Avances:
El Ministerio de Salud bonaerense enviará a Pergamino un helicóptero sanitario y dos vehículos todo terreno con médico y enfermero para atender emergencias en zonas anegadas. En la zona hay varias rutas cortadas, entre ellas la Nº 188, 9, 8 y 51, todas por agua en la calzada. Una buena parte de la ciudad está sin energía eléctrica por el ingreso de agua a los domicilios. Zonas no inundas también son alcanzadas por los cortes preventivos.

Discutir la edad de imputabilidad sin especulaciones electorales ni demagogias

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a resonante muerte de un menor a manos de otro menor en ocasión de robo en el barrio porteño de Flores en vísperas de Navidad volvió a abrir el debate en Argentina sobre la edad en que los ciudadanos pueden ser imputables. El caso, entre tantos otros de igual o mayor gravedad cometidos por menores armados, por esos parámetros que maneja la prensa nacional, tomó envión como para convertirse en uno de esos hechos paradigmáticos, los que marcan un antes y un después en la historia y que obligan a revisar las leyes penales. Así lo fue, por ejemplo, el asesinato de Axel Blumberg en 2004, a partir del cual se introdujeron varias modificaciones al Código Penal.

Pergamino en estos días también es noticia nacional por la participación y muerte de un menor en un asalto con arma de fuego. Marcos Escobar, de 15 años, murió a causa de un disparo en el contexto de un por ahora confuso episodio cuando, junto a dos cómplices, había ido a asaltar un negocio de venta de pirotecnia en Yrigoyen y Ecuador.

Estos hechos conmovieron al país por sus características y reavivaron una polémica en la que toma posición toda una sociedad que, al tiempo que se conmociona ante lo irreparable, sufre a diario los embates de delincuentes, casi siempre jóvenes que, cada vez a más temprana edad e impulsados muchas veces por los estragos que provoca el consumo de sustancias, salen a la calle a robar, a matar o a morir.

Los episodios descriptos reabrieron un intenso debate sobre el marco jurídico vigente en materia de delincuencia juvenil. Y ensancharon brechas por las cuales transcurren profundas cuestiones ideológicas. La edad de los menores que cometen delitos ganó el primer plano de todos los argumentos y la baja de la edad de imputabilidad se erigió nuevamente como un pedido a gritos desde algunos sectores.

El debate que debe darse está obligado a ir en esa dirección. Pero tiene el imperativo de permitirse reflexionar y abordar aristas de esta problemática que son mucho más profundas. Y que tienen que ver con condiciones de vida de la sociedad en su conjunto. Porque a la par que se discute y se reclaman tratamientos legislativos, la crónica periodística sigue reproduciendo hechos delictivos cada vez más violentos protagonizados por menores, cada vez más chicos. La calle los conoce, en los barrios de toda la geografía del país se los identifica. Tienen nombres y apellidos. Tienen historias y delitos. Cortas vidas y tremendas consecuencias.

El debate que se debe la dirigencia política argentina aparece como una cuestión que no admite demoras. Tampoco especulaciones electorales ni demagogias. Sí madurez y mesura. Sabiendo que del establecimiento de un marco jurídico apropiado depende la posibilidad cierta de encauzar y comenzar a resolver el problema más acuciante que tiene la sociedad.  

Crear ese marco significa trabajar sobre la legislación y reflexionar sobre la justicia. Crear condiciones apropiadas y cumplir reglas. También fortalecer políticas de prevención del delito y diseñar estructuras para contener las deficiencias tutelares que hay en torno a la problemática juvenil. 

Dar esta discusión y abordar seriamente esta problemática es una cuestión urgente. Esto importa comprometerse y desentrañar cuestiones que le posibiliten a la sociedad hallar caminos contra el flagelo de la inseguridad.

En rigor de verdad, no es la primera vez que un menor mata a alguien. Por el contrario, el delito protagonizado por menores es una realidad frecuente. Esta vez el hecho causó conmoción por sus alcances y por una sociedad que clama por Justicia. Esto hizo que las voces se alzaran en torno a un tema que incumbe a todos, para pedir que se reabra un debate que no es nuevo.

Toda la sociedad está inmersa en la reflexión sobre esto porque detrás de cualquier menor que comete un delito, hay una sociedad que fracasa. Hay una familia que deserta de su responsabilidad, una comunidad indiferente y un Estado ausente, que llega tarde y mal ante hechos consumados.

A un lado y otro del arco ideológico, hay responsabilidades compartidas en la creación de este nuevo sistema. Urge dejar de lado discrepancias ideológicas que truncan siempre el debate por reducirlo a posiciones que se tildan de derecha o de izquierda. Nadie puede arrebatar los bienes ni la vida de otros sin pagar las consecuencias. Tenga la edad que tenga. Este argumento debe estar por sobre cualquier otro. Y el debate luego debe encaminarse hacia la búsqueda de soluciones posibles. Preventivas, sancionatorias, asistenciales, integrales. 

Resulta tan imperioso como ineludible diseñar los mecanismos de sanción que resulten apropiados. Lo que no se puede hacer es consolidar esa sensación de impunidad que queda en el conjunto social cada vez que un joven que comete un delito entra por una puerta y sale por la otra, amparado por vericuetos legales y recodos jurídicos. Porque ello también lleva a que sean reclutados por mayores para perpetrar los hechos; son utilizados como “carne de cañón” para cometer crímenes que, en sus manos, no tienen mayores consecuencias penales. 

No puede permitirse la impunidad, mucho menos legitimarla por impedir una discusión lo suficientemente amplia y sensata. Algo que en sí mismo no sería revolucionario, por cuanto otros países han establecido ya marcos legales justos para tomar las riendas de una problemática detrás de la cual se juega la vida de cualquier sociedad.

Se torna necesario separarse de discusiones bizantinas, adentrarse en una profunda reflexión sobre la sociedad que queremos. No resulta un argumento válido considerar que un adolescente no es consciente de la criminalidad de sus actos. A los 13, a los 14 ó a los 15 años, cualquier joven que sale con un arma a robar es plenamente consciente de que en ese hecho puede matar o morir. Un adolescente de hoy no es el mismo que uno de hace 20 años. En este contexto, es imperativo que ser menor deje de ser sinónimo de tener licencia para matar. 

Para ello, es prioritario resolver el vacío legal que hoy impide contener esta problemática.

No se admiten dilaciones para el debate y adecuación de una normativa que regule la responsabilidad legal de los menores. Abandonando tenacidades ideológicas que a la luz de las consecuencias del delito resultan estériles se precisa mano justa y firme y se precisa el abandono de esquemas que evitan sanciones necesarias.

 

Esta discusión que no es novedosa, por fin debe darse. Y a la par de ello hay que repensar cuestiones muy complejas como la educación, el acceso a la salud y al trabajo, las redes de contención familiar, las adicciones, los valores. Tramas complejas y muchas veces invisibles, que por deficientes terminan por dejar a los jóvenes a merced de mafias organizadas que los usan, sabiendo que son inimputables, para delinquir.