Cuando nada se hace bien, lo malo resulta peor

Un terrible mes venimos atravesando en materia de violencia de género, a razón de uno por día se han registrado denuncias de abusos, vejaciones, desapariciones o femicidios.  Nos recuerda aquellos versos de T.S. Eliot que dicen que “abril es el mes más cruel, engendra lilas de la tierra muerta”. Porque precisamente son mujeres, algunas adultas, otras casi niñas, las que han muerto de una manera horrenda, violadas, estranguladas, golpeadas, precisamente en este abril y en nuestro país. El incremento de la violencia la vemos en todo su horror, hoy además expuesta a los medios en forma abierta porque se ha perdido aquella vergüenza social, sobre todo cuando se trataba de problemas de índole intrafamiliar o de “honores mancillados”. No se sabía, hace no tantos años, lo que podía suceder detrás de los muros de una casa. Y es así como las víctimas de abusos y malos tratos ocultaban su dolorosa situación. Tampoco los abusos y violaciones se daban a conocer (ni siquiera se denunciaban) en un intento (erróneo) de no sumar más deshonra a la sufrida. No se tenía en cuenta que la denuncia, el involucramiento del resto de la sociedad y el dar a conocer son la mejor vía para evitar futuras víctimas. Más en una sociedad como la nuestra, donde los resortes que deben erradicar estos males no funcionan como se espera.

Por suerte ha habido un cambio de mentalidad, y merced a los cambios en la comunicación, hoy la situación es muy distinta: la violencia se denuncia y también se conoce. Lo que puede considerarse un gran avance, en la medida que las autoridades cumplan también su rol, tanto la Policía como la Justicia, incluso los mismos vecinos pueden alertar sobre situaciones de golpes o abusos en su vecindario. Porque denunciar implica un paso adelante si se logra reducir los niveles de conflicto previniendo lo peor.

Hemos llevado luto social por muchas mujeres, aunque no siempre hemos visto el resultado esperado en la Policía y la Justicia, salvo los casos en que el femicida se entrega voluntariamente o su trabajo sucio fue tan evidente que hasta un niño se daría cuenta. Y así y todo, el criminal cuenta muchas veces con un Código Penal que le es benévolo por su desactualización, lo que junto a una discrecionalidad mal entendida de jueces y fiscales, lo que le facilita su retorno a las calles y a sus acechanzas. Entonces la sociedad termina preguntándose si hay ineficiencia o complicidad en la labor mal hecha.

La obsolescencia de ciertas normas es evidente sobre todo cuando hay hechos vinculados con nuevas formas de violencia (como el acoso cibernético), en los que por no estar encuadrados el destino del malhechor queda a expensas de la discrecionalidad de un funcionario judicial, la que muchas veces está reñida con el sentido común que impera en la sociedad.

A estas fallas técnicas y errores humanos se suman la ineficacia de nuestras fuerzas de seguridad, plagadas también de connivencias. En causas con delitos conexos como la venta de drogas, el robo y la contaminación de sectores policiales en la investigación, los crímenes ingresan en un espiral de oscuridad. Es así como nunca se pudo aclarar totalmente la muerte de la niña Candela Rodríguez, porque las misma fuerzas de seguridad  parecen haber desviado la investigación, la Justicia encarcelaba unos y otros y luego debía soltarlos por falta de pruebas. Todo el caso fue claramente arruinado, hasta llevarnos a ningún destino.

El reciente episodio de Araceli, la chica hallada muerta en San Martín, es un muestrario de cómo todo puede hacerse mal en un caso de violación y asesinato. Una suerte de mala praxis gigante que involucra a la Policía y la Justicia, en una sucesión de errores que están a la vista de todos.

Nada funcionó como debió haber funcionado y, al fin, entre la ineficacia de la fiscal, la corrupción de la Policía y los propios vecinos que, para no denunciar a los malvivientes no hablaron oportunamente sobre datos que podrían haber echado luz sobre el caso en forma más temprana, un dolor irremediable para una familia se convirtió en una tragedia inexplicable. No hubo compasión ni compromiso con la víctima ni antes ni después de muerta, porque todos consideraron que “si consumía” drogas, eso bastaba para no preocuparse por defender lo más importante que tenemos: la vida.

Es lamentable cómo agentes de la Policía de Buenos Aires quedaron en la mira de los investigadores del homicidio de Araceli Fulles ante la posibilidad de que hubieran plantado pruebas para desviar la búsqueda de la joven, de 22 años, que estuvo 25 días desaparecida. Las sospechas surgieron luego de que la madre de la joven denunció que el estuche de cosméticos de Araceli, encontrado durante uno de los rastrillajes, pudo haber sido robado por un policía que entró en su casa. Hay familiares de policías entre los implicados, y recién hace pocas horas se apresó a Darío Gastón Badaracco, de 29 años, el principal sospechoso del caso.

