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El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró, al hablar ante la Asamblea General, que la aprobación es “un paso fundamental contra los ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden padecer otros países”.
Buenos Aires, (NA) - La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer la resolución no vinculante propuesta por la Argentina sobre reestructuración de deuda, que busca frenar el accionar de fondos buitre contra países que intenten lanzar canjes de sus obligaciones financieras.
La propuesta impulsada por la Argentina obtuvo un total de 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos en contra: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón.
El ministro de Economía, Axel Kicillof, consideró, al hablar ante la asamblea, que la aprobación es “un paso fundamental contra los ataques de los fondos buitres, como los que hoy sufre la Argentina y como lo pueden padecer otros países”.
Kicillof abogó por que la ONU proponga una modificación de las estructuras financieras internacionales y dijo que apunta a “lograr un mundo mejor y en paz, un mundo libre de buitres”.
Previamente el canciller Héctor Timerman habló para agradecer el apoyo de los países a la iniciativa argentina.
La resolución sobre los “Principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana” recibió el apoyo mayoritario de países de América Latina, Africa y Asia.
El apoyo mayoritario de Naciones Unidas a la propuesta argentina, impulsada también por el Grupo de los 77 más China, suma así un nuevo respaldo internacional en su batalla judicial contra los fondos buitre.
La resolución busca regular la reestructuración de deuda soberana y evitar nuevas batallas judiciales como la de Argentina contra los fondos especulativos en otros países del mundo. La aprobación de los “Principios básicos de los procesos de reestructuración de deuda soberana”.
La resolución no menciona, sin embargo, a la Argentina ni a los fondos buitre, que compraron bonos en default a precio de remate para luego litigar ante la justicia, rechazando los canjes de deuda de 2005 y 2010 que fue aceptado por el 93% de los acreedores.
“Un Estado soberano tiene el derecho, en ejercicio de su discreción, de diseñar su política macroeconómica, incluyendo la reestructuración de su deuda soberana, la cual no debe ser frustrada o impedida por ninguna medida abusiva”, afirma el texto en el primero de sus nueve “principios”.
