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Por NORMA LOPEZ FAURA (#) /// ESPECIAL PARA LA OPINION
La criminología infanto-juvenil estudia la naturaleza, extensión y causa de los delitos, las características de los chicos que delinquen y las organizaciones criminales que los usan; las cuestiones atinentes a la detención y privación de la libertad; la operatividad de las sanciones y la prevención del delito.
Esta ciencia apunta a dos objetivos: 1) Determinar cuáles son las causas personales y sociales del comportamiento delictivo en niños y adolescentes y 2) analizar la metodología que usa el Estado para el control social del delito juvenil.
Para responder a estos interrogantes el Derecho debe contar con la colaboración de otras ciencias como la biología, la psiquiatría, la psicología evolutiva, la sociología, la antropología y la economía. Como vemos, el tema de la imputabilidad de los menores es un tema más abarcativo y complejo que los pobres comentarios televisivos de algunos políticos y otros llamados “especialistas”.
Los debates serios e informados brillan por su ausencia y abundan las mezquindades partidarias, los tironeos ideológicos, las improvisaciones, el oportunismo político y una prensa amarilla que contribuye mucho a la confusión y poco a la reflexión.
Las omisiones públicas, las transgresiones privadas, el de-samor familiar y la anomía moral violentan la integridad del niño y lo desvían del curso normal de su desarrollo y evolución hacia una adultez íntegra. Los chicos se expresan con conductas opuestas a la legalidad que la sociedad impone y, como una amenaza que es necesario reprimir, segregar y extirpar a cualquier precio, hablamos solo de la edad de imputabilidad. ¿Será posible reinvindicar una respuesta más humana y eficaz? La deserción escolar, la pobreza estructural, el desarmado familiar y el lamentable ejemplo piramidal de la corrupción que nos rodea, engendra niños que al enfrentarse con la indiferencia, la ignorancia, los prejuicios y la incapacidad adulta, se transforman en adolescentes sombríos, vacíos, desesperanzados y amorales, que responden así a las pérdidas y los daños infligidos a su persona. Cuando se etiqueta a un chico como peligroso para sí mismo y para la sociedad y la única respuesta es el abordaje correccional y represivo, está históricamente demostrado que surgen dos tipos de adolescentes: los rebeldes y los sumisos. Los rebeldes adoptan un patrón de conducta violentamente reactivo y se tornan inviables como personas y como ciudadanos. Por su parte, los sumisos se despersonalizan, se tornan frágiles, vulnerables, inseguros, manipulables y totalmente incapaces de asumir su propio destino. Hemos podido comprobar que las prácticas meramente asistencialistas, no hacen más que poner el eje en las privaciones y carencias de estos jóvenes, asumiéndolos como lo que no son, lo que no tienen, lo que no pueden. Suplir estas carencias mecánicamente, con programas institucionales y subsidios crónicos, visibiliza sus privaciones y carencias y los transforma en dependientes, eternos recurrentes al aparato del Estado o a la caridad de las ONGs.
Los jóvenes argentinos “NI NI” germinan en este caldo de cultivo paternalista, izquierdozo y de una muy mala interpretación de lo que realmente son los derechos humanos de los chicos, permanentemente violados desde antes de nacer.
El ser humano se sociabiliza en la familia y luego en la escuela. “Socializar” es procurar una perfecta identidad entre los hábitos de una persona y las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad, adhiriendo a su dinámica y a los valores que la rigen; resocializar a los adolescentes que delinquen a fin que se adapten al orden, a la ley vigente y a la sanción prevista, requiere algo más que buena voluntad y un pretendido proceso penal minimalista al gusto del doctor Zaffaroni.
Los adolescentes infractores se inclinan hacia aquellas relaciones que no les pidan cuentas sobre lo que son, no muestren resentimiento por lo que parecen ser ni intenten imponerle lo que deberían ser.
Para ellos, todas las violencias y abusos sufridos en su infancia continúan en todos aquellos que, bien intencionados o no, se empeñan en que acepten sin chistar las reglas de convivencia imperantes en un mundo que ellos aún no pueden reconocer como suyo.
Se sobreentiende que la política criminal infanto juvenil debe mirar bastante más allá de la edad cronológica para dar una respuesta efectiva, una sanción restaurativa y una reivindicación para la víctima.
Si esperamos que el joven en dificultades se reintegre al cuerpo social como elemento productivo, ordenado y libre, la respuesta estatal debe recorrer los andariveles de la educación y la pedagogía con instituciones adecuadas, infraestructura y personas capacitadas, ergo, con un presupuesto adecuado y un programa definido. Algo más: es difícil para un adolescente soportar la torpeza de hacerlo sentir que su vida no representa nada, con excepción de ser un riesgo para nosotros.
Así nadie se supera.
El Código Penal tiene 900 modificaciones, no parece factible que una más erradique la tragedia de los menores que delinquen.
(#) Prof. Académica del
Consejo de la Magistratura
