionales en todo el país, integradas por autoridades judiciales federales y provinciales. Es decir que en distritos con elecciones simultáneas ambas competencias actúan en conjunto. Sin embargo, en las provincias con elecciones desdobladas sólo funcionan los tribunales electorales provinciales, por lo que están más expuestas a riesgos, problemas y los tejes y manejes que siempre se intentan son más posibles. Hay dirigentes que temen que muchos tribunales provinciales estén influidos por el poder político de los gobernadores. Esto explica por qué no quieren ir a elecciones simultáneas con la Nación: primero, por conveniencias partidarias personales y, sobre todo, porque perderían el control del proceso electoral.

Es indudable que necesitamos que en elecciones simultáneas, pero sobre todo en las desdobladas, se logre garantizar absolutamente la calidad del derecho que asiste a los ciudadanos a la hora de emitir su voto. Si todas las elecciones, nacionales, provinciales y municipales coincidieran en una misma fecha, se facilitaría el escrutinio y se evitarían eventuales manipulaciones. Porque además, cuando se trata de elecciones desdobladas, la decisión de la Justicia Electoral provincial no es apelable luego ya que cuando se firman las actas de los escrutinios definitivos, no hay revisión posible.

Al ser tan “aprovechada” la descentralización en materia electoral se producen otras problemáticas: hay una enorme superposición de normas electorales, tanto a nivel nacional como provincial, que provoca confusiones y conflictos en la administración electoral y en el sistema de partidos. Ni siquiera en todas las provincias está permitido el voto a los 16 años, como sí en la elección nacional. 

En el caso de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Pergamino, al realizarse en forma conjunta con las elecciones nacionales, las provinciales y las locales, se realiza un gasto en las Paso y otro en los comicios generales solamente y se ordena la jornada con todas las garantías. Y esto debiera suceder a lo largo y a lo ancho del país, pero en estas cuestiones, nadie es tan inocente como para no saber la importancia que tiene en una región manejar la Junta Electoral Provincial sin trabajar en forma conjunta con el control nacional.


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