Nuestro WhatsApp:+54 9 2477 65-4706
Murieron dos niños, de 7 y 10 años, que estaban durmiendo en el sótano de una vieja casa que era utilizada como un taller textil clandestino en el barrio porteño de Flores, un negocio ilegal que ya había sido denunciado hace apenas algunos meses, uno de tantos que hay aglomerados en la Capital y el Conurbano y dispersos en varios puntos del país.
La Fundación La Alameda que se dedica a investigar y combatir la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, sea con fines de explotación sexual o con fines laborales, advirtió que en septiembre último hizo una presentación ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), en la que denunció la existencia de 30 talleres textiles con mano de obra esclava en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos era el taller que se incendió en Páez 2796 del distrito porteño.
En aquella denuncia, también se advirtió sobre otros cuatro talleres en la misma cuadra. En Páez 2766, 2710, 2775 y 2721. Según la presentación, un quinto taller clandestino tendría lugar en la misma manzana.
No se trata solo de trabajo en condiciones infrahumanas, de informalidad absoluta (todo el taller en negro) sino que además esa precariedad trae otras consecuencias, la máxima en una temible saga de daños colaterales es, la muerte. Estos dos niños fallecieron y otras tres personas resultaron heridas al incendiarse el sótano del taller textil clandestino no como obra de la fatalidad sino del desprecio y avaricia de otros individuos.
El fuego se produjo en una casona, que más que una vivienda era una trampa mortal, por tener sus ventanas tapiadas para esconder las actividades que allí se desarrollaban. Los nenes, inocentes de todo, tenían 10 y 7 años, en tanto que sus padres, víctimas de un sistema y también cómplices de la negligencia por aceptar condiciones infrahumanas y no denunciarlas, resultaron heridos. Se trata de un hombre de 45 años y una mujer de 41. También sufrió lesiones un suboficial de la Policía que acudió al lugar a ayudar en las tareas de rescate. El hombre se encuentra en observación luego de haber inhalado monóxido de carbono.
El problema es de todos los que, desde un lugar u otro, dejan florecer este tipo de negocios clandestinos, desleales en su práctica comercial, criminales en sus condiciones.
La macabra ingeniería que se esconde detrás de estos talleres incluye tanto un circuito de comercialización ilegal (“manteros”, “Saladas”) como a reconocidas marcas que se venden en los shoppings y aristocráticas avenidas. En el caso de los primeros, la trama es clandestina de principio a fin, sin facturación en ningún paso, sin sindicato, sin obra social, sin parámetros de contratación legal alguno. En la segunda situación, marcas constituidas ante la ley, que tributan religiosamente sus impuestos e invierten millones en estética y diseño, contratan fábricas de confección de prendas formalmente habilitadas como tales, pero que terminan tercerizando la producción en talleres clandestinos porque no tienen capacidad para abastecer la demanda y porque, huelga decir, obtienen un mayor margen o bien pueden ofrecer un mejor precio, lo que les redunda en una mayor clientela; para el caso, es lo mismo: les significa más ganancia.
Y es en la “tercerización” donde se esconde lo peor del negocio que es la explotación a la que son sometidos costureros, por lo general oriundos de países limítrofes, que trabajan y viven en condiciones de precariedad y hacinamiento. Los trae el hambre pero vienen a encontrar esclavitud con escasos beneficios. Su situación migratoria y la ignorancia los subordina al explotador.
Los talleres se ubican en viejas casas, en el caso que nos ocupa, además, era una casa tomada, ya que ni siquiera se pagaba alquiler por ella. Allí y en las peores condiciones de falta de oxígeno, polvareda y escasa luz, trabajan costureros y costureras hasta 16 horas por día. A la noche, los recortes sobrantes se sacan a la calle, por eso los vecinos de los barrios donde están los talleres en seguida detectan el lugar. Entra y sale gente de día y de noche que sacan las bolsas de retazos.
Según La Alameda, hay unos 3.000 talleres clandestinos ubicados en Flores, Floresta, Liniers, Mataderos, Villa Lugano y Villa Crespo que son los sectores que integran el mapa de barrios donde hay más clandestinos instalados.
El taller de Páez y Terrada donde murieron los dos niños como consecuencia de un incendio, forma parte de un lote de 30 lugares que La Alameda denunció en septiembre del año pasado ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que depende de la Procuración General de la Nación. Se notificó sobre la denuncia al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad. Y se inició una causa judicial que analiza el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Pero los talleres siguen funcionando, hay irresponsabilidad del Estado en cualquiera de sus estamentos o hay complicidad con la industria textil en su costado más macabro.
No se trata de trabajo “a fasón”, muy habitual en Pergamino, un mecanismo por el cual una familia recibe parte del trabajo en su casa, donde tienen una máquina de coser y una mesa, para terminar de confeccionar un modelo, sea de pantalones, camisas o ropa en general, o para cortar hilo. En estos casos los trabajadores son independientes y si bien quienes los contratan no se hacen cargo de obra social ni otros beneficios, estas condiciones son acordadas porque tampoco hay una relación de exclusividad sino que un taller puede trabajar para más de un fabricante. Puede existir una facturación por estos quehaceres incluso pero no en la mayoría de los casos. Es decir que si bien puede existir un déficit legal, no se trata de trabajo esclavo, no hay un opresor que subordine al otro sino un acuerdo entre partes. No obstante ello, es menester que el brazo del Estado llegue a cubrir estas situaciones porque no deja de ser trabajo en negro, con el consabido daño sobre los implicados y sobre la sociedad toda. Y en esta labor mucho intervienen los sindicatos, como el Sutiv en Pergamino, que junto a la Delegación del Ministerio de Trabajo realizan investigaciones periódicas.
Para ponerlo en números: el sector mueve 15.000 millones de facturación anuales. Y sólo tiene blanqueado a un pequeño porcentaje de los costureros. Según el Sindicato Obreros de la Industria del Vestido y Afines (Soiva), hay bajo convenio laboral 30.000 costureros; el resto trabaja en la ilegalidad, por lo que se calcula que existen 370.000 costureros no registrados. Muchos de los cuales engrosan el oscuro padrón del trabajo esclavo.
Traer extranjeros para realizar este tipo de labores es una de las caras de la trata de personas; en vez de explotación sexual, hay explotación laboral en las peores condiciones posibles.
Recordamos solo a modo de anécdota y para demostrar que el tema es ampliamente conocido, aquí y en el extranjero: cuando la entonces princesa Máxima de Holanda, la argentina que hoy es reina, dejó de comprar ropa en su local habitual en nuestro país, cuando recibió una denuncia de que allí daban mano de obra a “trabajo esclavo”. El tema trajo mucha repercusión en su momento, pero pasados varios años, no solo no se ha combatido el problema sino que se ha agudizado.
¿No hay responsables aquí que se hagan cargo del problema? Una cuestión que atañe a los tres poderes del Estado pero en la cual ninguno ejerce su rol.
