Bienvenidos los controles pero sin ineficiencias ni errores

Este mes miles de estudiantes se encontraron sin el depósito de 900 pesos correspondiente al programa Progresar, implementado para completar los estudios de alumnos de nivel primario, secundario, terciario o universitario. Ante el reclamo, la respuesta no tardó en llegar: la Anses –administradora de los fondos- explicó que no se trataba de una baja del beneficio sino de un congelamiento temporal que se debió a que los institutos terciaros y universitarios se demoraron en certificar la regularidad de los alumnos. Afirman que para la semana que viene la situación ya debería estar aclarada y las becas se depositarán, siempre y cuando corresponda.

Una vez más, y por doble vía, se da en nuestro país una práctica reiterada: una buena iniciativa que es malograda por errores o abusos. Decimos por doble vía en relación a fallas tanto de receptores como del Estado otorgante. La oportuna idea kirchnerista de otorgar una beca a jóvenes que quisieran estudiar y no pudieran ha sido “aprovechada” por algunos sin cumplir con los requisitos. Y por otro lado, el debido ejercicio de control sobre esta prestación que está haciendo el Estado, incurre nuevamente en fallas, como ocurrió con las pensiones para discapacitados. Para colmo, en medio, las instituciones educativas que no cumplieron con su parte, aportando fielmente la condición académica de los beneficiarios.   

El Plan Progresar se empezó a pagar en 2014; personas de entre 18 y 24 años se pueden inscribir y cobrar una beca para estudiar. Pero para recibir los 900 pesos mensuales previstos deben aprobar al menos dos materias al año. Y en 2017, según fuentes oficiales, pasaron dos cosas: por un lado hubo una demora burocrática que hizo que 66 mil alumnos dejaran de cobrar la asignación. Por otro, 94 mil fueron dados de baja al no sostener la regularidad en la facultad. Esto es cuatro de cada 10 estudiantes, sobre un universo de 238 mil asignaciones y quedan por revisar 90 mil casos. 

La falta de pago de miles de planes motivó el reclamo de los jóvenes afectados y de autoridades educativas en varias provincias. El retraso, según la Anses, se dio por el proceso de verificación de los requisitos académicos de los estudiantes. Las universidades o institutos terciarios deben informar al Ministerio de Educación sobre la situación de cada estudiante. El plazo vencía el 31 de marzo y hubo una prórroga hasta el 30 de abril. 

Desde la Anses reconocieron que hay una demora en el pago a los alumnos que sí pudieron demostrar que siguen estudiando. “Todavía no se pudo pagar el último mes porque no habíamos terminado de verificar la regularidad de los estudiantes. Pero eso se regularizará en los primeros días de julio y se pagará retroactivamente lo que no se abonó”, explicaron.

Como decíamos, a los errores y abusos, se suma la ineficiencia, en este caso de las entidades educativas, que evidentemente no consideraron el efecto que tendría su demora. Posiblemente por creer que, como ha sucedido siempre, nadie estaría controlando. Pero sí, se está controlando y de hecho se calcula que de la revisión que se está realizando finalmente un 40 por ciento será dado de baja por no cumplir con la contraprestación académica de, sencillamente, ir a clase y aprobar al menos dos materias al año. 

Es claro que el beneficio debe aplicarse a niños y jóvenes que estudian y, en este sentido, es lógico que se hagan los controles al respecto para no permitir que haya abusos en el cobro de este beneficio, porque quienes lo perciban sin cumplir con la retribución que es su formación académica, en todos los niveles, le está restando la posibilidad a otros que quieren estudiar y lo necesitan realmente.

Dado que en este caso la mora estuvo dada en los centros de enseñanza, la Ctera reaccionó con enojo ante la situación y ayer hacían una movilización al Ministerio de Educación nacional en protesta por la suspensión del beneficio. “Primero pensamos que era un error, porque no encontramos ninguna resolución escrita y los damnificados tampoco fueron notificados. Yo hablé con el ministro de Educación, Esteban Bullrich y me dijo que no sabía qué había pasado”, dijeron desde la central gremial docente. 

La mala comunicación o la falta de ella sigue siendo un grave problema de este Gobierno; es inadmisible que, mediando una suspensión en el pago, no se les comunique a los beneficiarios que cuentan en sus previsiones con que recibirán ese dinero y se tengan que enterar  “de sopetón”, cuando van por su cobro.

Nuevamente pagaron justos por pecadores, al cortarse todo para desafectar a los abusadores. Porque aquí está el nudo gordiano de esta cuestión: los jóvenes a los que se les acredite concurrencia a clase y, en terciarios y universitarios, dos materias aprobadas anuales, se les reanudará el beneficio, pero a quienes no cumplan con estos requisitos no se les dejará seguir cobrando. Desde este punto de vista no podemos quejarnos de que el Gobierno pretenda ejercer los controles necesarios por los beneficios gratuitos que ofrece a los distintos sectores que tienen necesidades. 

El problema que se ha suscitado en este caso el que hemos visto repetido en otros beneficios, como las pensiones por discapacidad. Son comunes los abusos, porque hay casos que han hecho distribuciones de tipo políticas (a adherentes o amigos partidarios), sin registrar que se trate de discapacitados reales o estudiantes efectivos. Y como se trata de problemáticas delicadas, sería importante que se ejerzan los controles, pero que las altas y bajas se den con responsabilidad porque cuando se hacen “barridos” gruesos en los padrones de beneficiarios, luego vienen las denuncias porque, al fin, terminan pagando justos por pecadores. Y es así como ya aparecieron las denuncias de alumnos que tienen su papelería en regla y se les suspendió por error el beneficio.

No podemos permitir abusos frente a las necesidades reales, de modo que bienvenidos sean los controles para que los argentinos sepamos que el Estado ayuda a quien lo necesita en el caso de la discapacidad y quien lo merece en el caso de los estudiantes pero no podemos avalar que cada vez que se toca un beneficio la ineficiencia se manifieste de manera visible e injusta. En definitiva, lo que pretende el Gobierno que es limpiar los padrones de beneficiarios de los vivillos de siempre, que los hay como es sabido, y que es lo que la mayoría de la sociedad espera que se haga, se le termine transformando en un boomerang por cometer una cantidad de errores inaceptable.

Evidentemente necesitamos que se ejerzan los controles, pero todavía tenemos mucho que aprender en esta materia siempre pendiente en la Argentina.