Cifras vs. realidad

Mientras en la Argentina se producía el paro de algunos convocados por distintos sectores gremiales en reclamo de una baja en el impuesto a las Ganancias y las paritarias libres, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó las políticas sociales impulsadas por su Gobierno y ubicó el índice de pobreza en un 5 por ciento y el de la indigencia en un 1,27, al exponer en la 39ª Conferencia de la FAO, el organismo de las Naciones Unidas dedicado a la alimentación y la agricultura.

Cierto es que en la FAO se destacó la lucha de la Argentina en el marco de la región por su combate a la pobreza, entregando un premio a la Argentina por la reducción de los niveles de desnutrición en los últimos 25 años. La distinción fue dada por el director general de la organización, el brasileño José Graziano.

Pero para ser sinceros, la medición de la pobreza expresada por la presidenta se basa en los manoseados informes del Indec. Indices distintos a los que marcan todas las consultoras privadas más confiables, según el cual el índice de pobreza trepaba el año pasado al 20 por ciento de la población. La propia CTA oficialista había señalado en 2014 que el porcentaje llegaba al 17,8.

Además, como veremos más adelante, cualquier comparación con las cifras de otro país es inviable por cuanto los métodos de medición varían en cada caso.

La realidad es que, por decisión del Gobierno, desde diciembre de 2013 no hay cifras oficiales por lo que las cifras mencionadas por la presidenta, de cara a la sociedad, no cuentan con mayor sustento que su palabra. Si en el ámbito de la FAO presentó alguna documentación respaldatoria de sus dichos, no lo sabemos. Si lo que dijo fue creído, tampoco. 

Lo que los argentinos podemos dar crédito es de lo que vemos. Y lo que se ve es que si bien el Gobierno maneja diversos planes para combatir la pobreza, todos son de ayuda paliativa (lo cual a falta de mejores políticas es necesario), pero no van al núcleo duro de la cuestión que es reinsertar socialmente a los mayores de la familia pobre en empleos estables. Es decir, estos planes ayudan a salir de la indigencia pero difícilmente saquen a alguien de la pobreza estructural. 

La presidenta parece responder a la crítica cuando dijo: “No es que solamente hemos tenido un programa alimentario: hemos tenido un proyecto de país, un modelo de sociedad más equitativa, más justa y más igualitaria, que es el mejor antídoto en la lucha contra el hambre y la pobreza”.

Sin embargo, insistimos, la ayuda paliativa es muchas veces necesaria, pero lo importante es lograr empleo estable y en blanco para quienes deben salir de la pobreza. La indigencia es otra cuestión y es probable que en la Argentina haya disminuido más que la pobreza en sí misma. Porque en este caso se trata de quienes no tienen para comer y eso se ha combatido con todo tipo de ayudas nacionales, provinciales y de los municipios.

La FAO reconoció a la Argentina y a otros 11 países (Sudáfrica, Corea, Kazakhstán, Arabia Saudita, Egipto, Barbados y Turquía, entre ellos) porque mantienen el índice de subalimentación por debajo del 5 por ciento de la población. Se trata de una de las metas fijadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y corresponden a los resultados de las políticas aplicadas desde 1990. Sin embargo, en su discurso, la presidenta marcó el año 2003 como un momento bisagra, al iniciarse allí el combate contra la pobreza y el hambre.

Cristina aprovechó para criticar nuevamente las políticas neoliberales de los años 90, en el primer tramo del período evaluado por el organismo de la ONU, y ponderó la incentivación del consumo como política central de su gobierno. Afirmó, en ese sentido, que “la inyección que provocó en el mercado el consumo de los más pobres, que no son los que envían sus recursos a cuentas en Suiza ni a paraísos fiscales, contribuye fuertemente a agilizar la economía”.

