Con diálogo y cambios avanza el nuevo Código Procesal Penal

Si bien hemos criticado la postura del Gobierno respecto de los proyectos que enviados al Congreso para que fueran aprobados a libro cerrado, en este caso debemos reconocerle la flexibilidad para aceptar los cambios propuestos por la oposición, en lo que hace al nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Un tema sin dudas de fondo dentro de lo que es la legislación. No es lo mismo una declaración de beneplácito por un evento que la reforma de uno de nuestros códigos de convivencia, especialmente porque las modificaciones tienen largo alcance en años hasta que vuelve a considerarse una reformulación. No se pueden cambiar estos instrumentos todos los días, como es lógico y sucede en todas partes del mundo. Las leyes de fondo son para consolidarse por muchos años.

Lo cierto es que, con modificaciones propuestas por la oposición se mejoraron aspectos en algunos temas como veremos y en otros, el beneficio es materia opinable. Y el anteproyecto de ley obtuvo dictamen de dos comisiones del Senado.

Entre los cambios positivos que aceptó el oficialismo podemos mencionar un fuerte recorte de poderes a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la aclaración de que sus disposiciones sólo regirán para las causas que se sustancien una vez puesto en vigor. El texto que llegará al recinto elimina la discrecionalidad y establece que la procuradora podrá “compensar la distribución de causas existentes mediante un sorteo que garantice la distribución equitativa”. Es una muy buena medida porque aleja la sospecha de que se le den las causas que atañen al Gobierno al mismo fiscal, por ejemplo.

No importa quién es en este caso la procuradora, la norma la excede y se aplicará a los funcionarios que la sucedan también. 

El dictamen mantiene la posibilidad de expulsar a los extranjeros sorprendidos cometiendo un delito, aunque con una fórmula más morigerada. Es decir la expulsión de extranjeros se mantiene, pero para poder hacerla tendrá que darse la conjunción de flagrancia (encontrarlo cometiendo el acto) y que el delito tenga establecida una pena mínima de tres años. El texto original establecía que podía ser una u otra condición. En este sentido la oposición parece desconocer la opinión mayoritaria de la gente, que ante la inseguridad se muestra muy irritada si encima de lo que padecemos vienen de otros países a cometer delitos. Además, son muchos los extranjeros que llegan al país para hacer negocios con el narcotráfico y los delitos económicos conexos a esta actividad, que por otra parte suelen desenmascararla, suelen tener penas menores a los tres años, por lo que aquí nos estamos privando de una prerrogativa muy importante en esta lucha sin cuartel contra el hampa de las drogas.

Se eliminó el concepto de “conmoción social” del delito para justificar la prisión preventiva, uno de los puntos destacados por Cristina Kirchner cuando anunció el envío de la iniciativa al Congreso pero es un punto muy peligroso que puede conculcar derechos o ser aprovechado por éste o cualquier Gobierno para perseguir, por ejemplo, opositores, sindicalistas o dirigentes en general.

Pero también se incorporaron nuevas causales que facilitarán la privación de la libertad sin condena, ya que se establecieron como causales de peligro de fuga la “constatación de detenciones previas” y la “posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos”. Esta es una interesante incorporación de la oposición, porque ahora muchos pasan en libertad todo el proceso, cuando tienen varias causas abiertas. No es sólo el peligro de fuga el problema sino también la reincidencia en el delito.

Los cambios, 46 sobre un código de 349 artículos, fueron resueltos por el bloque kirchnerista del Senado en consulta con el Ministerio de Justicia, luego de seis jornadas de audiencias de la que participaron más de 30 jueces, camaristas y especialistas en derecho procesal. 

Por supuesto que así como hay una oposición constructiva, hay otra destructiva, la que a pesar de la variedad de cambios introducidos por el oficialismo y de que muchos fueron elogiados por la oposición, la UCR, el FAP y el peronismo disidente anunciaron que presentarán dictámenes alternativos, porque quieren extender el debate una semana.

El pedido fue rechazado por el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto porque planteó que este tema lleva siete meses de debate, ya que comenzó a tratarse en abril y sobre la base de proyectos de los propios senadores.

Una chicana de las tantas que se ven en la política. O el oficialismo se planta en sus trece y no cambia una sola coma de una ley, como ha pasado, o la oposición, habiéndose aceptado las modificaciones planteadas, busca excusas para complicar el tratamiento del tema.

Son difíciles los senadores, la verdad. Nuestra política en general es complicada, está llena de mezquindades y especulaciones, por eso cuesta tanto sacar o modificar legislación de fondo porque no es la oportunidad de los ciudadanos la que les interesa sino la de ellos mismos y su conveniencia.

En este caso parece que el nuevo Código Procesal Penal será aprobado.