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Editorial

Cuando la palabra dicha o escrita cuesta la vida

Cuando en marzo mataron a la periodista Miroslava Breach, Javier Valdez escribió: “Que nos maten a todos, si ésa es la condena de muerte por reportear este infierno”. Y como una profecía autocumplida: a menos de mes y medio, asesinaron a Valdez.

Este asesinato que se produjo en México, en el distrito de Sinaloa -tomado por el narcotráfico, es el quinto perpetrado a un periodista en lo que va del año. Ni los corresponsales de guerra tienen hoy en día esta cruel estadística.

Fueron 12 los balazos que mataron al cronista especializado en narcotráfico Javier Valdez en Culiacán, capital del estado norteño de Sinaloa. La fiscalía afirma no tener noticias de que hubiera recibido amenazas. Sin embargo, el diario La Jornada asegura que sí las hubo. La violencia había recrudecido en el estado tras la captura y extradición de Joaquín “el Chapo” Guzmán, el líder del cartel de Sinaloa.

Son golpes al corazón, no solo de los habitantes de la ciudad tomada, sino para todos los mexicanos. Son la prueba palmaria de que no hay garantías sobre la libertad de expresión, porque el Estado no las puede dar, porque el Estado en Sinaloa, sucumbió a manos de los narcos. Si una persona pública, vinculada en lo social y político, con recursos para protegerse, como lo era Valdez, es asesinado a plena luz del día por sus dichos, ¿qué se puede esperar de los ciudadanos sin estas posibilidades? ¿Que denuncien lo que ven? 

En estas ciudades copadas por los narcos a fuerza de violencia y billetera nadie se atreve a hablar. Los que no están “comprados”, no lo hacen porque saben que corren riesgo de vida. Y las autoridades miran de reojo cómo se mueve este otro “paraestado” comandado por narcocriminales. 

Lo que está sucediendo en Sinaloa es un retrato de lo que pasó en los 90 en Medellín, Colombia, cuando Pablo Escobar asesinó sin tapujos a periodistas, funcionarios, militares, terminando por atacar a civiles a destajo, solo para que nadie se animara a enfrentarlo, ni los medios, ni el Gobierno y mucho menos un vecino común. El temible Cartel de Medellín mantuvo su régimen de terror durante más de una década en la región, bajo el lema “plata o bala”, con la cual graficaban que los funcionarios, jueces, policías o periodistas que no aceptaran trabajar a su servicio serían asesinados. Y cumplía.

En este momento lo mismo sucede en esta región mexicana, con una ola de crímenes horrendos. Sin dudas, estos periodistas que reportearon la realidad de Sinaloa y lo pagaron con su vida han entrado en la categoría de mártires y héroes. Sus muertes seguramente quedarán impunes por la misma razón que fueron asesinados: ¿quién se atrevería a investigar y juzgar a los sicarios y autores intelectuales? 

Pero no eran estos los únicos testigos de lo que sucede en Sinaloa, tampoco los últimos reporteros ¿Podemos juzgar a quienes en preservación de su vida y la de sus familiares prefieren callar? Coincidiremos, con seguridad, en que no. 

Cuando en una ciudad o una región como es el caso, se han perdido todas las posibilidades de protección de parte del Estado, cuando no existen las garantías sobre la vida de las personas, la decisión de denunciar, de publicar, es un acto que además de honrar la civilidad y la profesión puede ser sinónimo de perder la vida. Esta cuestión plantea un dilema moral respecto del silencio de los honestos frente a los asesinos, pero no podemos presuponer que todos los amedrentados por el narcotráfico han nacido para héroes. Los hay, sin dudas, y en esto ubicamos a todos esos periodistas muertos que hoy ingresan a la categoría de mártires de este sucio negocio. Sin embargo, no podemos -y menos a la distancia- poner la misma alta vara para todos, a muchos el miedo los paraliza y es comprensible. Tanto el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, como autoridades locales condenaron el nuevo asesinato, que tuvo mayor eco debido a que Valdez se había convertido en la puerta de entrada a Sinaloa de cualquiera que quisiera entender lo que estaba pasando en ese Estado. Sus investigaciones impecables lo habían vuelto un hombre de consulta respecto del terrible cártel que tiene de rehén a toda una región. 

Así como no cabe en estos casos hacer juicios de valor sobre la decisión intimísima de exponer o no lo que sucede en la región cuando, a la vista está, se corre riesgo de vida, tampoco cabe plantear esta cuestión desde la distancia temporal -y ya generacional- de lo que ocurría en Argentina en los años 70. ¿Tenemos el derecho a juzgar de manera implacable a todos los que durante el proceso militar en la Argentina tuvieron miedo, a los colegas que se callaron para preservar la vida y la de sus seres queridos, en aquellas épocas oscuras de nuestro país, cuando la vida de un periodista, de un ciudadano, de un joven, no valía un peso? Y volvemos al concepto que no todos nacieron para héroes y en todas las historias tremendas los hay, pero nunca representan a las mayorías. La realidad es que el miedo y el instinto de supervivencia hicieron que muchos callaran. No es para enorgullecerse, pero es comprensible. El temor era tan profundo y la realidad tan dramática, sin democracia, sin garantías, sin instituciones, que a muchos solo los protegería el silencio. Y eso no los convierte en cómplices sino en supervivientes.

 

Juzgar a la distancia la actitud de periodistas en México y extemporáneamente a quienes ejercieron la profesión en los 70 en nuestro país es un acto, paradójicamente, de injusticia. Además, cuando la opción es entre vida o muerte, no hay lecciones de moral o ética profesional que puedan aplicarse.