Cuando se lanzan cifras al aire, sin brindar las correspondientes explicaciones técnicas y de relación comparativa, queda la puerta abierta a la credibilidad que la sociedad le pueda otorgar al dato. Es una estrategia que la presidenta utiliza frecuentemente y tras estos anuncios, llegan las réplicas de quienes creen y quienes no. Es algo que no debiera pasar ya que las estadísticas seriamente tomadas constituyen un dato técnico irrefutable. Pero en Argentina son solo cifras al aire. Y si algo peor podía pasar es que a la hora de las justificaciones se incurra en una falacia. Eso fue precisamente lo que sucedió también ayer, cuando Aníbal Fernández intentó defender los dichos de Cristina en la FAO y aseguró que Alemania tiene más pobres que Argentina.

El jefe de Gabinete se impuso la misión de defender la afirmación de la presidenta de que la pobreza en nuestro país afecta a solo el 5 por ciento de la población, un dato que no tiene el Indec –o que por lo menos no hace público- y que contrasta con las mediciones privadas de, por ejemplo, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que calcula una incidencia de la pobreza mucho mayor (27 por ciento a fines del año pasado).

Para defender los dichos de Cristina –el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, había reconocido que no tenía los números de pobreza cuando justificó que se dejaran de publicar los costos de las canastas de pobreza e indigencia porque era algo “estigmatizante”-, Aníbal Fernández fue más allá aún y aseguró que la Argentina tiene menos pobreza que Alemania.

Llamó incluso a revisar las estadísticas oficiales (las alemanas, porque las argentinas sobre el tema dejaron de publicarse en 2013). Pero la frase de Aníbal Fernández encierra o bien una mentira o bien un error por ignorancia, ya que las mediciones de pobreza en Alemania y en la Argentina (suponiendo que se sigan haciendo y no se estén publicando) se realizan con métodos completamente diferentes.

En la Argentina el índice de pobreza se calcula por el porcentaje de la población cuyos ingresos no alcanzan a cubrir el costo de una Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y servicios. Se trata de una medición “absoluta”: más allá de los ingresos del resto de la población, es “pobre” quien no puede cubrir sus necesidades.

Las estadísticas alemanas, en cambio, consideran pobres a aquellos cuyos ingresos son inferiores al 60 por ciento del ingreso promedio. Se trata de una medición “relativa”: el “pobre” lo es en relación con los ingresos del resto de la población, aún si con sus ingresos puede cubrir completamente sus necesidades.

¿Cuál sería el índice de pobreza en Argentina si se la midiera con los mismos parámetros que en Alemania? Si bien el Indec no mide específicamente la pobreza relativa, sí publica un informe sobre la distribución del ingreso de los hogares del que se puede extrapolar, es verdad que con cierta imprecisión, una medición similar.

Si se toman los hogares por el ingreso total familiar, en el tercer trimestre del año pasado (último dato publicado por el Indec) la media fue de 10.861 pesos. El 60 por ciento de eso da 6.516,6 pesos. Según el propio cuadro del Indec, la cifra supera el ingreso máximo que tenían los tres primeros deciles y también la mediana del cuarto decil, con lo que el índice de pobreza medido como en Alemania sería ligeramente superior al 35 por ciento.

Verdad a medias es una mentira. Creamos que fue por ignorancia del jefe de Gabinete y no con la perversa intención de engañar a la sociedad, lo cual de todos modos es imposible porque cuando se trata de pobreza, no se puede tapar el sol con un dedo.

Estas desprolijidades sucedieron ayer en la misma Argentina en que los cortes de rutas y calles fueron tolerados sin más, y donde en ausencia de la primera mandataria somos gobernados por Amado Boudou, un personaje que hace un par de años debiera haber dejado el cargo, a medida que se sumaron procesamientos en su contra y se descubrió un entramado de corrupción que lo tiene como eje.

Esta circunstancia, más allá de quienes apoyan y quienes no apoyan al Gobierno, debe darnos vergüenza ajena a todos, quienes indirectamente terminamos siendo cómplices de tener de presidente, cada vez que viaja Cristina, a un funcionado sobre el que pesan fuertes pruebas de corrupción.