Editorial

Aprender 2017 y el estado de la educación inicial


Se realizó la evaluación Aprender 2017 por segundo año consecutivo, una prueba que reemplazó al Operativo Nacional de Evaluación, vigente durante el anterior gobierno.

Este año el dispositivo se pudo llevar a cabo no obstante la resistencia por parte de los gremios docentes. La oposición ejercida a la iniciativa oficial les dio esta vez escaso resultado, a diferencia del año pasado en que la realización de esta prueba generó un verdadero escándalo porque los docentes veían tras la prueba que el diagnóstico al que se llegara, que efectivamente fue preocupante, los dejaría expuestos como parte de un sistema educativo que muestra evidentes falencias. Incluso hicieron campaña diciendo que esta prueba se realizaba para tener la excusa de echar docentes. Como eso no sucedió el año pasado, en esta oportunidad los fantasmas tuvieron menos eco. Padres de alumnos que fueron “invitados” a no autorizar a sus hijos a completar la evaluación hicieron caso omiso a la contradictoria propuesta del Suteba. Al fin, si consideramos que la educación está fallando, ¿no es oportuno saber dónde se dan las mayores dificultades y empezar a atenderlas? Cualquier otra apreciación sobre este operativo que, aunque pueda ser limitado, persigue el necesario propósito de mejorar la educación, queda reducido a ámbitos de intereses sectoriales, francamente muy por debajo de la premisa madre de dar mejores herramientas a nuestros chicos.

La evaluación Aprender es un examen nacional que tiene por objetivo conocer los logros obtenidos y los desafíos pendientes en la educación. Porque es importante saber cuáles son los problemas más frecuentes, las falencias que se mantienen y, sobre todo, encontrar una estrategia para mejorar nuestro nivel educativo. Por eso no tiene consecuencias para los niños, no reciben notas que puedan ser vinculantes para poder terminar el curso a fin de año.

La realidad es que en general los gremios docentes se niegan a evaluaciones, sugerencias y cambios de cualquier tipo, manteniéndose en una suerte de negativa cerrada a aceptar propuestas. Esta cuestión no es menor porque los docentes son parte activa y protagónica del sistema educativo y esta actitud de los sindicatos que los nuclean puede terminar resultando de carácter obstructivo para lograr las mejoras que, a esta altura nadie ignora, son imperiosas de realizar en los distintos niveles del aprendizaje.

Las pruebas estuvieron dirigidas a 1.210.620 estudiantes de 6° año de primaria y del último año del secundario (5° y 6°), de 31.300 escuelas, en todo el país. Como novedad sumaron una muestra de 7.000 alumnos de 4° año para evaluar su capacidad para producir un texto escrito.

Como decimos los gremios docentes, al igual que el año pasado, se plantaron en contra de la evaluación, pero sin embargo y esto es lo importante, participaron el 94 por ciento de las escuelas previstas en el operativo a nivel nacional (29.422 establecimientos), un punto más que el 93 por ciento del año pasado.

Los sindicatos criticaron la evaluación por ser “estandarizada”, es decir por “no contemplar las condiciones particulares de cada estudiante”, y por considerarla el paso previo para validar la reforma educativa anunciada en septiembre. Y llevaron adelante una campaña para que los docentes no se anotaran de veedores, que eran necesarios para hacer la prueba.

Quisiéramos saber qué hubiesen dicho los gremios docentes si se hubiese discriminado la prueba dividiéndola por clases sociales, evaluaciones para niños de bajos recursos otros para clases medias y otros para clases altas. Hubiese sido un escándalo interminable, palabras como discriminación, estigmatización y otras en el mismo sentido, las hubiésemos oído hasta el cansancio. A esta altura es contrafáctico plantearlo, pero sucede que ya sabemos de memoria los bueyes con que aramos.

La educación argentina es una sola, la hay de gestión pública o de gestión privada, pero lo que se pretende es ver los problemas que tenemos en la línea gruesa de nuestro sistema, incluso teniendo en cuenta si se trata de escuelas rurales o urbanas y algunas características regionales, pero no más.

A diferencia del año anterior, esta nueva edición del operativo Aprender se llevó a cabo en un contexto normal de clases para todos aquellos alumnos de cursos que no rindieran la evaluación. En ese sentido, el ministro de Educación Finocchiaro admitió que “fue un error la suspensión de clases el año pasado”. Incluso la experiencia pasada sirvió para mejorar la evaluación que, en 2016 duraron dos días, pero este año el operativo se implementó por completo en una sola jornada y el ministerio informó que la difusión de los resultados será a partir de marzo del año que viene.

La verdad es que de entre tantos problemas que tiene la Argentina en agenda para ir resolviendo, la educación ocupa un lugar de privilegio entre las cuestiones a mejorar. Así lo repiten como una letanía políticos y educadores, pero sin embargo trabajan poco y nada en el tema como es fácil observar en el Parlamento donde no se han generado en estos años los debates que el asunto amerita. Y lo peor es que ante cada paso adelante que se pretende dar, siempre se pretenden poner piedras en el camino, sobre todo desde los sectores sindicales que nuclean a los docentes.

Es claro que establecer cambios en cualquier actividad siempre es un esfuerzo, que se necesita de voluntad, de tener una actitud positiva de acomodarse a nuevas realidades. Y en esto, cierto es, que necesitamos del docente para llevar adelante una transformación que nos permita mejorar la educación en todos sus niveles. Por eso es interesante que del año pasado a este hayan bajado los niveles de rebeldía ante esta prueba que, en realidad, la necesitamos como diagnóstico y no está pautada, como se pretendió hacer creer, para perseguir a nadie, sino para beneficiar a los más chicos y a la sociedad toda. Porque estos niños, bien formados, al menos mejor que ahora, tendrán más herramientas para procurarse y procurarnos una mejor calidad de vida en Argentina.

 

 

 


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