Avances:
El Ministerio de Salud bonaerense enviará a Pergamino un helicóptero sanitario y dos vehículos todo terreno con médico y enfermero para atender emergencias en zonas anegadas. En la zona hay varias rutas cortadas, entre ellas la Nº 188, 9, 8 y 51, todas por agua en la calzada. Una buena parte de la ciudad está sin energía eléctrica por el ingreso de agua a los domicilios. Zonas no inundas también son alcanzadas por los cortes preventivos.

La ley de flagrancia o la rapidez que se necesita para saciar la sed de justicia

La flagrancia se refiere a la particular circunstancia de encontrar al autor en el mismo momento de estar cometiendo el hecho punible. Se extiende a unos momentos antes y algunos después. Frente a esta realidad, cuando nada o casi nada se puede agregar, se entiende que no son tan necesarias todas las medidas de investigación y por lo tanto se puede pasar sin más a la etapa del juicio o de la aplicación de medidas alternativas.

El término deriva del latín flagrans flagrantes, participio del presente del verbo flagare, que significa “arder o quemar como fuego o llama”, de tal forma que delito flagrante -siguiendo este razonamiento- es el que resplandece, salta a la vista, que es groseramente vistoso y ostensible.

Hay flagrancia cuando el presunto autor fuera sorprendido en el momento de intentar o de cometer el hecho, o fuera perseguido inmediatamente después de su comisión, o tuviera objetos o exhibiera rastros que hicieran presumir que acaba de participar en el mismo. Todos los casos en los que una persona se la encuentra “con las manos en la masa” según el lenguaje coloquial o de modismos, o “in fraganti”, en su versión del latín que la RAE reconoce como “en el mismo momento en que se está cometiendo el delito o realizando una acción censurable”, se debía seguir con el procedimiento normal con todos sus pasos que fundamentalmente son de una compleja trama probatoria. Cuestión, a ojos vista, que no se requiere para el caso.

El espíritu de la nueva normativa apunta a que todas las audiencias que se lleven adelante en procesos declarados flagrantes sean multipropósito. Esto quiere decir que no solamente se resuelva sobre la medida coercitiva que pueda pesar sobre el acusado sino que también se analice la posible aplicación de institutos, como ser la suspensión del proceso a prueba o un acuerdo de juicio abreviado para cerrar el caso o bien tomar la decisión de llevarlo a juicio en un término de pocos días.

Cabe destacar que los sistemas procesales actuales tienen como fin la gestión de la conflictividad, alejándose de la cultura del expediente y de la burocracia, para poder resolver de manera mucho más rápida y efectiva los conflictos penales. De esta manera, no solo se le da pronta respuesta al acusado y, consecuentemente a la víctima, sino que además favorece a descomprimir el sistema judicial.

De este modo, y en términos de gestión judicial, los jueces, fiscales y defensores deberán  abortar la delegación de sus funciones viéndose obligados a resolver de primera mano y en audiencias orales, sin otro trámite, respecto de las personas que fueron detenidas cometiendo delitos.

Esta ley le da la posibilidad al juez de que resuelva sin necesidad de elevar la causa a juicio, circunstancia que optimiza los plazos. Si bien es cierto que pueden no estar dadas las condiciones óptimas para su funcionamiento, como por ejemplo, salas de audiencias, equipos de grabación (que son obligatorios) y el modo de traslado de los detenidos, también es cierta la resistencia de algunos operadores judiciales a los cambios, y más aún cuando son de tal magnitud.

En rigor de verdad, el horizonte debe ser lograr cambios a nivel estructural, cultural y de administración que coadyuven a lograr un sistema de Justicia mucho más eficiente, eficaz, ágil y transparente que el actual para adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad y a la realidad del país.

En el sistema convencional, el delincuente es liberado automáticamente desde la comisaría, luego de una brevísima consulta judicial; para, ya en libertad, pasar por un largo proceso de prueba: citación de testigos, declaraciones, presentaciones de documentos. La duración promedio de estos casos es de aproximadamente dos años, desde la comisión del hecho hasta el dictado de la sentencia.

Un proceso lento, largo y costosísimo para los ciudadanos, que genera una enorme cantidad de papeleo y trabajo para un delito sencillo de probar. El resultado habitual es que la sanción llegue demasiado tarde para ser eficaz. Y desde el punto de vista de la víctima, el sistema prácticamente ignora su sufrimiento y el daño generado por el delincuente no tiene ningún tipo de reparación. La sociedad ve esto como una “puerta giratoria”.

La ley de flagrancia establece un procedimiento mucho más ágil para los delitos cometidos in fraganti en los que también se prohíbe la soltura desde comisaría.

De esta forma, el detenido tiene que ser llevado ante un juez dentro de las 24 horas siguientes a la detención para tener una audiencia oral y pública en la que obligatoriamente participan el fiscal, el imputado y su defensor. Si la víctima desea, puede asistir a la audiencia y ser escuchada. El juez tiene que resolver el caso en el momento con una sanción proporcional que, de ser apelada, será resuelta en un plazo máximo de tres días.

Con el nuevo procedimiento, un delito de fácil prueba es resuelto de un modo mucho más rápido. El debido proceso está garantizado, pero se realiza en tiempos acordes a la sencillez de los casos. El proceso es mucho menos costoso y burocrático. Pero su mayor fortaleza es que la víctima observa una respuesta rápida y eficaz al delito que sufrió. Así, la Justicia cobra legitimidad a los ojos de la víctima y de la sociedad.