Editorial

Brasil, con el péndulo al máximo, toma medidas extremas


En medio de la gran crisis brasileña, el gobierno de Michel Temer está encarando reformas estructurales buscando mejorar la difícil situación económica que mantienen. Y en este marco la Cámara de Diputados aprobó un muy controvertido proyecto de flexibilización laboral que permitirá a las empresas tercerizar todos sus empleados y extiende el plazo máximo de los contratos de trabajo temporarios de los actuales 90 días a 180. Dicho en términos sencillos, la propuesta da por tierra con el derecho laboral, lo que podrá ser bien visto por algunos empresarios brasileñas, pero difícilmente haga al crecimiento del país, toda vez que es un paso más dentro de un ir y venir de propuestas que se contraponen y que, al fin, ninguna tiene estabilidad política. 

Es claro que los derechos básicos de los empleados se mantuvieron durante tres mandatos donde el Partido de los Trabajadores, a través de Lula y Dilma, gobernaron Brasil. Ahora Temer da por tierra con los derechos laborales, terminando un mandato que ni siquiera es propio, ya que está cumpliendo los años que le restaban a la expresidenta electa y sacada por el Parlamento con razones de poco peso para semejante medida.

Es lógico que los inversores que miren a Brasil se pregunten ¿cuánto durará esta medida? Algunos años tal vez, hasta la próxima gran crisis o hasta las próximas elecciones. 

Esta cuestión de pendularidad, que registra no solo Brasil sino todos los países latinoamericanos, incluido el nuestro no generan confianza, ni hacia afuera ni hacia adentro. Para los nacionales, trabajadores y empresarios, es un continuo ir y venir que genera zozobra e imposibilita las previsiones lógicas, de un empleado con respecto de su economía doméstica y de un patrón respecto de la proyección de su negocio. Hacia afuera, los inversores deben tener seguridad jurídica y ciertos parámetros que le permitan avizorar la viabilidad de su capital. 

La cuestión laboral no es accesoria ni circunstancial sino medular para un país; es central para la vida del trabajador, sin dudas, pero también para la del empleador. Por eso, como lo son la educación o la salud, debe ser una cuestión de Estado. En este punto es donde a nuestras débiles democracias y a nuestras volátiles dirigencias políticas les cuesta entender. Hay políticas que deben ser de Estado, no de partidos, atadas directamente a los intereses nacionales y no a las posiciones.  

Las políticas de Estado son las que permiten el crecimiento de una sociedad. Tener un marco legal regular y un perfil definido como sociedad productiva es lo que hace la estabilidad de la economía, incluso en tiempos de crisis. Las reglas claras son las que permiten a empresarios y trabajadores plantearse objetivos de desarrollo empresarial e individual. 

No es justamente lo que está sucediendo en Brasil, que dio un giro de 180 grados en su política laboral, en una agitada sesión que fue claramente escandalosa. Al fin, la propuesta impulsada por el oficialismo cosechó 231 votos a favor, 188 en contra y ocho abstenciones. Temer, quien todavía debe sancionar el proyecto, está convencido de que con esta ley va a lograr que la economía brasileña vuelva a crecer, después de atravesar la peor recesión de su historia en los últimos dos años. Su argumento y el de quienes lo respaldan es que al bajar los costos por empleado, ya que se contratarían sin las cargas sociales, los empresarios generarían más puestos de trabajo. Las otras dos grandes reformas económicas que el gobierno ha planteado fueron el congelamiento del gasto público por 20 años -ya aprobado el año pasado- y la modificación del sistema jubilatorio, (para lo cual no tienen todavía los votos en el Parlamento). 

Según la nueva ley, ahora los empresarios podrán subcontratar trabajadores para actividades primarias de sus empresas, y no solo para tareas de apoyo como limpieza o seguridad. Para el gobierno, el nuevo marco, que pone fin al régimen de la consolidación de leyes del trabajo establecido en 1943, durante la presidencia de Getulio Vargas, dará dinamismo a la economía e incentivará las contrataciones tercerizadas. Para los opositores, la ley permitirá que las empresas despidan empleados y los reemplacen por trabajadores subcontratados, con salarios más baratos. Y esta dicotomía divide no solo a la política sino a la sociedad brasileña. 

Y las respuestas no se hicieron esperar. La Central Única de Trabajadores, ligada al opositor Partido de los Trabajadores (PT), convocó a un paro y movilización el próximo viernes 31. De acuerdo con sus líderes sindicales, la nueva ley "ataca todos los derechos como vacaciones, aguinaldo, jornada de trabajo y garantías de los acuerdos colectivos". En tanto, el Ministerio Público del Trabajo adelantó que enviará una nota técnica a la presidencia para pedir que la nueva ley sea vetada por el presidente, porque generará más inseguridad jurídica en el mercado de trabajo, que ya sufre con un récord de 12 por ciento de desempleo y afecta a más de 12 millones de brasileños. En cambio la norma aprobada fue apoyada por la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo, la mayor cámara patronal del país, para la que el nuevo marco legal supone "una victoria en el camino hacia un Brasil competitivo y con un ambiente de trabajo seguro".

Todo parece indicar que esta norma terminará sirviendo más a los empresarios que ya operan en Brasil para bajar costos, pero no podemos afirmar que atraiga inversiones de porte, teniendo en cuenta que los capitalistas saben que en Latinoamérica, como afirmamos al comienzo, no es firme en sus políticas y lo que hoy parece tentador, mañana con otra ley se modifica, como hace décadas viene sucediendo en toda la región, insistimos, incluida la Argentina. En nuestro país, tuvimos flexibilizaciones laborales durante el gobierno de Carlos Menem, un fortalecimiento de las leyes de protección al trabajo en la etapa del matrimonio Kirchner y ahora se insinua un nuevo modo de flexibilizar, aún no llevado a cabo. Lo mismo sucede en Brasil y la verdad es que los empresarios extranjeros tienen en claro que en Latinoamérica las medidas van y vienen. ¿Por qué confiar entonces?

El proyecto aprobado en Brasil, en realidad, data de la época del gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), y lo desempolvaron desde el oficialismo y vuelto a presentar por el propio presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, aliado de la coalición que lidera Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Antes de que pase al presidente, tendrá que ser ajustado a modificaciones propuestas por el Senado, que había aprobado el plan original en 2002. Sin embargo, los números de apoyo fueron menores a los que esperaba el gobierno, y ahora existe el temor de que la reforma del sistema de jubilaciones no llegue a contar con el respaldo que precisa en el Congreso. La propuesta busca eliminar el actual sistema, que no requiere una edad mínima para jubilarse, apenas 15 años de aportes, y establecer como edad mínima los 65 años tanto para hombres como para mujeres, con contribuciones por 25 años para obtener el porcentaje mínimo de jubilación y aportes por 49 años para recibir el total. En este caso, la verdad es que el sistema está un poco desactualizado, porque es claro que con solo quince años de aportes no se podrá sostener con varios aportantes en actividad para pagar a los jubilados. En este sentido la cuenta es transparente y a veces los números no dan.

El futuro de Brasil es hoy una incógnita, que a nosotros los argentinos nos interesa por los grandes lazos comerciales que tenemos.

 

 

 

 


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