La fiscalía evidentemente no estaba en la pista lógica porque interrogó varias veces a Badaracco pero lo dejó en libertad sin sospecha alguna, cuando todo apuntaba en su dirección, tanto por su participación en las últimas horas en que fue vista la joven como por sus antecedentes. Tanto que fue en una casa de su familia donde apareció el cadáver de Araceli, bajo una capa de cemento y cal y se trataba de la última persona que vio con vida a la joven. Lo esperable, según dicta el sentido común, es que a una persona tan implicada se la hubiese puesto bajo custodia preventiva desde el primer contacto con la Justicia. También era potestad de la fiscal dejarlo en libertad. Y esta optó por lo segundo. De esto hablábamos cuando decíamos más arriba que los espacios que deja nuestro Código Penal para que un funcionario obre discrecionalmente son muchas veces utilizados sin sentido común. La joven ya estaba muerta y nada lo hubiese cambiado a esas alturas. Pero el hasta entonces implicado, sometido a las presiones de un exhaustivo interrogatorio, le hubiese evitado 25 días de agonía a una familia. Por eso empezamos este comentario diciendo que lo que es naturalmente malo puede resultar peor cuando no se hacen bien las cosas. 

Habida cuenta de los hechos que llevaron a este desenlace, surgen ahora los interrogantes de por qué se actuó de tal o cual manera. En los 25 días desde que desapareció, la familia de Araceli se sentía muy sola en la búsqueda; la Policía no parecía muy comprometida y no resulta extraño ahora que sabemos que el interés de las fuerzas de seguridad era ir en la dirección contraria, para no esclarecer el caso y precisamente tres policías fueron apartados de la fuerza en el marco de las investigaciones del caso.

Con este proceder judicial y policial es probable que solo por el volumen informativo y alto perfil que tomó el caso se haya logrado resolver hallando a los responsables del horrible crimen de la joven. Y a veces ni siquiera eso sucede; si no, recordemos el caso de Erica Soriano, la joven embarazada que se encuentra desaparecida desde al año 2010. A pesar de que testimonios y hechos sindicaron desde el principio su pareja Daniel Lagostena como el autor de su presunta muerte (aún no se halla el cuerpo), el sujeto estuvo en libertad dos años; fue apresado y liberado en 2012 y vuelto a encarcelar en 2016. Es fácil suponer que todo ese tiempo en libertad le sirvió para erradicar todas las pruebas, incluido el cuerpo, ya que su familia es propietaria de un crematorio. ¿Era pertinente que no se lo pusiera bajo custodia desde el minuto uno de la denuncia? Tal vez, de haberse procedido de esa manera, su familia al menos tendría el consuelo hoy de una digna sepultura donde recordarla en lugar de vivir con la incertidumbre permanente de su ausencia sin fin.

Hay otra cuestión que gira en torno a los casos de abusos, violaciones y femicidios: se llega tarde y mal en estos casos, porque solo se actúa sobre casos consumados, mientras que acosadores y violentos, algunos con antecedentes más que explícitos, pululan por allí a la búsqueda de víctimas. Lamentablemente las pocas herramientas preventivas con que cuenta nuestra legislación no evitan nada. Una persona que solo abusa (manoseo ocasional, exhibicionismo) no es plausible de ser encarcelado, por ejemplo. Es decir, hay que esperar que una joven sea violada con acceso carnal para que el sujeto sea aislado de la sociedad.  Una restricción perimetral, que es la primera medida que se suele tomar, es un llamado a que se viole el territorio sin inconvenientes. Dicho esto sin dejar fuera del planteo la discrecionalidad de los magistrados para dejar libre a violadores antes de cumplir siquiera la condena y las reincidencias son, claramente, nuevas vidas que se pierden.

Un ejemplo local de lo que planteamos está tomando estado público gracias al involucramiento, tan necesario, de la gente. Hay un acosador que viene siendo denunciando ante las autoridades por situaciones repetidas de exhibicionismo, acoso verbal, manoseos, y otros episodios de índole sexual. Se han presentado numerosas mujeres a Fiscalía por el mismo sujeto, que incluso cuenta con condenas aunque ninguna de cumplimiento efectivo. A raíz de no encontrar una solución definitiva, vecinos de nuestra ciudad recurrieron a Facebook para alertar a la población sobre la peligrosidad que implica esta persona. Lo que se entiende de este cuadro es que no hay encuadre legal para mantenerlo alejado de la sociedad, a pesar de su peligro, por lo que la gente que no está dispuesta a esperar a que finalmente viole a alguien optó por autoprotegerse de esta posibilidad alertándose unos a otros. Si las normas no prevén como aislar a un chacal como este, ¿nos queda otra alternativa más que cuidarnos entre nosotros?

Este compromiso de todos es hoy imprescindible, ya no hay más lugar para el “mejor no te metas”. No se trata de reemplazar a quienes tienen la obligación de actuar, no es una invitación a la justicia por mano propia pero sí un llamado a estar en alerta, a presionar al sistema denunciando las veces que sea necesaria para protegernos a nosotros y nuestros vecinos. Porque ya sabemos que hay un sistema penal que está obsoleto, se ven a diario las fallas en los actores judiciales y la falta de sentido común que tienen algunos magistrados en el uso de la discrecionalidad que les provee la ley. También contamos la corrupción e ineficiencia de la Policía. Frente a esta situación, solo nos resta ejercer nuestro compromiso social con el de al lado y nuestra presión ciudadana exigiendo, peticionando por nuestra seguridad, siguiendo paso a paso la actuación de nuestros fiscales y jueces. Para evitar lo evitable, para que lo malo no sea peor.