Editorial

Desarrollo y violencia, una relación inversamente proporcional


La violencia, como un espiral sin fin, azota a distintas regiones del país: Rosario, provincia de Buenos Aires, Córdoba, por mencionar algunas. Ya no se trata de inseguridad entendida en términos de robos, hurtos o entraderas. Aquí nos enfrentamos a la muerte, a asesinatos en plena calle, a los enfrentamientos de bandas narco que dejan víctimas inocentes en el camino, a ladrones que tiran a matar.

La inseguridad es un reto compartido y un obstáculo para el desarrollo social y económico del país. Pero no basta sólo con medidas de control del delito; para una reducción duradera de la inseguridad hacen falta políticas orientadas hacia la mejora de la calidad de vida de la población, con prevención del delito y la violencia por medio de un crecimiento incluyente, instituciones de seguridad y justicia eficaces, además de medidas para estimular la verdadera inclusión social, que es la que nivela para arriba y no la que meramente sostiene un estadio de pobreza y perenne necesidad de asistencia del Estado.

En la última década Argentina ha sido escenario de dos grandes expansiones, la económica pero también la delictiva. Pese a las mejoras sociales, toda la región sigue siendo la más desigual y la más insegura del mundo. Mientras los índices de homicidio disminuyen en otras partes del mundo, el problema ha aumentado en América Latina, que registra más de 100 mil asesinatos cada año, llegando a superar un millón de asesinatos entre 2000-2010. Esto en el promedio general, pero en nuestro país, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), la tasa es mayor a los 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes, nivel considerado epidémico. 

No hay una solución mágica para la inseguridad ciudadana pero este grave problema sí tiene remedio y requiere visión y voluntad política de largo plazo. La inseguridad impacta en al menos tres dimensiones del desarrollo humano: la persona, la cohesión social y las instituciones democráticas. Hace falta un acuerdo entre Gobierno, partidos políticos y sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado. 

El aumento de las expectativas de consumo y la falta de movilidad social impulsan lo que se denomina un “delito aspiracional”: aquel que delinque para obtener lo que desea y no puede obtener por una vía legal. Además, las transformaciones causadas por el crecimiento urbano acelerado y desordenado, así como los cambios en la estructura familiar y deficiencias en el sistema escolar han generado condiciones que inciden en la criminalidad. El porte de armas de fuego, el consumo de alcohol y el tráfico de drogas, sin ser sus causales, también impulsan el delito sin que el Estado haya logrado ponerse a la altura del desafío de la inseguridad: la corrupción y la impunidad, así como la falta de proporcionalidad en las sanciones, han mermado su efectividad y legitimidad.

Reformar las instituciones básicas de la cadena de justicia—policía, jueces, ministerio público y cárceles—es esencial para responder a la inseguridad ciudadana, con énfasis en reestructurar los procesos de contratación, administración y profesionalización de los funcionarios para lograr una seguridad ciudadana efectiva y respetuosa de los derechos humanos. Hoy es muy bajo el nivel de confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia. 

Hay una “pata” de este flagelo que, además de no funcionar como debiera, echa por tierra la labor de los otros involucrados en la lucha. Es el sistema penitenciario y todo lo que refiere a la sanción y corrección del delincuente. Las deficiencias institucionales y estructurales de la policía y los tribunales, la sobrepoblación carcelaria y el abuso de la prisión preventiva por las dilaciones de la Justicia son retos clave. Además, la función rehabilitadora de los sistemas penitenciarios no ha sido priorizada, las cárceles se han vuelto espacios que potencian la violencia, los abusos de los derechos humanos, las redes criminales y la reincidencia delictiva. Asimismo, la percepción de los ciudadanos del encarcelamiento como solución a los problemas de seguridad ha limitado el avance de reformas para reducir la población carcelaria, adoptar medidas alternativas y fomentar la reinserción social. Sin esto último, y con las cárceles como están, quedamos inmersos en un círculo vicioso sin solución de continuidad.

Según los vecinos, se escucharon al menos tres detonaciones. Uno de los asaltantes quedó tirado en el piso con un tiro en el pecho y el otro logró huir, aunque también estaba herido de bala. La primera reacción que tuvo José fue subir a su vehículo y marcharse de ahí. Buscó asesoramiento con un abogado y se presentó a la Justicia.

Es el Estado el que tiene el monopolio de la fuerza y el deber de proteger a los ciudadanos. Pero en la calle, la gente, siente una ausencia en este sentido. Y en algunos casos, ante la impunidad delictual terminan haciendo justicia por mano propia.  Porque se subvierte el derecho del vecino que siente que su seguridad depende de su responsabilidad, ante la inacción de las autoridades.

Es precisamente a donde no se debe llegar, es el punto de inflexión para comprender que la seguridad se la debe tomar en serio y no vemos que los candidatos presidenciales, que vamos a elegir en octubre, hagan el hincapié suficiente en esta problemática tan seria que estamos teniendo en la Argentina. En términos de violencia, delito y drogas las cargas no se acomodan solas en el camino, hay que trabajar seriamente, capacitar efectivos y controlar las tareas para lograr niveles de eficiencia, utilizar la mejor tecnología, tener cuadros policiales especializados. Pero sobre todo, cortar con el círculo vicioso: que se rehabiliten quienes delinquieron y que las nuevas generaciones no ingresen a este mundo. Para ello, el bienestar de la ciudadanía es indispensable. Esto significa que además de poder comer y cobijarse, todos los argentinos puedan acceder a los medios para procurarse lo que ansía. El primer y elemental medio es una educación pública de calidad, competitiva. El segundo, trabajo genuino, que proveerá otro sector de la población que necesitará políticas económicas claras y progresistas que lo incentiven a invertir y así hacer crecer su producción a fuerza de creación de nuevos puestos laborales. Lo demás, prácticamente, vendrá por añadidura.   

 

 

 

 


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