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La iniciativa fue cuestionada por todo el arco opositor, que criticó tres puntos centrales: la creación de una agencia nacional, la exigencia de una mayoría de dos tercios del Congreso para habilitar la venta y la lentitud que ese proceso supondría.
BUENOS AIRES (NA) - El oficialismo aprobó en la Cámara de Diputados la ley de protección de las acciones del Estado en empresas privadas, con 127 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones.
La iniciativa fue cuestionada por todo el arco opositor, que criticó tres puntos centrales: la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), la exigencia de una mayoría de dos tercios del Congreso para habilitar la venta de esas acciones y la lentitud que ese proceso supondría.
Las únicas abstenciones al momento de votar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada la semana pasada por el Senado fueron de los diputados que integran los bloques de Unidad Popular y del Frente de Izquierda y los Trabajadores.
El proyecto se refiere a las acciones que forman parte de la cartera de activos financieros del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses.
El oficialista Roberto Feletti destacó que el objetivo de la nueva ley es “consolidar esa participación del Estado y someterla a discusión parlamentaria a futuro”, al tiempo que subrayó que “hay activos estatales capaces de sustentar microeconómicamente la competitividad de la economía argentina”.
El radical Miguel Bazze, en tanto, sostuvo que la iniciativa “no incorpora ningún elemento para el mejor funcionamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” pero “sí incorpora elementos que pueden llegar a perjudicar a ese fondo”.
Además, consideró un “error” establecer “la necesidad de que las leyes que pueden autorizar la venta de acciones requieran una mayoría agravada del Congreso”.
Este punto también fue cuestionado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, quien señaló que la ley “es inconstitucional” porque es la Constitución Nacional la que fija “casos muy puntuales para los que se exige una mayoría calificada”.
En el mismo sentido, el macrista Pablo Tonelli, señaló que “el proyecto de ley implica una modificación constitucional” y Margarita Stolbizer, del bloque del GEN, subrayó
Por su parte, Oscar Aguad sostuvo que el proyecto es “una excusa para crear una agencia” con el fin de “dejar funcionarios estables por cuatro años”.
La nueva ley declara de “interés público la protección de las participaciones sociales del Estado Nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” de la Anses y de las acciones de empresas donde sea socio minoritario.
Fija, además, la prohibición de la transferencia de esas acciones o de “cualquier acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad dominio o naturaleza sin previa autorización del Congreso, por los votos de los dos tercios de sus miembros”.
Para ello, la iniciativa establece la creación de la Anpee, que tendrá a su cargo “entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas”.
La agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo, y se creará, además, en el ámbito del Congreso una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas, conformada por ocho miembros de la Cámara de Diputados y ocho del Senado.
El directorio de la Anpee estará conformado por un presidente, que será el director ejecutivo de la Anses, dos directores designados por el Poder Ejecutivo (uno será el ministro de Economía y el otro el ministro de Industria) y dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
