Editorial

Corrupción: ¿llegará la hora de decir hasta acá llegamos?


Siguen apareciendo indicios sobre las coimas pagadas por la empresa Odebrecht en la Argentina, lamentablemente a medias y en la nebulosa por la falta de herramientas legales que tenemos para llegar al fondo del asunto.

En el caso que nos ocupa, Marcelo Odebrecht, delator premiado y uno de los responsables de las coimas que durante años pagó la empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, por unos 20 millones de dólares. Una cifra que el hombre común no solo no ha visto nunca sino que hasta le es difícil imaginar tanto dinero junto. Sin embargo de esos montos se habla cuando de coimas se trata, y en este caso tan solo por una obra pública.

La denuncia surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato que se llevó a casi toda la clase política brasilera.

El empresario confirmó, al fin, lo que aquí se sospechaba sobre la operatoria que usó su compañía en el país, al reconocer que las siglas “DGI” que aparecen en múltiples documentos internos de la constructora no aludían a la Dirección General Impositiva, sino que era un truco usado para esconder los pagos de coimas. Como no podían escribir “dinero negro para pagar coimas”, usaban este eufemismo en las planillas de gastos.

Y aquí viene nuestra problemática. Nos encontramos con una confesión inicial que permitiría desandar el camino de esta corrupción sistemática y la persona dispuesta a aportar los datos de ese circuito, como nombres de los implicados y metodología, pero que no hablará por la ausencia de ciertas condiciones legales. Dicho de otro modo, Marcelo Odebrecht no aportó los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina porque esta información no recibe el mismo tratamiento que en otros países, donde en retribución por el aporte a la investigación existe la figura de la delación premiada (asemejable a la del arrepentido) y un alcance distinto por un cuadro específico para la responsabilidad penal de las empresas privadas involucradas, siempre que colaboren para el esclarecimiento.

A falta de estas condiciones, nuestra Justicia no cuenta con datos privilegiados para sus investigaciones y a la vista están los resultados.

Marcelo Odebrecht está condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por el juez federal brasileño Sergio Moro, no porque en nuestro país se lo haya investigado siquiera. Y ningún corrupto (sea funcionario o empresario) habla de estas cosas por gusto, lo hace cuando es investigado, va camino a la condena y se acoge a la ley del arrepentido para que le bajen la pena. 

Alguno dirá que si participó de la coima, le debe caber todo el rigor de la ley. Sin embargo, este costo de exonerar al arrepentido del sector privado es lo que permite desenmascarar tramas que de otro modo quedan enquistadas gobierno tras gobierno y eso, al fin, es mucho más costoso y nocivo para el país.

En todo caso, es una realidad que en varios países las empresas están “obligadas” a recurrir a socios locales. Y Odebrecht señaló a la Argentina, en particular, como un territorio donde esa práctica y la contratación de lobbistas eran indispensables para lograr contratos. No exime de culpas pero es atendible que la dinámica está viciada y solo con la colaboración de los participantes es posible desarmarla. La Justicia ha demostrado que sin estas “colaboraciones” no llega a ningún lado y la corrupción no supera su instancia de denuncia mediática. Por ejemplo, con la causa Skanska, de 2004, recién la semana pasada el ministro De Vido fue llamado a indagatoria y de más está decir que todo lo que se podría descubrir, a esta altura, ya no existe. 

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa-, mientras que para otros proyectos en la Argentina recurrió a la constructora Esuco y a la firma BTU. La constructora también debió contratar los supuestos “servicios de consultoría” de Jorge “Corcho” Rodríguez. 

Las coimas se pagaron en la Argentina, pero también en Brasil, para destrabar el financiamiento. Más aun, la Policía Federal brasileña también detectó un intercambio de correos entre Couri Ribeiro y Migliaccio, en los que aludían a distintas transferencias bancarias que se canalizaron en el exterior por el proyecto del Sarmiento. Algunas de ellas con el operador Manuel Vázquez, testaferro del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Como es fácil advertir, en este caso como habrá otros quizá, buena parte de la política está sentada a la misma mesa de la corrupción, funcionarios kirchneristas recibiendo y empresarios macristas (entre otros) dando. La cuestión no es menor, porque quizá aquí esté el nudo gordiano en el que nos encontramos: no podemos llegar al hueso con la corrupción porque casi toda la clase política tiene las manos manchadas por la misma tinta. 

Por eso no es casual ni por una cuestión de apego jurídico que los legisladores dejen dormir sin aprobar los proyectos de delación premiada o de responsabilidad empresaria en temas de corrupción. Saben que al fin les pasará lo mismo que en Brasil: cuando uno comience a hablar (para morigerar la pena que va a recibir) como un castillo de naipes, uno tras otro irán cayendo dirigentes y empresarios de distinto signo político, como un gran huracán que levanta todos los techos. Caerán quienes resulten involucrados y, al mismo tiempo, perderán otros aunque no figuren en ninguna causa porque se desactivarán a futuro otros intentos de similares operatorias. Con estas leyes, entonces, ganaría la sociedad pero los funcionarios actuales y futuros perderían sus fuentes de financiamiento paralelas. Porque a estas alturas nadie duda de dónde viene la fortuna de nuestros políticos, cuyos sueldos son por todos conocidos y no se condicen con sus crecimientos patrimoniales al tiempo que están en funciones, cuando, por otra parte, la mayoría no realiza otra actividad.

Lamentablemente estamos frente a la dura realidad de una Justicia que funciona en consonancia con la política, y precisamente por esta razón avanza en forma selectiva, con algunos casos sí y con otros no. Y tampoco cuenta con las herramientas legales como para actuar “a la brasilera”, sencillamente porque los mismos que dicen combatir la corrupción no sancionan leyes que son elementales para la lucha. 

Y cierto es que cansa, genera preocupación y angustia que al final en la Argentina quienes han pasado y pasan por el poder se terminen saliendo con la suya, se enriquezcan a costa nuestra y el hombre y la mujer de a pie tenga que trabajar duro y pagar pesados impuestos a cambio de servicios pésimos. 

 

¿Llegará la hora de decir hasta acá llegamos? Para barajar y empezar de nuevo y bien, quienes hoy están en el Congreso tienen la herramienta que lo haría posible. Hasta ahora, sin dar su voto y en algunos casos ni siquiera su presencia en el recinto, están demostrando que la delación premiada a los empresarios los afectaría, y mucho.


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