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Tomando como referencia la historia política de nuestro país, contrario de lo que se esperaría de un presidente que logró un triunfo tan holgado en las principales provincias del país, Mauricio Macri decidió convocar a una cumbre de sectores con la presencia de gobernadores, dirigentes de la oposición, empresarios, gremios y miembros de la Justicia, con los que buscará consensuar leyes clave que, entiende, necesita la Argentina. Será el próximo lunes, al mediodía, en el Centro Cultural Kirchner.
Hay dos cuestiones fundamentales en este asunto, además de ser un reclamo permanente que durante sus primeros meses de gestión se insistía en que convocara. La primera es que en la amplia victoria sobre Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires y el contundente triunfo a nivel nacional, se extinguió el principal temor del presidente: que un llamado al diálogo de estas características fuera tomado como un gesto de debilidad cuando aún pugnaba por garantizar la gobernabilidad. Pero la segunda cuestión, que no es menor, es que las reformas que piensa llevar adelante son tan profundas y tan estructurales que ameritan una suerte de “pacto de la Moncloa a la argentina”, para evitar que los cambios generen una conflictividad social que los haga fracasar.
Por esa razón es que además de los 24 gobernadores, Mauricio Macri citará a los jefes de los bloques parlamentarios, incluido el kirchnerismo, aunque el oficialismo cree que no van a concurrir, pero nunca se sabe. También jueces de la Corte Suprema, jefes de la CGT y a los líderes de las cámaras empresarias. La intención del jefe de Estado es plantear las reformas clave que cree que la necesita la Argentina y que planea proponer en los próximos dos años de su mandato. Un punto de roce es el tema de los intendentes, porque algunos tienen distritos que son más grandes que algunas provincias, sin embargo el problema es que no se puede invitar a todos los jefes comunales del país y algunos terminarán ofendiéndose. Sin embargo el oficialismo hizo una lista con los que tienen mayores territorios.
Es la primera vez que Macri acepta impulsar un gran acuerdo nacional y lo lógico sería que la oposición y el sindicalismo, que siempre lo han reclamado, asistieran y con buena predisposición. Sería, al menos, un gesto de coherencia e interés. Al fin si, como sostienen, “está todo mal”, esto implica que hay cambios profundos que deben hacerse y se los está invitando a ser parte de su instauración.
Para que no queden dudas de la importancia de lo que planea reestructurar, se habla de cambios en materia política, institucional y en el sistema impositivo, que son temas que ya estarían incluidos en el presupuesto 2018; además, la ley de coparticipación y la reforma educativa. En cuanto a la Justicia, el mandatario plantearía una nueva ley del Ministerio Público Fiscal, tal como adelantó el ministro Germán Garavano días atrás, y la reforma del Consejo de la Magistratura, en el marco del programa de “Justicia 2020”.
Sobre la reforma laboral, Macri consideró que “hay que ver cómo avanzar en reformas que generen más trabajo” y habló de “acuerdos sector por sector”, desestimando así una ley en general. Este estilo de ir modificando las relaciones contractuales con los trabajadores por área y competencia es quizá el mejor modo de hacerlo, porque se atiende a las cuestiones propias de cada actividad. Y además -esto no es ingenuo- es el modo de hacerlo sin tener que enfrentarse con todos los sindicatos al mismo tiempo ante cada medida que se planee tomar.
Esta cumbre será una primera aproximación a una suerte de diálogo amplio y en busca de consensos; el lunes el Centro Cultural Kirchner será el epicentro donde el Gobierno espera reunir unas 150 personas, entre los 24 gobernadores, los jefes de los bloques parlamentarios, dirigentes gremiales, líderes de las cámaras empresarias y miembros de la Justicia, como decimos.
Hasta aquí las intenciones del oficialismo, que son claramente llegar a un diálogo amplio y lograr consensos. Sin embargo no es menor que los sectores que están convocados al diálogo -y esto es lo rico pero lo difícil del asunto- tienen intereses encontrados, por ejemplo, sindicalistas y empresarios. Y en esto no hay que caer en ingenuidades, porque cada sector defenderá sus beneficios y derechos con uñas y dientes. Lo mismo con los gobernadores, cuando se toquen temas de coparticipación y se plantee lo injusto que es el reparto respecto a la provincia de Buenos Aires; cada gobernador –como ya ha sucedido- se desgañitará gritando para evitar que, eventualmente, pueda recibir menos fondos coparticipables. Los sectores judiciales defenderán a capa y espada sus beneficios y los empresarios y gremialistas tensarán la cuerda de una relación siempre difícil de llevar.
Tenemos estas prevenciones respecto de la cumbre porque la realidad nos marca el pulso de sectores a los que conocemos en su comportamiento desde siempre y será una tarea de orfebre lograr que se vayan poniendo de acuerdo. El Gobierno en este caso hace lo que debe: llamar a una amplia convocatoria al diálogo, una oportunidad para no desperdiciar. Ahora, los resultados de este gran plenario lo veremos a medida que se vayan desgranando los temas más importantes.
